La vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, ha decidido mantener cerrado el recinto de la Cámara alta al menos hasta la semana próxima. Su objetivo es evitar que una alianza entre el kirchnerismo y algunos senadores de la UCR logre rechazar el decreto 846/24, el cual habilita al Gobierno a canjear bonos de la deuda pública sin la autorización previa del Congreso. Esta medida extiende la parálisis legislativa del Senado a dos meses, la última sesión se llevó a cabo el 26 de septiembre.
Estrategia para evitar el rechazo del DNU
Tras el intento fallido de la oposición de derogar el decreto en la Cámara de Diputados la semana pasada, Villarruel y sus colaboradores se mantienen en alerta ante una posible maniobra similar en el Senado. La bancada de Unión por la Patria, liderada por José Mayans (Formosa), podría intentar abrir el recinto de manera sorpresiva, sin el acuerdo de labor parlamentaria habitual. Este acuerdo define el temario, el día y la hora de cada sesión.
“Estamos con la guardia alta, no nos podemos confiar”, afirmó un colaborador del área legislativa del Senado.
La preocupación de Villarruel radica en la posibilidad de que la oposición reúna los votos necesarios para rechazar el decreto. Se estima que a los 33 senadores de Unión por la Patria, se sumarían al menos cuatro miembros de la UCR que se oponen a que el Gobierno maneje la deuda pública sin el debido control del Congreso y sin respetar la ley de Administración Financiera.
Planes de la oposición y el oficialismo
La estrategia original del kirchnerismo era forzar una sesión la semana pasada para aprovechar el éxito del rechazo del DNU en Diputados. Sin embargo, el Gobierno logró desactivar esta maniobra al negociar con gobernadores. Este cambio de escenario hizo que los senadores de la UCR se retractaran, afirmando que no se sumarían a ninguna jugada sorpresiva impulsada por el kirchnerismo, pero dejando claro que apoyarían el rechazo del DNU en una sesión ordinaria.
Según la información disponible, la próxima sesión del Senado está prevista para el jueves 28 de noviembre, justo antes del cierre del periodo de sesiones ordinarias. Para el día anterior, el 27 de noviembre, se espera el primer informe de gestión del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque esta reunión no está convocada oficialmente.
Debate sobre el procedimiento legislativo
Las estrategias de la oposición, basada en la idea de la soberanía del recinto, que permitiría la realización de una sesión sin convocatoria oficial ni acuerdo previo, plantea un desafío al reglamento interno del Senado. Mientras que algunos aliados de Villarruel cuestionan el fundamento legal de la jugada kirchnerista, otros sostienen la necesidad de una convocatoria formal para mantener reglas claras del juego, evitando la aprobación de iniciativas sin debate previo. La discusión se centra en el equilibrio entre la flexibilidad legislativa y la necesidad de transparencia en los procedimientos parlamentarios.
Temor de Villarruel y posibles consecuencias
El temor de Villarruel es fundado. Si el DNU 846/24 fuese rechazado, el Gobierno enfrentaría una seria complicación en la gestión de la deuda pública, pudiendo generar incertidumbre en los mercados financieros. De cara al futuro, el Senado continuará funcionando en sesiones extraordinarias desde diciembre hasta febrero del año siguiente, periodo donde el temario es impuesto por el Poder Ejecutivo. Dentro de esta eventual última sesión se considerarían, entre otras cosas, la Ley Antimafia impulsada por la Ministra de Seguridad, la prórroga del plan de entrega voluntaria de armas y varios ascensos militares propuestos por el Ejecutivo.
La decisión de mantener cerrado el recinto del Senado evidencia la alta tensión política y la necesidad de Villarruel y el oficialismo de mantener el control sobre la situación, evitando un potencial revés político que podría tener un alto impacto tanto en la imagen del Gobierno como en la economía nacional. La estrategia de Villarruel demuestra una clara apuesta al cálculo político, priorizando la administración de la deuda pública por sobre la apertura del debate parlamentario.
Análisis de las implicaciones políticas
Esta situación resalta la fragilidad de la gobernabilidad en la Argentina y muestra una clara tensión entre el oficialismo y la oposición. La estrategia de Villarruel, aunque efectiva en cuanto a evitar un rechazo inmediato del DNU, genera críticas sobre la transparencia y la apertura del proceso legislativo. El cierre del recinto alimenta las sospechas sobre la gestión de la deuda pública y el manejo de las decisiones en la cámara alta.
La situación deja en evidencia que hay mucha incertidumbre sobre cómo se gestionará la deuda pública y esto puede afectar seriamente a la economía argentina. Además, el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición complica aún más las posibilidades de lograr consensos para otras leyes importantes que se deben tratar.
