El trabajo doméstico, una labor esencial en millones de hogares argentinos, se encuentra en el centro de un debate crucial tras los recientes aumentos en los aportes y contribuciones patronales. La ARCA (ex AFIP) dispuso incrementos de hasta un 64,5% para quienes emplean personal doméstico por 16 horas semanales o más. Esta medida, si bien busca formalizar el sector y garantizar los derechos de las trabajadoras, genera interrogantes sobre su impacto en la economía de los hogares y en las condiciones laborales de quienes se dedican a esta actividad.
Un nuevo esquema de aportes y contribuciones
La Resolución General 5645/2025 de la ARCA establece una nueva tabla de aportes y contribuciones que varía según la cantidad de horas trabajadas por semana. Para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, el aumento es del 22,86%, llegando a $6.816,05 mensuales. Entre 12 y menos de 16 horas, el incremento es del 26,88%, con un total de $10.735,77. El mayor impacto se registra en la categoría de más de 16 horas semanales, con una suba del 64,52% que eleva el aporte a $28.688,55.
Estos montos incluyen aportes jubilatorios, obra social y ART. La ARCA también estableció dos actualizaciones anuales, que se ajustarán según la tabla del monotributo. Esta medida busca, según el organismo, reflejar la realidad económica del país y asegurar que las trabajadoras domésticas cuenten con la cobertura social adecuada.
El impacto en los bolsillos de los empleadores
El incremento en los aportes genera preocupación entre los empleadores, muchos de los cuales son familias de clase media con ingresos limitados. El aumento representa un costo adicional considerable que podría afectar la capacidad de muchas familias para mantener el empleo doméstico registrado. Algunos economistas advierten sobre la posibilidad de un desplazamiento hacia la informalidad, dejando a las trabajadoras sin la protección social que les corresponde.
Según estimaciones preliminares, el costo de emplear a una persona en tareas generales con retiro por 24 horas semanales, incluyendo salario y aportes, superaría los $400.000 mensuales. Esta cifra podría ser aún mayor en zonas desfavorables, donde se aplica un adicional del 30% al salario mínimo. El debate se centra en cómo equilibrar la necesidad de formalizar el sector con la realidad económica de los hogares argentinos.
La voz de las trabajadoras
Ana Altamirano, secretaria general del Sindicato del Personal de Casas de Familia (SinPeCaF), expresa la preocupación del sector: “Es complejo para nuestro sector llevar una vida de calidad con salarios que son menos que la indigencia”. Altamirano denuncia la falta de información y la dificultad para negociar salarios justos que reflejen la experiencia y las responsabilidades de las trabajadoras. Muchas, ante la imposibilidad de acceder a un salario digno, optan por la informalidad, renunciando a sus derechos laborales y a la protección social.
“Muchas somos jefas de familia y tenemos que poner el plato de comida en nuestra mesa”, declara Altamirano.
La situación se agrava con la decisión del Gobierno de no prorrogar la moratoria previsional, dejando a miles de trabajadoras domésticas sin la posibilidad de jubilarse. Esta medida, considerada un “acto de violencia” por Altamirano, visibiliza la vulnerabilidad de un sector históricamente precarizado.
Los desafíos de la formalización
El aumento de los aportes y contribuciones pone de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones que permitan la formalización del trabajo doméstico sin afectar la economía de los hogares ni los derechos de las trabajadoras. Se debate la implementación de incentivos fiscales para los empleadores, programas de capacitación para las trabajadoras y la creación de un sistema de registro simplificado que facilite el acceso a la seguridad social.
El objetivo es lograr un equilibrio que garantice la dignidad laboral de las empleadas domésticas, reconociendo su labor esencial en la sociedad, al mismo tiempo que se promueve la sostenibilidad del empleo en el sector.
