La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ha destapado una olla podrida en la contratación de servicios de limpieza durante el gobierno anterior. Un informe reciente revela irregularidades por más de $88 mil millones, una cifra que indigna y exige una explicación. Casi 90 mil millones de pesos… ¿Se imaginan la cantidad de escuelas, hospitales y obras públicas que se podrían haber construido con ese dinero? En lugar de eso, se esfumó en contratos turbios y dudosos, mientras los argentinos sufrían las consecuencias de una crisis económica sin precedentes.
Un festín de contratos con olor a podrido
El informe de la SIGEN, que analizó 2.985 contratos firmados en 2023 para la limpieza de 15.101 edificios públicos, describe un escenario de descontrol y falta de transparencia. El 72% de los contratos revisados presentaban irregularidades, desde falta de documentación hasta adjudicaciones directas sin justificación. ¿Adivinen qué? El 61% del total del gasto se concentró en apenas 10 empresas. Una casualidad, seguramente. O no tanto…
Aerolíneas Argentinas, ese pozo sin fondo de nuestros impuestos, lidera el ranking del despilfarro, con contratos que suman más de $8.600 millones. Le siguen el Banco Nación, la AFIP, AYSA y la ANSES, entre otros organismos. Entidades que deberían velar por el bienestar de los ciudadanos se convirtieron en cuevas de negociados, donde la limpieza, al parecer, era lo que menos importaba.
Números que dan escalofríos
Algunos datos del informe son sencillamente escandalosos. La ANSES, por ejemplo, llegó a pagar la friolera de $129.682 por hora de servicio de limpieza. Sí, leyeron bien: ¡casi $130 mil pesos por hora! Mientras tanto, los jubilados hacen malabares para llegar a fin de mes con sus magros ingresos. ¿Alguien me puede explicar cómo se justifica semejante despropósito?.
Pero las irregularidades no terminan ahí. Se detectaron contratos con cantidades irrazonables de horas de trabajo por persona, registros incompletos y criterios dispares para el ajuste de precios. Un verdadero festival de desprolijidades, que solo puede explicarse por la negligencia o la complicidad de los funcionarios responsables.
¿Control? ¿Qué control?
La falta de control sobre la prestación del servicio es otro de los puntos alarmantes del informe. No se verificaba el presentismo del personal, el cumplimiento horario ni las obligaciones laborales, como los aportes jubilatorios y los seguros de riesgos del trabajo. Un verdadero paraíso para los vivos de siempre, que se enriquecían a costa del Estado y de los trabajadores.
El Síndico General de la Nación, Miguel Ángel Blanco, alertó sobre la “urgencia” de mejorar los procedimientos y establecer mecanismos de control más estrictos. Una obviedad, que lamentablemente llega tarde. El daño ya está hecho, y los responsables deben rendir cuentas ante la Justicia.
La corrupción mata
Este caso no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg de un sistema corrupto que ha saqueado al país durante décadas. La corrupción no es un delito sin víctimas. La corrupción mata. Mata esperanzas, mata oportunidades, mata futuro. Y mientras algunos se llenaban los bolsillos con contratos fraudulentos, otros veían cómo se deterioraban los servicios públicos, la educación, la salud y la seguridad.
Es hora de decir basta. Basta de impunidad, basta de despilfarro, basta de corrupción. Los argentinos merecemos un Estado transparente y eficiente, que gestione los recursos públicos con responsabilidad y honestidad. Este escándalo de los contratos de limpieza debe ser investigado a fondo, y los culpables deben ser castigados con todo el rigor de la ley. Solo así podremos empezar a reconstruir la confianza en las instituciones y construir un país mejor para todos.
