La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una decisión que ha generado una fuerte controversia en el ámbito judicial, determinó a fines del año pasado que las causas nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires podrán ser apeladas ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. Este fallo, conocido como “Levinas”, ha desatado una ola de reacciones negativas entre los jueces nacionales, quienes lo consideran inconstitucional y planean una “rebelión judicial” para resistir su aplicación.
Casal solicita la suspensión del fallo
En medio de la creciente tensión, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, ha solicitado al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, la suspensión del fallo “Levinas”. Casal argumenta que esta decisión genera una serie de “inconvenientes” que dificultan el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público Fiscal. Uno de los principales obstáculos es la imposibilidad de la Procuración General de la Nación de presentar apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, ya que su competencia se limita a los tribunales nacionales.
Asimismo, Casal señala que la intervención de la Fiscalía General de la ciudad de Buenos Aires en causas nacionales generaría una “suerte de hipotética actuación mixta” que obstaculizaría el diseño de una política criminal coherente. La falta de un “criterio hermenéutico” en el fallo de la Corte Suprema para solucionar estos problemas, según Casal, “implica un severo menoscabo para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales de este Ministerio Público Fiscal”.
Rebelión en los tribunales nacionales
La solicitud de Casal se suma a la creciente disconformidad entre los jueces nacionales, quienes preparan una respuesta coordinada para resistir la aplicación del fallo “Levinas”. Jueces de las cámaras nacionales en lo civil, laboral, comercial y penal planean reunirse la semana próxima para definir acciones que podrían incluir la emisión de acordadas o fallos plenarios para frenar la decisión de la Corte Suprema. Consideran que el fallo es ilegal porque modifica el sistema judicial a partir de una causa particular, sin pasar por el Congreso.
Los jueces nacionales argumentan que la decisión de la Corte Suprema no solo es ilegal, sino que también generará graves problemas prácticos. Señalan que los procesos judiciales se alargarán debido a la instancia intermedia que se agrega con la justicia porteña, lo que podría llevar a la prescripción de delitos en casos penales. Además, advierten sobre la confusión que se generará entre los abogados, quienes deberán lidiar con la incertidumbre sobre qué código procesal aplicar: el nacional o el local porteño.
La preocupación se extiende también a la posible dilación en los procesos judiciales y las dificultades para que las condenas queden firmes, lo que podría afectar la efectividad del sistema de justicia. Los jueces argumentan que el fallo de la Corte es “un camino para un equilibrista” ya que no existen normas procesales que lo avalen.
Un ejemplo de la resistencia a la aplicación del fallo “Levinas” se dio en la Cámara Laboral. En un caso reciente, la Sala de Feria del tribunal rechazó la intervención de la justicia porteña en una causa relacionada con el despido de empleados de la ARCA (Administración de Recursos de la Capital Federal), argumentando que se trata de un organismo federal cuyas decisiones no pueden ser revisadas por la justicia local.
Este argumento se replica en otros fueros, ya que muchos jueces nacionales resuelven asuntos que involucran a agencias u organismos federales. La falta de una mayoría clara en la Corte Suprema tras la salida del juez Juan Carlos Maqueda complica aún más el escenario. Con Rosatti y Lorenzetti a favor del fallo “Levinas” y Rosenkrantz en disidencia, cualquier nueva decisión sobre este tema requeriría la participación de un juez de cámara federal sorteado o la espera de la integración de la Corte con nuevos miembros.
Consecuencias políticas y judiciales
El fallo “Levinas” y la reacción de los jueces nacionales abren un nuevo capítulo en la compleja relación entre el Poder Judicial y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión de la Corte Suprema, tomada en los últimos días hábiles de 2023, ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de avanzar en el traspaso de la justicia nacional a la ciudad sin la aprobación del Congreso. Esta situación genera incertidumbre sobre el futuro de la justicia en la ciudad y plantea interrogantes sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes.
La “rebelión judicial” que se avecina promete un comienzo de año turbulento en el ámbito judicial argentino. La resistencia de los jueces nacionales a aplicar el fallo “Levinas” podría derivar en un conflicto institucional de magnitud, con consecuencias imprevisibles para el funcionamiento del sistema de justicia y el equilibrio de poderes en el país.
Más allá de las cuestiones procesales, el fallo “Levinas” tiene implicaciones políticas significativas. La justicia porteña, en su mayoría designada por la gestión de PRO, podría tener mayor injerencia en causas que involucran al gobierno nacional. Un ejemplo de ello es el caso del Correo Argentino, donde el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad deberá decidir si corresponde apartar a la jueza que dictó la quiebra de la empresa de la familia Macri.
