El presupuesto nacional para el año 2025 se perfila como un campo de batalla crucial en la arena política argentina. Su aprobación no solo definirá las prioridades económicas del próximo año, sino que también tendrá un impacto directo en el escenario electoral de 2024 y, a más largo plazo, en las elecciones de 2027. Las tensiones entre el gobierno nacional y las provincias, exacerbadas por la irrupción de La Libertad Avanza como una fuerza política disruptiva, plantean un escenario complejo para el debate presupuestario.
El nuevo escenario político y sus implicancias
El triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales ha generado un profundo reacomodamiento del mapa político argentino. Los tres partidos tradicionales –el justicialismo (Unión por la Patria), el radicalismo (UCR) y PRO– enfrentan una profunda crisis interna, reflejada en las fracturas internas en el Congreso. La emergencia de nuevos bloques y la acción individual de numerosos legisladores, algunos de los cuales buscan posicionarse para la formación de un “panperonismo” o un “panradicalismo”, añaden complejidad al proceso. Las provincias, con gobiernos de distintas fuerzas políticas, ejercen una influencia en los legisladores que les responden, aunque no siempre decisiva, dada la autonomía de muchos representantes.
En este contexto, la negociación del presupuesto 2025 exige una lectura cuidadosa de la Constitución Nacional. El artículo 75, inciso 8, define las condiciones esenciales de dicho presupuesto: anualidad, pautas de coparticipación federal, orientación al logro de un desarrollo equilibrado y equitativo, y la existencia de un programa general de gobierno con plan de inversiones públicas. El cruce de los incisos 8 y 2 del artículo 75 tiene implicancias relevantes.
Puntos de fricción: financiamiento de cajas previsionales y reactivación de la obra pública
Uno de los principales puntos de conflicto reside en el financiamiento de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación. La no transferencia está permitida por el artículo 125 de la Constitución Nacional, y el Estado Nacional debe asegurar los recursos para igualarlas con las cajas nacionales. Sin embargo, el incumplimiento de pactos federales y leyes nacionales ha generado un significativo déficit en estas cajas. El DNU 280/2024 excluyó de la prórroga presupuestaria del ejercicio 2023 las transferencias para subsanar este déficit, dejando a las provincias con la carga de solventar las jubilaciones y pensiones.
Esta situación ha originado numerosos juicios ante la Corte Suprema de Justicia. Similar problemática se observa en la interrupción del financiamiento de obras públicas convenidas entre Nación y provincias. El gobierno ha intentado abordar el problema mediante el Decreto 969/2024, que propone un régimen de extinción de obligaciones recíprocas. No obstante, este decreto establece plazos ajustados para la adhesión de las provincias, creando un mecanismo que podría utilizarse para presionar en la aprobación del presupuesto.
La implementación del Decreto 969 implicaría tiempos extensos debido a la necesidad de informes técnicos, auditorías y actuaciones jurídicas, superando los plazos para la aprobación del presupuesto 2025. Además, la posibilidad de que las provincias resulten acreedoras del Estado Nacional podría derivar en transacciones que involucren transferencias de bienes o empresas, dilatando aún más el proceso. Este decreto también busca evitar decisiones judiciales de la Corte Suprema antes de fin de año, lo que fortalece la hipótesis de que se buscará la designación “en comisión” de jueces para cubrir vacantes fuera del período de sesiones ordinarias del Congreso.
El desafío de un modelo de desarrollo consensuado
Un tercer punto crítico reside en la definición del modelo de desarrollo del país que deberá plasmarse en el “programa general de gobierno” contemplado en el artículo 75 de la Constitución Nacional. El desafío consiste en consensuar este modelo entre la Nación y las provincias, considerando los objetivos de progreso establecidos en los incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional reformada en 1994. Esta discusión se vuelve más crucial en un momento de fragmentación política.
La formación de pactos regionales, como la alianza entre provincias del NEA con Entre Ríos y Santa Fe, evidencia la necesidad de las provincias de articular sus intereses comunes en la negociación presupuestaria. La falta de consenso podría retardar las inversiones necesarias para un desarrollo nacional equilibrado, beneficiando a algunos sectores y perjudicando a otros. El presupuesto 2025 se configurará como una prueba de fuego que definirá no solo las prioridades económicas del país, sino también la capacidad del gobierno de articular políticas federales en un contexto político tan complejo.
Un presupuesto que se juega más allá de los números
El presupuesto 2025 no se limita a una cuestión de números, sino que representa una batalla política de amplio alcance. Su negociación pondrá a prueba la capacidad de diálogo y negociación entre el gobierno nacional y las provincias, en un contexto profundamente fragmentado por la llegada del nuevo orden político. La definición del modelo de desarrollo, el financiamiento de las cajas previsionales y la reactivación de la obra pública serán desafíos centrales que marcarán el rumbo del país en los próximos años.
