El sistema de medicina prepaga en Argentina enfrenta una nueva polémica. El caso de Alejandro Marcori y Cristina Sikora, una pareja de 64 años afiliados a Bristol Medicine, expone la precariedad en la que se encuentran miles de usuarios que quedaron fuera del acuerdo alcanzado entre las prepagas y el Gobierno en mayo pasado. Este acuerdo, que fijó pautas para el aumento de las cuotas y establecía mecanismos de devolución a los usuarios, no incluyó a todas las empresas, dejando a un grupo significativo de afiliados sin protección contra los incrementos descontrolados.
Un aumento del 550% en un año
La familia Marcori-Sikora vio su cuota mensual de Bristol Medicine incrementarse de $322.850 en noviembre de 2022 a $2.087.777 en noviembre de 2023, un aumento escandaloso del 550%. Esta situación no es un caso aislado, ya que otras prepagas como Medin, Cobensil y Medical’s han recibido similares denuncias por aumentos desproporcionados. Pero este caso en particular es significativo por la magnitud del incremento y la vulnerabilidad de los afectados.
Marcori, quien padece cáncer de próstata y previamente superó un cáncer de riñón, relata su impotencia ante la falta de respuestas de la prepaga a sus reclamos. A pesar de las cartas, llamadas y una carta documento, la empresa no ha brindado explicaciones ni ha modificado su política de aumentos. La familia, ya desesperada por la situación financiera insostenible, ha decidido iniciar acciones legales, presentando una demanda en Defensa del Consumidor y un amparo judicial.
Las consecuencias de quedar fuera del acuerdo
El acuerdo de mayo pasado estableció tres puntos fundamentales: no retrotraer las cuotas al 1° de diciembre de 2023, no realizar ajustes mensuales por inflación y asumir una devolución en 12 cuotas a los usuarios. Sin embargo, las prepagas que no firmaron este acuerdo no están obligadas a cumplir estas condiciones, dejando a los afiliados en una situación de total indefensión.
Este escenario afecta especialmente a los adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, quienes suelen tener mayores necesidades de atención médica y tienen dificultades para cambiar de prepaga. La falta de alternativas viables hace que estos usuarios se conviertan en rehenes de la situación, obligados a pagar sumas exorbitantes o a renunciar a su cobertura médica. La paradoja es que, al mismo tiempo que Bristol Medicine somete a sus clientes de larga data a un aumento del 550%, se publicita agresivamente con descuentos del 45% para nuevos afiliados.
Esta situación es inaceptable. La disparidad de tarifas entre las prepagas que suscribieron el acuerdo y las que no lo hicieron es alarmante, mostrando una profunda falla en el sistema regulatorio. Los mecanismos de control deberían ser más estrictos y las medidas correctivas más contundentes.
La respuesta del Gobierno y el camino hacia una solución
El Gobierno ha asegurado a medios de comunicación que está investigando casos similares al de la familia Marcori, buscando acciones para corregir las desigualdades y proteger los derechos de los consumidores. La investigación abarca los aumentos desproporcionados en los últimos meses en diferentes prepagas. Aunque se desconoce el plazo para la implementación de estas medidas, la necesidad de actuar es urgente.
Mientras tanto, Marcori y Sikora, junto a otros afiliados afectados, se preparan para el largo camino legal que tendrán que afrontar, reclamando lo que les corresponde: un sistema de salud justo, transparente y accesible para todos. Su situación sirve como un fuerte llamado de atención sobre la urgencia de implementar regulaciones más robustas y mecanismos de control que eviten este tipo de abusos.
Este caso debe servir como un precedente para exigir una mayor transparencia y un mayor control en el sector de la medicina prepaga. Se hace necesaria una regulación más efectiva para evitar que casos similares se repitan en el futuro. La salud no debería ser un lujo inaccesible para una gran parte de la población.
La pesadilla que viven familias como la de Marcori y Sikora expone la fragilidad del sistema de salud argentino y la falta de protección para los usuarios de las prepagas. Es fundamental un cambio urgente en las políticas que regulan el sector, garantizando un acceso equitativo y justo a la salud para todos los argentinos.
