El Gobierno de Javier Milei se prepara para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, en un escenario político marcado por la ausencia del Presupuesto 2025, la inminente reforma electoral y las fuertes tensiones internas en Juntos por el Cambio. Esta decisión, que deja al país sin una ley de leyes por segundo año consecutivo, ha generado un fuerte debate en el espectro político, reflejando la complejidad del escenario actual y las disputas de poder que lo atraviesan. La estrategia del Ejecutivo, que prioriza la aprobación de la reforma política y la designación de jueces para la Corte Suprema, revela un plan con múltiples aristas.
La reforma electoral como prioridad: un desafío con incertidumbre
La reforma electoral propuesta por el Gobierno, que busca eliminar las PASO, modificar los topes en los aportes de campaña y reformular el sistema de partidos, se erige como uno de los ejes centrales de las sesiones extraordinarias. Esta iniciativa, sin embargo, no cuenta con la certeza de la aprobación, generando un clima de incertidumbre en el oficialismo. Mientras el kirchnerismo ha debatido internamente la suspensión de las PASO para 2025, la eliminación definitiva del sistema de primarias presenta mayores obstáculos. El rechazo por parte de Unión por la Patria podría significar un duro golpe para el Ejecutivo, poniendo en duda la capacidad de Milei para construir consenso parlamentario.
La eliminación de las PASO es un objetivo central del proyecto del Gobierno. Esta medida, impulsada con el objetivo declarado de reducir costos y mejorar la eficiencia electoral, genera divisiones internas dentro de las diferentes fuerzas políticas. Por un lado, se destaca la postura de aquellos que buscan agilizar los procesos electorales y reducir la carga burocrática y financiera que implican las PASO. Por el otro lado, hay quienes defienden el rol de las primarias como mecanismos cruciales para la interna partidaria, permitiendo la participación de un amplio espectro de votantes y facilitando la selección de los candidatos por parte de la ciudadanía. Esta tensión entre eficiencia y representatividad es el punto fundamental de debate.
La privatización de Aerolíneas Argentinas: un frente abierto
El proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas, con dictamen de comisión a fines de octubre, presenta una segunda batalla crucial para el Gobierno. Si bien cuenta con mayor apoyo en las filas del oficialismo, la oposición anticipó una dura resistencia. Esta iniciativa plantea un desafío económico y político de envergadura, generando tensiones entre quienes defienden la apertura de la empresa estatal al mercado y quienes rechazan su privatización, advirtiendo sobre los riesgos laborales y la afectación de la soberanía nacional.
Los potenciales impactos laborales de la privatización de Aerolíneas Argentinas, en términos de despidos y cambios contractuales, generan incertidumbre entre los empleados de la empresa y preocupan a la oposición. Este proyecto necesita el aval de las comisiones correspondientes en cada Cámara y luego debe ser debatido y votado, lo que asegura varios escenarios de debate con un margen muy incierto en su aprobación. Además, la privatización levanta debates sobre el futuro de las compañías aéreas de bandera a nivel global, sus ventajas y desventajas, y cuál es el modelo óptimo para el país.
El nombramiento de jueces para la Corte: un juego de poder con alto riesgo
La designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema es una de las decisiones más polémicas del Gobierno, generando un conflicto abierto con la oposición y poniendo en riesgo la estabilidad institucional. El plan del Ejecutivo para lograr los dos tercios de los votos para la designación de los candidatos se encuentra frenado ante la oposición kirchnerista y sus dudas se agravan por la posible vía alternativa de un nombramiento por decreto, un escenario con altísimas chances de terminar judicializado. La situación genera un gran debate sobre el equilibrio de los poderes del Estado y la independencia judicial.
La falta de acuerdo sobre los pliegos judiciales presenta desafíos institucionales y políticos de envergadura. La designación de los jueces para la Corte Suprema requiere un consenso amplio dentro del Congreso para evitar judicializaciones. Las negociaciones son complejas, poniendo en evidencia los juegos de poder y las tensiones entre las diferentes fuerzas políticas. Los candidatos, y sus posibles inclinaciones ideológicas, son uno de los ejes centrales del debate.
El plan alternativo del Gobierno, consistente en nombrar a los jueces por decreto, encierra un altísimo nivel de riesgo, ya que generaría un conflicto institucional considerable con una gran posibilidad de finalizar judicializado. Este accionar acentúa la tensión y la fragmentación política, abriendo interrogantes sobre la posibilidad de alcanzar soluciones consensuadas y la independencia del poder judicial frente a los otros poderes del Estado.
La implosión de Juntos por el Cambio: un nuevo mapa político
En el contexto de las sesiones extraordinarias, la implosión de Juntos por el Cambio profundiza aún más la fragmentación política en Argentina. La decisión de los gobernadores de Juntos por el Cambio de actuar por separado, dejando de lado su unidad para generar acuerdos bilaterales con el Gobierno, es un reflejo de las diferencias estratégicas y la atomización que experimenta la oposición. La búsqueda de acuerdos a nivel provincial, dejando de lado una estrategia nacional unificada, plantea nuevos escenarios electorales para 2025.
La estrategia de negociación de Santiago Caputo, asesor de Javier Milei, se basa en acuerdos bilaterales con los gobernadores, ofreciendo mayor discrecionalidad en el manejo de recursos. Este enfoque, sin embargo, es visto con recelo por parte de algunos gobernadores, que dudan de la eficacia y la transparencia de esta modalidad de reparto de fondos y obras. Las negociaciones bilaterales generan mayor incertidumbre y dificultan la predicción de resultados.
Las tensiones internas dentro de Juntos por el Cambio dificultan la elaboración de una estrategia política coherente y unificada para enfrentar la gestión de Milei. La atomización del espacio, con sus disputas internas entre el PRO y la UCR, abre la puerta a acuerdos por fuera del espacio tradicional opositor y genera incertidumbre ante las próximas elecciones. Las señales cruzadas desde los diferentes sectores del espacio diluyen su posibilidad de una reacción unificada ante las políticas del Gobierno.
El Presupuesto ausente: consecuencias y desafíos
La decisión del Gobierno de no incluir el Presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias genera preocupación por la falta de planificación económica y el impacto sobre las provincias. La prórroga del Presupuesto 2023, por segundo año consecutivo, deja al país sin una proyección económica clara y con mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. Este contexto de incertidumbre económica refuerza las tensiones internas y aumenta la complejidad del escenario político.
La ausencia del Presupuesto afecta directamente la posibilidad de los gobiernos provinciales de planificar sus gastos e inversiones para 2025. Esto genera tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias, que reclaman una mayor claridad en la asignación de recursos y el temor de una asignación política que priorice provincias cercanas al oficialismo. La falta de previsibilidad genera mayor inseguridad en las diferentes áreas, afectando la confianza de los inversionistas.
El contexto actual, en el que la economía argentina enfrenta desafíos importantes, exige una mayor previsibilidad y claridad en el manejo de los recursos públicos. La decisión de Milei deja al país sin una herramienta fundamental para planificar y llevar a cabo las políticas públicas necesarias para enfrentar los problemas económicos. La reacción de la oposición y el sector privado ante esta medida podría generar un impacto significativo sobre la confianza en el Gobierno y dificultar la toma de decisiones económicas a largo plazo.
