En las últimas semanas, la ciudad de Córdoba ha experimentado un aumento preocupante en la inseguridad, protagonizada en gran medida por menores de edad inimputables. El caso de dos adolescentes de 15 años detenidos por robo de un vehículo a un chofer de aplicación es solo la punta del iceberg de un problema que preocupa a los cordobeses y genera un intenso debate sobre el funcionamiento del sistema judicial juvenil y la efectividad de las medidas de prevención del delito.
El caso del robo del vehículo
Dos jóvenes de 15 años fueron aprehendidos luego de una persecución policial tras robar el auto de un conductor de una aplicación de transporte. La violencia del episodio, a pesar de no causar heridos, encendió las alarmas. Los adolescentes, según fuentes policiales, ya tenían antecedentes de robos, pero su inimputabilidad les impide ser procesados como adultos.
La respuesta judicial: medidas restrictivas insuficientes?
La jueza a cargo del caso, Ileana Benedito, ha tomado la medida de prohibir a los menores el ingreso a barrio Marqués Anexo, además de ordenarse el contacto entre ambos y con la víctima. Sin embargo, esta medida, aunque aparentemente lógica, se enfrenta a una dura crítica por parte de los vecinos y la policía, quienes cuestionan su efectividad. La pregunta que surge en el aire es: ¿Cómo se controlará a estos adolescentes para que no infrinjan las medidas restrictivas?
Fuentes policiales, incluso, expresan su preocupación al confirmar la ineficacia de las medidas existentes. Relatan que, en muchas ocasiones, los jóvenes son aprehendidos, devueltos a sus hogares, y luego retoman sus actividades delictivas. La familia, en algunos casos, parece ser incapaz de controlarlos, generando un círculo vicioso que mantiene la crisis de inseguridad latente.
Un problema sistémico que exige respuestas integrales
El caso de estos dos adolescentes no es aislado. En diversos puntos de la ciudad, se reportan casos similares. Otros menores están implicados en actos violentos y robos, liderando en algunos casos bandas delictivas. Esto deja en evidencia un problema mucho más complejo que trasciende el ámbito judicial y se manifiesta en la falta de recursos y estrategias integrales que aborden las causas raíces de este comportamiento delictivo juvenil.
Las perspectivas enfrentadas: seguridad vs. derechos de los menores
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, defiende la actuación policial, afirmando que se detendrá a los adolescentes cuantas veces sea necesario. Se inclina hacia una postura que prioriza la seguridad de la sociedad. Sin embargo, esta perspectiva se enfrenta a cuestionamientos respecto a la eficiencia de las detenciones reiteradas y la necesidad de ofrecer alternativas efectivas.
Por otro lado, el silencio de la Senaf, encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes, genera inquietud. Se hace necesaria la profundización en el abordaje integral de estos casos, buscando alternativas de prevención y rehabilitación. La falta de programas adecuados, así como la escasez de recursos en el sistema, podrían ser factores que agravan la situación.
El reclamo vecinal: ¿qué se espera del sistema?
La población de Córdoba clama por soluciones que garanticen su seguridad. Las frases “los atrapan y a las dos horas están otra vez robando” expresan la angustia y el cansancio de una comunidad que no ve resultados a pesar de las medidas tomadas. La falta de control y la sensación de impunidad profundizan el sentimiento de vulnerabilidad y alimentan la incertidumbre.
La necesidad de una perspectiva integral
El problema de la inseguridad en Córdoba, generado en gran parte por menores inimputables, reclama respuestas que trasciendan el ámbito policial y judicial. Se necesitan programas de prevención social que aborden las causas de la delincuencia juvenil: pobreza, falta de oportunidades, violencia intrafamiliar, entre otros. La articulación entre instituciones, la implementación de políticas sociales efectivas y el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad son pilares cruciales para abordar este desafío.
Mientras tanto, la sensación de inseguridad y el miedo continúan creciendo en Córdoba. La comunidad exige una acción coordinada y eficaz, basada en la prevención, la reinserción social y el cumplimiento del derecho, en la que se priorice la seguridad ciudadana sin dejar de lado los derechos fundamentales de los menores.
