El discurso de Javier Milei durante su campaña presidencial prometía una transformación radical del Estado, con una fuerte reducción del gasto público y la privatización de empresas estatales. Sin embargo, a nueve meses de su gestión, la realidad muestra una imagen más compleja. Si bien se han implementado recortes y ajustes, las empresas públicas argentinas siguen requiriendo una importante inyección de fondos públicos, alcanzando los $2,77 billones en subsidios durante los primeros tres trimestres del año.
La promesa de la motosierra vs. la realidad de los subsidios
La cifra de $2,77 billones en transferencias a 32 compañías estatales representa un desafío a la narrativa de austeridad fiscal impulsada por el gobierno. Para dimensionar la magnitud de esta cifra, equivale a US$17 millones por cada día hábil entre enero y septiembre. Si bien en términos nominales representa un aumento del 156% respecto al mismo período del año anterior, la inflación galopante del 209% implica un ajuste real del 53% en el gasto. Este dato revela que, a pesar de los recortes, el Estado sigue sosteniendo en gran medida a las empresas públicas.
Uno de los puntos que plantea interrogantes es el cambio en la clasificación de las transferencias. Mientras que en la gestión anterior, bajo el mando de Sergio Massa, casi el 50% de los fondos se registraban como “transferencias de capital”, simulando inversiones, en la actual administración la proporción se reduce a poco más del 25%. Este cambio contable, especialmente evidente en el caso de Aerolíneas Argentinas, permitía maquillar la cuenta de subsidios, presentándolos como inversiones financieras. La práctica, que contó con la aprobación del Fondo Monetario Internacional, ocultaba la verdadera dimensión del gasto público en empresas estatales.
Enarsa: el gigante que consume el 70% de los subsidios
La empresa que lidera el ranking de subsidios es Enarsa, con $1,5 billones en transferencias directas y un tercio adicional registrado como “transferencias de capital”, absorbiendo casi el 70% del total destinado a este rubro. Esta situación se explica por el rol de Enarsa en la compra de combustible importado y la ejecución de obras de infraestructura energética, como las centrales hidroeléctricas en Santa Cruz. Sin embargo, la magnitud de los fondos asignados a esta empresa genera debate sobre la eficiencia de su gestión y la necesidad de una mayor transparencia en la asignación de recursos.
El transporte público: un pozo sin fondo?
Otro sector que demanda una alta cantidad de recursos es el transporte público. La Operadora Ferroviaria (OFSE), responsable de la operación de trenes en Argentina, recibió transferencias por $517.477 millones, mientras que sus ingresos operativos apenas alcanzaron los $36.756 millones, cubriendo solo el 7% de sus necesidades. Si bien este porcentaje representa una mejora respecto a la gestión anterior, donde la recaudación no llegaba al 1%, la dependencia del Estado para su funcionamiento sigue siendo abrumadora.
El Belgrano Cargas, a pesar de estar en la lista de empresas a privatizar, recibió $45.900 millones en subsidios, complementando sus ingresos por transporte de mercaderías. Incluso empresas que el gobierno anunció como cerradas, como Desarrollo del Capital Humano Ferroviario y Casa de Moneda, siguen recibiendo fondos públicos, con transferencias por $22.764 millones y $22.400 millones respectivamente.
El Correo Argentino, otra empresa con fuertes ingresos provenientes del Tesoro ($218 millones), justifica el aumento de subsidios respecto al año anterior ($48.000 millones) por los costos asociados a retiros voluntarios y despidos, medidas implementadas tras la asunción de Milei y la nueva dirección de la compañía.
Aerolíneas Argentinas: ¿un caso emblemático?
El caso de Aerolíneas Argentinas es paradigmático. La aerolínea de bandera recibió $58.732 millones en subsidios (US$62 millones), pero registró una pérdida operativa de $290.246 millones (US$326 millones). Este desequilibrio financiero plantea un debate crucial sobre el futuro de la empresa y la necesidad de un modelo de gestión más sostenible. La pregunta central es si el Estado debe continuar financiando las pérdidas de Aerolíneas o si es viable una reestructuración que permita su viabilidad económica sin depender de los subsidios.
Las excepciones a la regla
No todas las empresas estatales dependen de los subsidios. Tandanor, Playas Ferroviarias, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Veng, Dioxitex, Ar-Sat y la Administración General de Puertos (AGP) se destacan por su capacidad para generar ingresos que equilibran sus cuentas. Estos casos demuestran que la gestión eficiente y la generación de recursos propios son posibles en el ámbito de las empresas públicas.
El desafío de la sostenibilidad a largo plazo
El panorama de las empresas públicas argentinas presenta un escenario contradictorio. Si bien el gobierno de Milei ha logrado reducir el gasto en subsidios, la dependencia del Estado persiste en muchas compañías. El desafío para la administración actual es encontrar un equilibrio entre la necesidad de ajuste fiscal y la obligación de garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. La privatización de algunas empresas y la reestructuración de otras parecen ser las opciones que se barajan, pero su implementación no está exenta de controversias y resistencias.
Más allá de las medidas implementadas hasta el momento, la pregunta central sigue vigente: ¿es posible un Estado eficiente sin empresas públicas deficitarias? El debate sobre el rol del Estado en la economía y la mejor forma de gestionar las empresas públicas continuará en los próximos meses, y el éxito o fracaso de la política económica de Milei dependerá en gran medida de la respuesta que se dé a esta pregunta.
