El Gobierno de Javier Milei ha decidido postergar la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que ha generado controversia y acusaciones de manipulación estadística con fines electorales. El nuevo IPC, que debía entrar en vigencia en 2025, actualizaría la canasta de bienes y servicios utilizada para medir la inflación, otorgando mayor peso a rubros como servicios y tarifas, que han experimentado aumentos significativos durante la gestión libertaria.
Un retraso sospechoso en tiempos electorales
La demora en la presentación del nuevo IPC ha despertado sospechas, ya que su implementación podría revelar una inflación real mayor a la reportada actualmente. El actual IPC, con base en datos del 2016 y una encuesta de hogares del 2004-2005, no refleja con precisión los patrones de consumo actuales ni el impacto de las subas tarifarias en los hogares argentinos. Según fuentes cercanas al Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo ha expresado su preocupación al Gobierno sobre la falta de representatividad del cálculo actual, instando a su corrección para cumplir con los estándares internacionales. Inclusive, se han realizado visitas al país para abordar este tema.
La decisión del Gobierno de postergar la implementación del nuevo IPC hasta 2025 coincide con el año electoral, lo que ha alimentado las críticas de la oposición y de diversos sectores de la sociedad. Se argumenta que el retraso busca ocultar el verdadero impacto de las políticas económicas del gobierno, especialmente en un contexto de fuertes aumentos en tarifas y servicios regulados. La nueva metodología del IPC, ya finalizada desde octubre, daría mayor peso a estos rubros, lo que podría reflejar un incremento en la inflación en un año crucial para las aspiraciones políticas del oficialismo.
Juegos estadísticos y manipulación de la información
La estrategia del Gobierno, según indican fuentes periodísticas, consiste en retrasar la aplicación del nuevo IPC para que el grueso de la recomposición tarifaria, prevista para 2024, no impacte con tanta fuerza en el índice de inflación. Además, se especula con que el Ejecutivo intentará controlar las autorizaciones de aumentos en prepagas y colegios privados durante el año electoral, minimizando así el impacto de estas subas en la percepción pública.
Este manejo de la información estadística no solo afecta la transparencia del Gobierno, sino que también tiene consecuencias directas en la vida de los ciudadanos. La inflación es un factor determinante en el poder adquisitivo de los salarios, la medición de la pobreza y la asignación de recursos sociales. Al manipular el IPC, el Gobierno distorsiona la realidad económica y social, perjudicando a los sectores más vulnerables y dificultando la toma de decisiones informadas tanto en el ámbito público como en el privado.
El FMI y la necesidad de un IPC transparente
Funcionarios técnicos del FMI visitaron Argentina en septiembre para revisar el nuevo IPC. Tras validar la metodología, instaron al Gobierno a publicarlo cuanto antes, en línea con las recomendaciones del Manual de Estadísticas del FMI, que sugiere la actualización del IPC cada 5 años. La actual medición, con base en datos del 2016, está desactualizada y no refleja la realidad económica del país. La nueva fórmula, basada en la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (COICOP) del 2018 y la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGHO) del mismo año, ofrecería una imagen más precisa de los patrones de consumo y la evolución de los precios.
La presión del FMI para la publicación del nuevo IPC pone al Gobierno en una situación incómoda, ya que la nueva metodología podría revelar una inflación mayor a la que se busca mostrar en el año electoral. Sin embargo, la credibilidad del país y la confianza en las estadísticas oficiales dependen de la transparencia y el apego a las normas internacionales. La demora en la publicación del nuevo IPC no solo afecta la imagen del Gobierno, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y la capacidad del Estado para generar políticas públicas efectivas.
Consecuencias de la manipulación estadística
La manipulación del IPC tiene consecuencias que van más allá de la distorsión de la realidad económica. Al subestimar la inflación, se afecta el cálculo del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y las prestaciones sociales. Además, se dificulta la negociación colectiva y la fijación de precios y tarifas, generando incertidumbre en la economía. La falta de transparencia en la información estadística erosiona la confianza en las instituciones y dificulta la toma de decisiones tanto para el sector público como para el privado.
Una de las consecuencias más graves de la manipulación del IPC es su impacto en la medición de la pobreza y la indigencia. Al utilizar una canasta de bienes y servicios desactualizada, se subestima el costo de la vida y se reduce artificialmente el número de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto dificulta la implementación de políticas sociales efectivas y perpetúa la desigualdad. Consultoras privadas, como Vectorial, han realizado cálculos utilizando la ENGHO del 2017 y 2018, mostrando que la caída de los ingresos reales es significativamente mayor a la reportada por el INDEC, llegando al 11,7% en noviembre.
El Gobierno de Milei se encuentra en una encrucijada. La presión del FMI y la necesidad de mantener la credibilidad del país exigen la publicación del nuevo IPC. Sin embargo, la proximidad de las elecciones y el temor a que una inflación real más alta afecte sus posibilidades electorales impulsan al Gobierno a retrasar la medida. Esta situación genera incertidumbre y desconfianza en la sociedad, que demanda transparencia y un manejo responsable de la información pública.
