El exsenador Edgardo Kueider, envuelto en una controversia legal tras su expulsión del Senado y su detención en Paraguay por presunto contrabando de divisas, ha presentado una audaz estrategia legal para intentar revertir su destitución. La defensa de Kueider argumenta que la sesión en la que se votó su expulsión fue inválida debido a una supuesta violación a la división de poderes, basándose en las propias declaraciones del presidente Javier Milei, quien cuestionó la legitimidad de la sesión presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel mientras él se encontraba en el extranjero.
La jugada legal de Kueider: ¿Una estrategia brillante o un intento desesperado?
La defensa de Kueider, liderada por el abogado Maximiliano Ruiz, presentó un escrito ante el juzgado federal en lo Contencioso Administrativo n°6, argumentando que las declaraciones públicas de Milei, en las que calificó la sesión como “inválida”, constituyen una “confesión expresa extrajudicial” que debe ser considerada por la Justicia. Milei, en una entrevista desde Italia, había afirmado que la vicepresidenta Villarruel no podía presidir la sesión del Senado mientras él se encontraba de viaje en el extranjero, ya que al asumir la presidencia interina del Ejecutivo, se estaría violando el principio de división de poderes.
Este argumento se centra en el artículo 425 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece que las confesiones extrajudiciales pueden ser utilizadas como prueba en un proceso judicial. La defensa de Kueider busca demostrar que Villarruel, al presidir la sesión del Senado mientras ejercía la presidencia interina, incurrió en una incompatibilidad de funciones que invalida todo el proceso de expulsión.
“En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida”, había señalado Milei.
La estrategia legal de Kueider ha generado un intenso debate jurídico y político. Algunos analistas la consideran una jugada maestra que aprovecha un error político del presidente Milei, mientras que otros la ven como un intento desesperado por evadir la Justicia y las acusaciones en su contra. La periodista especializada en judiciales Vanesa Petrillo, por ejemplo, considera que Kueider busca “distraer la atención” de las investigaciones por sobornos y lavado de dinero que enfrenta en la Justicia de Entre Ríos.
El trasfondo político: Tensiones en el Gobierno y la sombra de la corrupción
La expulsión de Kueider del Senado se produjo en un contexto de fuertes tensiones políticas. El exsenador, un peronista que había sido aliado del gobierno de Milei durante el debate por la Ley Bases, fue destituido tras ser detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. Este hecho desató una crisis en el oficialismo, y las declaraciones de Milei cuestionando la validez de la sesión profundizaron la grieta con su vicepresidenta, Victoria Villarruel.
Más allá de la estrategia legal, el caso Kueider pone de manifiesto la fragilidad de las alianzas políticas en el actual escenario argentino y la persistencia de la corrupción como un problema central en la vida pública. La investigación sobre las empresas de Kueider, con domicilios falsos y presuntas operaciones de lavado de dinero, añade un componente adicional de complejidad al caso.
Un informe de la Policía Federal reveló que todos los domicilios registrados por las empresas Betail SA y Edekom SA, vinculadas a Kueider y su socio Rodolfo González, son falsos. La justicia investiga la compra de propiedades en Paraná bajo un fideicomiso, y González, conocido como “Gonzalito”, permanece prófugo.
¿Qué dice la Constitución?
El artículo 36 de la Constitución Nacional Argentina establece que el Senado puede “con dos tercios de votos” remover a un senador cuando incurra en inconducta. Además, la Constitución establece una clara división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, la interpretación de si la actuación de Villarruel violó o no la división de poderes es el punto central del debate jurídico que se avecina..
La Constitución no especifica con absoluta claridad la situación particular de la presidencia del Senado por la vicepresidenta en caso de viaje del presidente al extranjero. Este vacío legal abre la puerta a diferentes interpretaciones y será la Justicia la que deberá determinar si la actuación de Villarruel se ajustó o no a la Constitución.
El futuro de Kueider y las implicancias políticas
El juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo, deberá decidir si las declaraciones de Milei son suficientes para invalidar la sesión del Senado. De ser así, la expulsión de Kueider quedaría sin efecto y se abriría un nuevo capítulo en la crisis política que atraviesa el país. Sin embargo, Kueider aún enfrenta acusaciones por corrupción en la Justicia de Entre Ríos, lo que podría complicar su eventual regreso al Senado.
El caso Kueider se ha convertido en un ejemplo paradigmático de las tensiones políticas y los desafíos legales que enfrenta el gobierno de Javier Milei. La decisión de la Justicia tendrá importantes implicancias políticas y sentará un precedente sobre la interpretación de la división de poderes en Argentina.
Más allá del resultado judicial, el caso Kueider deja en evidencia la necesidad de una reforma política que fortalezca las instituciones y garantice la transparencia en la actuación de los funcionarios públicos. La lucha contra la corrupción y el respeto irrestricto a la división de poderes son pilares fundamentales para la consolidación de la democracia en Argentina.