El año 2025 se presenta con un panorama complejo para los jubilados y pensionados argentinos. La decisión del Gobierno de congelar el bono de $70.000, sumado a la persistente inflación y la incertidumbre económica, genera preocupación sobre el poder adquisitivo de los adultos mayores. Analizamos la situación actual, las proyecciones para el próximo año y el impacto de estas medidas en la vida de quienes dependen de estos ingresos.
Un 2024 con sabor agridulce: entre aumentos y pérdidas
El año 2024 comenzó con la implementación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ajusta los haberes mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si bien esta medida permitió que las jubilaciones mínimas no perdieran tanto terreno frente a la inflación como en años anteriores, el congelamiento del bono de $70.000 significó un golpe al bolsillo de los jubilados.
Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), si el bono se hubiera ajustado por inflación, en noviembre de 2024 debería ser de casi $100.000. Esta diferencia representa una pérdida significativa del poder adquisitivo para los jubilados que perciben el haber mínimo, quienes ven cómo su ingreso se deteriora mes a mes.
Por otro lado, quienes perciben jubilaciones por encima de la mínima, y por lo tanto no reciben el bono, experimentaron un aumento real interanual del 6,7%. Sin embargo, esta mejora no compensa las pérdidas acumuladas en los últimos años, ni la creciente presión inflacionaria sobre los precios de la canasta básica.
El impacto del bono congelado: una realidad en números
El congelamiento del bono de $70.000 no solo afecta el ingreso mensual de los jubilados, sino que también tiene consecuencias en otros aspectos, como el aguinaldo. Al no actualizarse el bono, el aguinaldo se calcula sobre un haber menor, lo que se traduce en un ingreso menor para las fiestas de fin de año.
Además, la falta de actualización del bono genera una distorsión en el sistema previsional, ya que quienes perciben haberes ligeramente superiores a la mínima no reciben el bono completo, sino una suma decreciente que se va reduciendo a medida que el haber se acerca al tope establecido.
2025: la incertidumbre se profundiza
El proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno no prevé modificaciones en la política previsional. El bono se mantendrá congelado en $70.000 y la fórmula de movilidad seguirá ajustando los haberes por inflación. Esto implica que, si la inflación continúa en niveles elevados, los jubilados y pensionados seguirán perdiendo poder adquisitivo.
A esto se suma la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025, lo que dejará a miles de personas sin acceso a una jubilación. Si bien la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ofrece una alternativa, su monto es inferior al de la jubilación mínima, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de muchos adultos mayores.
La decisión de no prorrogar la moratoria previsional impactará de lleno en la seguridad social de miles de argentinos. Según estimaciones, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 hombres en edad jubilatoria no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación completa. Esto profundizará la brecha de desigualdad y la precariedad en la vejez.
El desafío de la seguridad social en un contexto inflacionario
La situación actual plantea un desafío para el sistema de seguridad social argentino. En un contexto de alta inflación y ajuste fiscal, garantizar un ingreso digno para los jubilados y pensionados se convierte en una tarea compleja. La falta de actualización del bono y la finalización de la moratoria son medidas que impactan directamente en la calidad de vida de los adultos mayores.
Es necesario un debate profundo sobre el futuro de la seguridad social en Argentina, que contemple no solo la sostenibilidad del sistema, sino también la necesidad de garantizar un nivel de vida adecuado para quienes han aportado durante toda su vida laboral.
Las proyecciones para 2025 indican que la inflación continuará siendo un factor determinante en la economía argentina. Si el Gobierno no implementa medidas para contenerla, el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados se verá aún más afectado. Es crucial encontrar un equilibrio entre el ajuste fiscal y la protección de los sectores más vulnerables.
Más allá de las cifras, es fundamental recordar que detrás de cada jubilación hay una historia de vida, de trabajo y de esfuerzo. Las decisiones políticas en materia previsional tienen un impacto directo en la vida de millones de personas, y es responsabilidad del Estado garantizar su bienestar.
