Trece exfuncionarios de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se encuentran en el centro de una controversia que involucra sumarios, posibles cesantías y una batalla judicial. La causa se remonta a investigaciones realizadas durante la gestión de Mauricio Macri, donde estos funcionarios investigaron a la familia Kirchner por presunta evasión millonaria de impuestos. Con el cambio de gobierno en 2019, la situación dio un giro inesperado.
El origen de la investigación: Una pesquisa bajo la gestión Macri
Durante la presidencia de Mauricio Macri, un expediente judicial (9958) en Río Gallegos investigó a Cristina Kirchner por una presunta infracción al Régimen Penal Tributario. La fiscalía solicitó la colaboración de la AFIP para analizar las declaraciones juradas de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, incluyendo el origen de US$ 4,6 millones encontrados en una caja de seguridad. Este análisis, llevado a cabo en diciembre de 2017, implicó la participación de funcionarios de Comodoro Rivadavia, Neuquén y Bahía Blanca, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Las conclusiones presentadas ante la justicia estimaron una deuda de la expresidenta por más de $8.1 millones (valores de 2017), lo que superaba el umbral mínimo para una causa penal, además de iniciar una ejecución fiscal por separado. Este proceso se inició durante el gobierno de Macri y estaba muy avanzada cuando se produjo el cambio de gobierno
El cambio de gobierno y las acusaciones de ‘hostigamiento fiscal’
Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia en 2019, Cristina Kirchner presentó escritos ante la Justicia y la AFIP denunciando “hostigamiento fiscal” y la existencia de un “grupo de tareas” dentro de la AFIP para perseguirla a ella y a sus hijos. Argumentó, entre otras cosas, que la AFIP debía notificarla en un domicilio diferente al fiscal, debido a la detención de su contador, Víctor Manzanares. A pesar de que el cambio de domicilio de Manzanares estaba registrado desde 2017, la AFIP aceptó el argumento de la expresidenta y declaró nulas las actuaciones precedentes.
Como consecuencia, se abrió una investigación penal en Comodoro Py y se inició una auditoría interna dentro de la AFIP. Esta auditoría, bajo las gestiones de Mercedes Marcó del Pont y Carlos Castagneto, investigó a los funcionarios que habían llevado a cabo las investigaciones contra los Kirchner. Se inició un proceso disciplinario, que tuvo lugar en dos ambitos: uno administrativo y otro judicial. El objetivo era llegar a la base para entender lo sucedido y ver si se podía revertir la situación.
El sumario, las cesantías y la respuesta de la justicia
Las conclusiones preliminares del sumario recomiendan la cesantía de diez técnicos de la ex AFIP sin derecho a indemnización, y la suspensión de otros tres por diferentes periodos de tiempo. Estas sanciones se basan en presuntas violaciones de normas internas y falta de ética. Sin embargo, al menos uno de los funcionarios, Juan José Cappannari, presentó una medida cautelar ante la justicia en Rosario argumentando vulneración de sus derechos de defensa.
Otros funcionarios sumariados evalúan acciones legales, sus defensores califican las actuaciones iniciadas en 2020 como una ofensiva para victimizar a los Kirchner, disciplinar a los funcionarios y amedrentar a otros. Se temen represalias y una posible desmotivación para futuros casos sensibles.
El rol de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)
La PIA, que está a cargo del seguimiento de las actuaciones administrativas en curso, ha expresado su preocupación por la falta de pruebas que permitan determinar la responsabilidad de los funcionarios investigados. Su posicionamiento coincide con el pedido de Cappannari: se requiere una nueva evaluación objetiva para que la situación pueda resolverse de manera justa, sin tintes tendenciosos.
Perspectivas futuras y el contexto político
La llegada de Javier Milei a la presidencia en 2023 introdujo un nuevo capítulo en esta historia. El pedido de cesantía contra Jaime Mecikovsky, un funcionario resistido por el kirchnerismo, fue revocado, lo que sugiere un posible cambio de tendencia. Desde el entorno de la actual titular de ARCA, Florencia Misrahi, se ha prometido una revisión de las sanciones, con el compromiso de que las decisiones se tomen sin “tintes persecutorios”. Sin embargo, queda aún pendiente la investigación judicial.
Este caso pone de manifiesto las complejidades del sistema judicial y administrativo argentino, y cómo los cambios políticos pueden influir profundamente en las investigaciones. Queda por verse el desenlace del proceso judicial que ya fue incoado, lo que resultará definitorio para el devenir de las causas en cuestión
Un caso emblemático
La situación de estos trece exfuncionarios de la AFIP se presenta como un caso paradigmático de las tensiones políticas que pueden afectar el desarrollo de investigaciones. El desenlace de este conflicto tendrá consecuencias para el futuro de las investigaciones en Argentina, y para los derechos de los funcionarios que realizan este tipo de trabajo. El nivel de investigación, y su calidad, será el determinante principal para poder concluir, definitivamente, las causas en cuestión.
