La Navidad, tiempo de paz y unión familiar, se tiñó de tragedia en Lomas del Mirador, La Matanza. Un altercado vecinal por el volumen de la música terminó con la vida de Sergio David Díaz, un colectivero de 40 años, a manos de Rafael Horacio Moreno, un policía retirado de 74. La justicia investiga el caso como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero la posibilidad de que Moreno acceda a la prisión domiciliaria debido a su edad ha desatado la indignación y el clamor de justicia por parte de los familiares de la víctima.
Un disparo que silenció la música navideña
En la madrugada del 25 de diciembre, una discusión por el alto volumen de la música en una fiesta familiar escaló rápidamente hasta convertirse en un asesinato. Según testigos, Moreno, molesto por el ruido, confrontó a Díaz y a sus familiares. La discusión verbal se tornó violenta y culminó con Moreno disparando a Díaz en el abdomen con un revólver calibre 38. El colectivero fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció a causa de la gravedad de la herida.
Los vecinos, conmocionados por el trágico suceso, describieron a Díaz como un hombre trabajador y querido en el barrio. “Sergio era un laburante, un buen padre de familia. No se merecía esto”, declaró una vecina a los medios locales. La muerte de Díaz ha dejado un profundo vacío en la comunidad y ha reavivado el debate sobre la violencia y el acceso a las armas de fuego en Argentina.
¿Justicia o impunidad? El debate por la prisión domiciliaria
Moreno fue detenido inmediatamente después del incidente y la fiscalía lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Sin embargo, la posibilidad de que el ex policía, de 74 años, pueda obtener el beneficio de la prisión domiciliaria ha generado una fuerte controversia. La ley argentina permite que los mayores de 70 años puedan esperar el juicio e incluso cumplir la condena en sus hogares, bajo ciertas condiciones.
El artículo 210 del Código Procesal Penal de la Nación establece que la prisión preventiva, es decir, la detención de una persona antes del juicio, debe ser la excepción y no la regla. En este sentido, el juez debe evaluar si existen riesgos procesales que justifiquen la privación de la libertad del imputado, como el peligro de fuga o la posibilidad de entorpecer la investigación. En el caso de Moreno, su edad y la ausencia de antecedentes penales podrían ser considerados como factores atenuantes.
Sin embargo, la gravedad del delito cometido y la indignación social que ha generado el caso han llevado a la familia de Díaz a exigir que Moreno permanezca en prisión preventiva hasta el juicio. “No queremos que este asesino esté libre. Exigimos justicia por Sergio”, declaró Karina, prima de la víctima. La familia teme que la prisión domiciliaria sea una forma de impunidad y que Moreno no cumpla una condena acorde al crimen que cometió.
La decisión final sobre la prisión domiciliaria recaerá en el Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza, a cargo del juez Agustín Pablo Gossn. La fiscalía, según fuentes judiciales, se opondría a la solicitud de Moreno, argumentando la gravedad del delito y el riesgo de fuga. La defensa, por su parte, podría alegar problemas de salud del imputado y la necesidad de un cuidado especial debido a su edad.
El caso de Moreno ha reabierto el debate sobre la pertinencia de la prisión domiciliaria en casos de delitos graves. Algunos sectores argumentan que este beneficio judicial, concebido para proteger a personas vulnerables, no debería aplicarse en casos de homicidio. Otros defienden el derecho de los adultos mayores a un trato diferenciado dentro del sistema penal, especialmente cuando no representan un peligro para la sociedad.
La tensión social y el reclamo de justicia
Tras el crimen, la tensión se apoderó del barrio. Familiares y amigos de Díaz se manifestaron frente a la casa de Moreno, exigiendo justicia y repudiando la posibilidad de la prisión domiciliaria. La esposa de Moreno, Liliana, tuvo que ser evacuada por la policía tras los incidentes. La mujer declaró a la prensa que su esposo actuó en defensa propia, alegando que Díaz lo había amenazado con un arma, versión que la familia de la víctima niega rotundamente.
El clima de tensión y la indignación social reflejan la profunda conmoción que ha generado este caso. La muerte de Sergio Díaz a manos de un ex policía ha puesto en evidencia la fragilidad de la convivencia social y la necesidad de un sistema judicial que garantice la justicia y la seguridad para todos los ciudadanos.
La justicia tiene ahora la difícil tarea de determinar si Moreno debe permanecer en prisión preventiva o si, por el contrario, se le concede el beneficio de la prisión domiciliaria. La decisión, sin duda, tendrá un fuerte impacto en la opinión pública y marcará un precedente en casos similares.
Mientras tanto, la familia de Díaz continúa reclamando justicia por Sergio y espera que el responsable del crimen pague por su acto. La sociedad, a su vez, observa atentamente el desarrollo del caso, esperando una respuesta judicial que esté a la altura de las circunstancias y que contribuya a la construcción de una sociedad más justa y pacífica. El caso de Moreno no es solo un hecho policial aislado, sino un reflejo de las tensiones y los desafíos que enfrenta la Argentina en materia de seguridad y justicia.
