La incertidumbre se cierne sobre el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mientras la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales mantienen tensas negociaciones salariales. El posible paro de colectivos, que inicialmente amenazaba con paralizar la región este viernes 6 de diciembre, parece alejarse en La Plata, Berisso y Ensenada, donde los choferes han confirmado el cobro de sus salarios. Sin embargo, la situación en el AMBA sigue siendo crítica, con las empresas transportistas advirtiendo sobre la imposibilidad de afrontar los aumentos exigidos por el gremio sin un incremento en los subsidios estatales o en la tarifa.
Un conflicto con historia: la pulseada entre salarios y subsidios
El conflicto entre la UTA y las cámaras empresariales no es nuevo. A finales de octubre, ambas partes lograron un acuerdo salarial que destrabó un paro anunciado para el 31 de ese mes. Sin embargo, la paz duró poco. La discusión actual se centra en los salarios a partir de enero de 2025, con el gremio exigiendo un básico de $1.200.000, frente a los $1.140.000 actuales. Las empresas, por su parte, argumentan que no pueden hacer frente a estos aumentos sin una inyección de fondos públicos o un aumento en el boleto, que según sus cálculos, debería ascender a $530 para cubrir los costos.
El nudo gordiano del problema radica en la delicada situación financiera de las empresas de transporte. Según un comunicado de las entidades, los ingresos por tarifas y subsidios no se actualizan desde junio, mientras que los costos operativos, incluyendo combustibles, repuestos y salarios, continúan en ascenso. “Los estudios independientes estiman que el costo real por pasaje asciende a $1.300, mientras que el ingreso actual promedio es de $870”, alertan.
Esta brecha entre costos e ingresos ha llevado a muchas empresas a una “situación límite”, con algunas incluso admitiendo que solo podrían pagar el 50% de los salarios y el aguinaldo en cuotas. Ante este panorama, las cámaras empresariales reclaman con urgencia un ajuste tarifario o un aumento en las compensaciones estatales, advirtiendo que sin estas medidas, el sistema de transporte público corre serio riesgo de colapsar.
La UTA y la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores
La UTA, liderada por Roberto Fernández, se mantiene firme en su reclamo de un aumento salarial que permita a los choferes recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. El gremio exige que se respete el acuerdo paritario y que las empresas se hagan cargo de sus responsabilidades, independientemente de los “desacuerdos económicos” con el Estado. “Existe un riesgo empresarial que deberá asumirse… El salario debe ser recompuesto como corresponde”, afirmaron desde la UTA en un comunicado anterior.
Para la UTA, la situación salarial de los choferes es prioritaria y no debe estar sujeta a las vaivenes de la negociación entre las empresas y el gobierno. El sindicato ha advertido que no dudará en tomar medidas de fuerza si no se garantiza el pago de los salarios acordados y se establece un cronograma de aumentos que contemple la inflación proyectada.
El impacto en los usuarios y la búsqueda de soluciones
Mientras la UTA y las cámaras empresariales negocian a contrarreloj, los usuarios del transporte público se mantienen en vilo ante la posibilidad de un paro que afectaría sus rutinas diarias. La incertidumbre sobre la continuidad del servicio genera preocupación, especialmente en un contexto de fin de año, con el aumento de las actividades comerciales y las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
En La Plata, la confirmación del pago de salarios ha traído alivio a los usuarios, pero la situación en el AMBA sigue siendo incierta. La falta de definiciones por parte del gobierno sobre un posible aumento en los subsidios o la autorización de un incremento en la tarifa mantiene la tensión y la posibilidad latente de un paro que afectaría a millones de personas.
La búsqueda de una solución a largo plazo para el transporte público se ha convertido en una prioridad. Expertos en el sector señalan la necesidad de un sistema de financiamiento más estable y transparente, que permita a las empresas planificar sus inversiones y garantizar la calidad del servicio. Asimismo, se plantea la necesidad de una revisión integral del sistema tarifario, que contemple la realidad económica de los usuarios y las necesidades de inversión del sector.
Mientras tanto, la negociación entre la UTA y las cámaras empresariales continúa, con la esperanza de alcanzar un acuerdo que evite el paro y garantice la continuidad del servicio de transporte público. El plazo para el depósito de los salarios vence este jueves a las 18:00, momento en el que se espera una definición que aclare el panorama y permita a los usuarios saber si podrán contar con el transporte público el viernes.
