En la madrugada del 29 de enero, la tranquilidad de la localidad bonaerense de Cañuelas se vio interrumpida por un acto de violencia que ha conmocionado al país. La casa de una familia lesbiana, compuesta por dos mujeres y su hija de cinco años, fue incendiada intencionalmente por un vecino que las venía hostigando desde hacía tiempo. Este ataque, que por fortuna no produjo víctimas fatales, ha puesto en evidencia la inacción judicial y la necesidad de medidas más efectivas para proteger a las víctimas de violencia de género.
Un historial de hostigamiento y amenazas ignoradas
Según la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el agresor, identificado como Orlando Alcides Lutz Fogar, había sometido a la familia a un constante acoso desde 2022. Las mujeres se habían mudado a una zona semirrural buscando una vida más tranquila, pero se encontraron con un vecino intolerante que las hostigaba por su orientación sexual. El acoso incluía grabaciones, persecuciones, insultos y amenazas, llegando incluso a prender fuego un pilar de luz, poniendo en peligro a todo el vecindario.
A pesar de las repetidas denuncias presentadas por las víctimas, con pruebas y testigos, la justicia no tomó las medidas necesarias para protegerlas. La única respuesta fue una orden de restricción perimetral para una de las mujeres, que el agresor nunca cumplió. Esta inacción judicial permitió que la violencia escalara hasta el punto de un intento de lesbicidio, un crimen de odio motivado por la orientación sexual de las víctimas.
El incendio: un acto de violencia inaceptable
El ataque ocurrió a las 3:40 de la madrugada, cuando Lutz Fogar roció la casa con nafta y la prendió fuego. El acto fue registrado por cámaras de seguridad, proporcionando evidencia irrefutable del crimen. Afortunadamente, la familia no se encontraba en la vivienda en ese momento, gracias a un llamado de una vecina que las alertó sobre el incendio. Sin embargo, perdieron todas sus pertenencias, quedando sin hogar y con el trauma de la violencia sufrida.
“Perdieron todo. Dos mamás con una nena de 5 años perdieron todo. Menos mal que no estaban acá. Pero así y todo se quedaron sin casa”, declaró Fernanda, una vecina que también ha sido víctima de amenazas por parte del agresor. Sus palabras reflejan la conmoción y la solidaridad de la comunidad ante este acto de violencia.
La respuesta de la sociedad civil y el reclamo de justicia
La FALGBT ha denunciado públicamente el ataque y la inacción judicial, exigiendo que se investigue el caso y se condene al responsable. Además, ha criticado la falta de acompañamiento por parte de funcionarios públicos y ha señalado la responsabilidad de las autoridades judiciales que no actuaron frente a las denuncias previas.
Este caso ha generado una ola de indignación en la sociedad argentina, con numerosas organizaciones y activistas exigiendo justicia y medidas para prevenir la violencia de género. Se ha convocado a movilizaciones y se han realizado campañas en redes sociales para visibilizar el caso y exigir una respuesta efectiva por parte del Estado.
El discurso de odio y la violencia de género
La FALGBT ha vinculado el ataque con el discurso de odio promovido por sectores políticos y sociales, señalando que este tipo de discursos crea un clima de violencia e impunidad que facilita la comisión de crímenes de odio. En este sentido, el caso de Cañuelas se enmarca en un contexto más amplio de violencia contra las personas LGBT+ en Argentina, que requiere una respuesta integral por parte del Estado y la sociedad.
Es fundamental que se implementen políticas públicas que promuevan la igualdad, la diversidad y el respeto a los derechos humanos, así como que se fortalezcan los mecanismos de protección para las víctimas de violencia de género. La educación en valores, la capacitación de las fuerzas de seguridad y la sensibilización de la sociedad en su conjunto son claves para erradicar la violencia y construir una sociedad más justa e inclusiva.
El caso de la familia lesbiana en Cañuelas es un llamado de atención sobre la necesidad de que las instituciones judiciales actúen con celeridad y eficacia ante las denuncias de violencia de género. La falta de respuesta por parte de la justicia no solo deja a las víctimas en una situación de vulnerabilidad, sino que también envía un mensaje de impunidad a los agresores. Es imperativo que se garantice el acceso a la justicia y la protección de los derechos de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.
El caso de la familia de Cañuelas, un triste recordatorio de la vulnerabilidad de las minorías sexuales frente al odio y la discriminación. La justicia, una vez más, parece llegar tarde, cuando el daño ya está hecho. ¿Cuántas familias más tendrán que sufrir antes de que se tomen medidas concretas para proteger a las personas LGBT+?
