El reciente anuncio del gobierno argentino sobre la flexibilización de las importaciones puerta a puerta, específicamente la elevación del límite de envíos de compras online a través de servicios de courier y la eliminación de aranceles para artículos de uso personal hasta un valor de US$ 400, ha generado un debate en torno a sus implicaciones en la economía nacional. Mientras algunos ven en estas medidas un beneficio para el consumidor, ofreciendo acceso a una mayor variedad de productos a precios potencialmente más competitivos, otros alertan sobre los riesgos para la industria nacional, que podría verse afectada por una mayor competencia con productos importados.
Las voces críticas: un análisis de los riesgos
Economistas como Juan Carlos de Pablo han expresado fuertes reservas sobre la efectividad y oportunidad de las medidas. De Pablo argumenta que la política económica actual carece de sincronía entre las políticas que promueven la importación y las que buscan apoyar la producción local. En sus propias palabras, “Todo esto que se ha anunciado de facilitar la importación puerta a puerta no me gusta nada. Porque creo que hay un problema serio de la política económica, que es que no veo la sintonización entre cosas que facilitan la importación y las que facilitan la producción local”.
De Pablo sugiere un enfoque diferente, priorizando la reducción de la carga impositiva para las empresas locales antes de facilitar la importación. Considera que bajar las tasas impositivas o la eliminación de los impuestos a los créditos bancarios serían medidas más adecuadas para incentivar la producción interna, reduciendo costos que se encuentran fuera del control de las empresas y nivelando el campo de juego con los competidores internacionales.
El impacto en sectores clave
La preocupación es palpable en sectores como la industria textil, juguetera y electrónica. La Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI), por ejemplo, expresa su preocupación de que estas medidas son cortoplacistas y podrían provocar la ruptura de la estructura productiva argentina. Si bien no se oponen a la apertura comercial, enfatizan la necesidad de una competencia justa, donde las empresas locales no se vean desfavorecidas por una carga fiscal desproporcionada en comparación con sus contrapartes importadoras.
La Cámara Argentina del Juguete (CAIJ), por su parte, señala que si bien la baja de precios en algunos productos importados podría generarse como efecto de las rebajas del Impuesto PAÍS, para que los precios de los productos nacionales bajen también se requiere que los costos de producción locales sean igualmente reducidos. Esto involucra una disminución en costos laborales y logísticos, y una simplificación de la carga tributaria, que en la actualidad es compleja, incluyendo tributos y tasas a nivel nacional, provincial y municipal.
¿Bajada de precios o ilusión?
El impacto inmediato más notorio de las medidas podría ser la bajada de precios en ciertos artículos importados. Sin embargo, algunos economistas advierten que esto no necesariamente implica una reducción de la inflación general. De Pablo utiliza el ejemplo de las anchoas importadas de Málaga: al reducir la alícuota del impuesto PAÍS, el precio final de las anchoas disminuye, pero no significa una baja en la inflación general. Este efecto podría ser momentáneo, sin un impacto significativo a largo plazo en el índice de precios al consumidor.
Por lo tanto, la disminución de precios en ciertos productos podría ser más un efecto estadístico de corto plazo que un cambio estructural en el comportamiento inflacionario del país. El análisis debe ser cuidadoso para evitar confundir una disminución de precios en artículos específicos con una verdadera caída en la inflación.
La visión a largo plazo: un equilibrio necesario
La apertura comercial es esencial para el crecimiento económico, pero debe hacerse con estrategia y previsión. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de ofrecer productos a precios competitivos para el consumidor y la protección de la industria nacional. La simple eliminación de aranceles, sin un plan integral para mejorar la competitividad de las empresas locales, podría tener consecuencias negativas a largo plazo, llevando a la pérdida de empleos y un debilitamiento de la capacidad productiva del país.
En conclusión, las medidas implementadas por el gobierno plantean un escenario complejo. Si bien el beneficio al consumidor a través del acceso a bienes a menor precio es evidente, es crucial evaluar las consecuencias para la industria local y diseñar estrategias complementarias que promuevan la competitividad a nivel nacional. Una solución integral requiere tanto la reducción de la carga impositiva a las industrias locales como la gestión eficiente de la apertura del mercado exterior.
