El Gobierno de Javier Milei respondió con firmeza a las amenazas proferidas por un grupo narcoterrorista contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la Ciudad de Buenos Aires. En un video difundido el domingo, encapuchados armados profirieron intimidaciones que generaron repudio e indignación en la sociedad. La respuesta del oficialismo fue contundente: “El que las hace las paga” y “ni un paso atrás”, fueron las frases que marcaron el tono de las declaraciones gubernamentales. Milei anunció que enviará al Congreso la ley “antimafias”, que busca endurecer las penas por narcotráfico y crimen organizado, como una de las medidas para combatir este flagelo. Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Argentina, donde el narcotráfico ha extendido sus redes y ha aumentado la violencia en diversas regiones del país.
La amenaza narco y la respuesta del Gobierno
El video con la amenaza narco, donde individuos encapuchados y portando armas de fuego lanzan advertencias a Bullrich y a la CABA, causó conmoción. El mensaje, cargado de violencia, explicitaba la intención de “dejar muertos por toda la capital” si las autoridades continuaban con las políticas de seguridad implementadas. La ministra Bullrich, figura clave en la lucha contra el narcotráfico, se convirtió en el blanco directo de las intimidaciones. Ante esta situación, el Gobierno actuó rápidamente. Además de las declaraciones públicas, se reforzó la seguridad en la ciudad y se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables de la amenaza. La tecnología de reconocimiento de voz se está utilizando para analizar el video y rastrear a los autores.
El presidente Milei convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar la ley “antimafias”, una iniciativa que había quedado estancada en el Senado. Esta ley, que agrava las penas por narcotráfico y crimen organizado, busca dotar al Estado de herramientas más efectivas para combatir a las organizaciones criminales. La decisión de Milei de impulsar su tratamiento en medio de la crisis generada por la amenaza narco es una clara señal de la importancia que le otorga a la seguridad.
El debate sobre la ley antimafias
La ley “antimafias” ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial. Sus defensores argumentan que es una herramienta fundamental para combatir el crimen organizado, ya que permite perseguir a las asociaciones ilícitas y decomisar sus bienes. Por otro lado, algunos sectores plantean que la ley podría vulnerar derechos y garantías constitucionales. El proyecto introduce la figura de la asociación ilícita con carácter especial, lo que habilita a que los miembros de una organización criminal puedan recibir la pena máxima del delito más grave cometido por cualquier otro miembro, independientemente de su rol en el hecho. También permite el decomiso de bienes “aun sin condena”, lo que ha generado controversia.
La oposición, principalmente el kirchnerismo, ha criticado la ley y la ha acusado de ser un instrumento para perseguir a opositores políticos. Sin embargo, la amenaza narco y la urgencia de la situación han generado un nuevo escenario en el que el debate sobre la ley antimafias adquiere una dimensión diferente. La presión social para que se tomen medidas concretas contra el narcotráfico podría inclinar la balanza a favor de su aprobación. El oficialismo confía en que la gravedad de la situación actual permitirá superar las resistencias y aprobar la ley en el Congreso.
Medidas adicionales de seguridad
Además del impulso a la ley “antimafias”, el Gobierno ha tomado otras medidas para reforzar la seguridad en la CABA y en el país. Se ha incrementado la presencia policial en las calles, se han realizado operativos de control en zonas consideradas “calientes” y se ha intensificado la colaboración con las fuerzas de seguridad de otras provincias. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, anunció una reunión con su equipo para reforzar el sistema de seguridad de la ciudad. Señaló que la amenaza narco es un desafío que requiere una respuesta coordinada entre las distintas jurisdicciones.
Asimismo, se están implementando cambios en el decreto reglamentario 727/2006 de la Ley de Defensa Nacional para permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Gendarmería en la frontera ante amenazas narcoterroristas. Esta medida, que ha sido objeto de debate en el pasado, busca fortalecer el control en las zonas limítrofes y evitar el ingreso de drogas y armas al país. Se espera que estas medidas, sumadas a la aprobación de la ley “antimafias”, contribuyan a mejorar la seguridad y a combatir el narcotráfico en Argentina.
El Gobierno se encuentra en alerta máxima y ha advertido que no dará “ni un paso atrás” en la lucha contra el narcotráfico. La amenaza a Bullrich y a la CABA ha sido interpretada como un desafío directo al Estado y se espera una respuesta contundente por parte de las autoridades. La sociedad argentina observa con atención el desarrollo de los acontecimientos y exige medidas efectivas para garantizar la seguridad y la paz social.
