El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha anunciado su intención de eliminar los cupos de género en el Estado. Esta propuesta, que ha generado un intenso debate en la sociedad, se enmarca en la agenda de reformas liberales impulsadas por el oficialismo y se fundamenta en la premisa de que el acceso a empleos públicos debe basarse exclusivamente en la idoneidad, sin considerar criterios de género o identidad. El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó esta decisión a través de la red social X, argumentando que “la Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley”. Estas declaraciones fueron posteriormente respaldadas por el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien abogó por la eliminación de lo que calificó como “cupos ideológicos y discriminatorios”.
Los cupos de género en Argentina: un recorrido histórico
Para comprender el alcance de esta propuesta, es necesario analizar el contexto histórico y legal de los cupos de género en Argentina. Actualmente, existen dos tipos de cupos: el cupo femenino en el ámbito legislativo y el cupo laboral travesti trans en el sector público.
El cupo femenino, implementado por primera vez en 1991, establecía que el 30% de las listas legislativas debían estar integradas por mujeres. Esta ley fue un hito en la lucha por la igualdad de género en la política, aunque su efectividad fue limitada debido a la falta de mecanismos que garantizaran el acceso real de las mujeres a cargos electivos. En 2017, se sancionó la Ley 27.412 de Paridad de Género, que elevó el porcentaje de representación femenina al 50% y estableció la obligatoriedad de intercalar candidatos hombres y mujeres en las listas. Esta ley, considerada un logro del movimiento feminista, ha sido fundamental para aumentar la participación de las mujeres en el Congreso.
Por otro lado, el Cupo Laboral Travesti Trans, establecido por la Ley “Diana Sacayán – Lohana Berkins” en 2021, garantiza un mínimo del 1% de los cargos en el Estado para personas travestis, transexuales y transgénero. Esta ley, pionera en la región, busca reparar la histórica discriminación y exclusión laboral que sufre este colectivo, cuya esperanza de vida es significativamente menor a la media nacional y cuyas tasas de desempleo duplican las de la población general.
Implicaciones de la propuesta del gobierno
La eliminación de los cupos de género tendría un impacto significativo en la representación política y laboral de las mujeres y personas trans. En el ámbito legislativo, la derogación de la ley de paridad de género podría reducir la presencia de mujeres en el Congreso, retrocediendo en los avances logrados en los últimos años. Si bien la “idoneidad” se presenta como el único criterio válido para el acceso a empleos públicos, numerosos estudios demuestran que la discriminación de género persiste en los procesos de selección, lo que dificulta el acceso de las mujeres y personas trans a puestos de trabajo, especialmente en áreas tradicionalmente masculinizadas.
En el caso del colectivo travesti trans, la eliminación del cupo laboral agravaría su situación de vulnerabilidad, ya que el acceso al empleo formal es fundamental para garantizar sus derechos y su inclusión social. La falta de oportunidades laborales empuja a muchas personas trans a la informalidad y la precariedad, perpetuando un ciclo de exclusión y marginalización. Es importante destacar que la ley “Diana Sacayán – Lohana Berkins” no solo establece un cupo, sino que también promueve acciones positivas para facilitar el acceso al empleo de este colectivo, como la creación de un registro de anotación voluntaria y el fomento de líneas de crédito para emprendimientos.
Desde una perspectiva de justicia social, los cupos de género se consideran medidas de acción afirmativa que buscan compensar las desigualdades históricas y estructurales que impiden la igualdad de oportunidades. Estos cupos no se basan en la “discriminación positiva”, como argumentan algunos sectores, sino en el reconocimiento de que la igualdad formal ante la ley no es suficiente para garantizar la igualdad real en una sociedad marcada por la discriminación. La eliminación de estas políticas podría profundizar la brecha de género en el acceso al poder y a los recursos, perpetuando la desigualdad en la sociedad argentina.
Reacciones y perspectivas
La propuesta del gobierno ha generado fuertes reacciones en diversos sectores de la sociedad. Organizaciones feministas, de derechos humanos y de la diversidad sexual han expresado su rechazo a la eliminación de los cupos, advirtiendo sobre las consecuencias negativas para la igualdad de género. Por otro lado, algunos sectores liberales y conservadores apoyan la medida, argumentando que los cupos representan una forma de discriminación inversa y que el Estado no debe intervenir en la selección de personal.
El debate sobre la eliminación de los cupos de género se enmarca en un contexto político y social más amplio, caracterizado por la polarización ideológica y el auge de discursos antiderechos. La “batalla cultural” que menciona el oficialismo incluye la disputa por la agenda de género y la redefinición del rol del Estado en la promoción de la igualdad. En los próximos meses, se espera que el Congreso debata un proyecto de ley que busca reemplazar la actual ley de Paridad de Género por una “Ley de Igualdad ante la Ley”. El resultado de este debate será crucial para el futuro de la igualdad de género en Argentina.
El debate sobre los cupos de género en Argentina trasciende las fronteras nacionales, ya que se enmarca en una discusión global sobre la efectividad de las políticas de acción afirmativa para promover la igualdad. Mientras algunos países han implementado con éxito sistemas de cuotas en diferentes ámbitos, otros han optado por enfoques alternativos, como la promoción de la igualdad de oportunidades a través de la educación y la sensibilización. El caso argentino será un ejemplo paradigmático para observar cómo las diferentes corrientes ideológicas abordan la cuestión de la igualdad de género en el siglo XXI.
En definitiva, la propuesta del gobierno argentino de eliminar los cupos de género abre un debate complejo y multifacético que requiere un análisis profundo de sus implicaciones sociales, políticas y económicas. Más allá de las posturas ideológicas, es fundamental que la discusión se centre en la búsqueda de soluciones que garanticen la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su género o identidad. El futuro de la Argentina dependerá, en gran medida, de su capacidad para construir una sociedad más justa e inclusiva para todos sus ciudadanos.
