Un escándalo sacude al Poder Judicial de Córdoba. La investigación por la presunta filtración de preguntas en un concurso para la selección de cargos en la Defensa Pública ha culminado con la anulación del examen específico cuestionado y la convocatoria a un nuevo proceso.
Anulación del Examen y Nueva Convocatoria
La Secretaría de Sumarios Administrativos del Poder Judicial tomó la decisión de anular el examen luego de una denuncia del gremio de trabajadores judiciales (Agepj). Esta decisión, aunque genera malestar entre los aspirantes que habían aprobado la prueba, busca garantizar la transparencia y la equidad del proceso.
Según la información oficial, el nuevo examen se llevará a cabo el 14 de diciembre. Todos los aspirantes, incluso aquellos que no aprobaron la prueba anterior, podrán participar. El examen específico cuestionado, ahora considerado nulo, no influirá en el nuevo proceso.
La Denuncia y las Presuntas Irregularidades
La denuncia del Agepj apunta al defensor oficial Eduardo Santiago Caeiro. Se alega que cuatro mujeres que obtuvieron un puntaje significativamente superior al resto tenían una relación cercana con Caeiro. Uno de los indicios presentados es la supuesta confesión de una de las aspirantes, quien habría admitido haber recibido el examen de forma anticipada.
Se presume que Caeiro habría proporcionado las preguntas del examen a dichas aspirantes, dando lugar a una situación de privilegio que compromete la equidad del concurso. Estas cuatro aspirantes, a pesar de las acusaciones, siguen habilitadas para participar en la nueva evaluación.
Cambios en el Tribunal Examinador
Ante la gravedad de la situación, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidió remover a Caeiro y a los otros miembros del tribunal que elaboró y controló el examen cuestionado. En su lugar, fueron designados nuevos funcionarios y magistrados del fuero penal: María Eugenia Ballesteros, Diego Julián y José Milton Peralta para el Tribunal Examinador, y Susana Frascaroli y Natalia Salomón para la comisión colaboradora.
Esta nueva conformación del tribunal buscará garantizar la imparcialidad y la transparencia del próximo examen. El “tribunal de cinco” se divide en dos roles clave: tres miembros elaboran las preguntas y las otras dos integran una comisión que realiza un ensayo previo del examen para detectar inconsistencias.
La Investigación en Curso
Mientras tanto, la investigación administrativa continúa su curso, liderada por el secretario de Sumarios Administrativos, Tristán Quiles. Se están tomando testimonios de personas que podrían haber escuchado la confesión de una de las aspirantes beneficiadas por la supuesta filtración de información.
A pesar del hermetismo que rodea la investigación, las autoridades han manifestado su compromiso de llevar la investigación “hasta las últimas consecuencias” con el fin de esclarecer los hechos y restablecer la confianza pública en la transparencia del proceso concursal.
Consecuencias y Futuro del Concurso
El concurso sigue en marcha, implementando nuevas medidas de seguridad para evitar futuras irregularidades. Se busca fortalecer el proceso para que esta situación no se repita y la confianza en la objetividad de los concursos judiciales se recupere.
La situación pone en jaque la reputación del Poder Judicial de Córdoba y exige una respuesta contundente. El resultado de la investigación administrativa determinará las consecuencias para los implicados y marcará el rumbo hacia la consolidación de un proceso de selección de cargos con mayores garantías de transparencia.
