El expresidente Alberto Fernández se presentó este miércoles ante la justicia argentina para declarar como imputado en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos estatales durante su mandato. La indagatoria, inicialmente prevista para el 20 de noviembre, se reprogramó a solicitud de la fiscalía.
Fernández llegó a los tribunales de Comodoro Py media hora antes de lo previsto, ingresando sin realizar declaraciones a la prensa. La causa lo acusa de presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de un supuesto esquema irregular que habría favorecido a Nación Seguros S.A., una empresa estatal.
La Defensa de Fernández y el Rechazo Judicial
La defensa del expresidente solicitó la suspensión de la indagatoria, argumentando que la acusación era “confusa y generalizada” y cuestionando la imparcialidad del juez Julián Ercolini, planteando la nulidad de la citación a declarar hasta que la Corte Suprema se expidiera sobre una recusación presentada. Se alegó que la resolución de este cuestionamiento a la imparcialidad del juez era un paso previo necesario para el desarrollo de la indagatoria.
Sin embargo, la justicia rechazó la solicitud de suspensión, indicando que la citación estaba debidamente fundamentada y que la indagatoria, como “acto fundamental”, no podía ser suspendida ni dilatada. El juez argumentó que la supuesta falta de claridad en las acusaciones no invalidaba el proceso, y que la notificación se realizó con la suficiente anticipación para preparar la defensa.
El Caso del Decreto 823/2021
El eje central de la investigación se centra en el decreto 823/2021, firmado por Fernández en diciembre de ese año, que obligaba a los ministerios y organismos estatales a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. La acusación argumenta que esta medida, que posteriormente fue vetada por el decreto 747/2024 del actual presidente Javier Milei, fue diseñada para favorecer a intermediarios privados, sin licitación pública y sin fomentar la competencia o transparencia.
Según la fiscalía, el direccionamiento irregular de los contratos de seguros habría perjudicado al Estado, constituyendo un acto de presunta corrupción. El esquema imputado abarcaría el período entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, involucraría a funcionarios, empresarios y a un supuesto grupo de intermediarios que se beneficiaron de manera ilícita.
La defensa de Fernández asegura que el expresidente estuvo ajeno a la introducción de intermediarios privados, indicando que la medida del decreto ya estaba dispuesta antes de su firma. La abogada Marian Barbitta agregó que Fernández no conocía a la mayoría de los otros imputados en la causa.
Otros Implicados y el Futuro del Proceso
La causa involucra a más de 40 personas, entre ellas el exdirector de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y otros exfuncionarios. También se encuentran involucrados el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, exsecretaria personal de Fernández. Todos enfrentan imputaciones por su presunta participación en el esquema irregular.
El juez Ercolini considera que las pruebas reunidas hasta el momento son suficientes para continuar el proceso judicial. Se espera que en los próximos meses se definan las situaciones procesales de los imputados, una vez que se resuelvan los planteos y recusaciones presentadas, las cuales podrían extender aún más el desarrollo de la investigación.
La indagatoria a Fernández representa un capítulo más en un proceso judicial complejo, que promete mantener la atención pública durante los próximos meses, con el análisis de la evidencia, las defensas de los imputados y la posterior decisión judicial. El impacto político de la causa se percibe en el debate público sobre las prácticas gubernamentales, la transparencia en la gestión de fondos públicos, y los mecanismos para prevenir y combatir la corrupción en Argentina.
