La opacidad en las finanzas de los funcionarios públicos siempre ha sido un tema de controversia. La reciente investigación que vincula a Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo, con propiedades millonarias en Miami a través de sociedades offshore, reaviva el debate sobre la transparencia y la ética en la política argentina. Las revelaciones, basadas en documentos filtrados y registros públicos, sugieren un complejo entramado societario diseñado para ocultar activos en paraísos fiscales, planteando interrogantes sobre el origen de los fondos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
El entramado societario: una madeja de opacidad
Según la investigación, Diago habría utilizado una firma en las Islas Vírgenes Británicas, Sunstar Point Ltd., para adquirir al menos cinco propiedades en Miami valuadas en 2.6 millones de dólares. La elección de un paraíso fiscal como las Islas Vírgenes Británicas, conocido por su secretismo y laxitud en la regulación financiera, levanta sospechas sobre la intención de ocultar la verdadera propiedad de los activos. Además, la participación de una agente profesional, María José Pérez Millán, quien figura como administradora de la sociedad offshore y de otras 14 empresas en Florida, agrega una capa adicional de complejidad al entramado, dificultando el rastreo del dinero.
La estructura societaria se vuelve aún más turbia con la inclusión de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida que figura como accionista de Sunstar Point. Llama la atención que Ritondo sea el beneficiario de este fideicomiso en caso de fallecimiento o incapacidad de su esposa, lo que plantea interrogantes sobre su conocimiento y participación en la creación y administración de la red offshore. Este detalle, junto con la designación de los hijos del matrimonio como beneficiarios finales, sugiere una estrategia para asegurar la herencia de los bienes, incluso si estos se encontraran bajo escrutinio legal o fiscal.
Las inconsistencias en las declaraciones juradas de Ritondo
La ley argentina exige a los funcionarios públicos declarar todos sus bienes y los de su cónyuge, con el objetivo de transparentar su patrimonio y prevenir el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, las propiedades en Miami y las sociedades offshore de Diago no aparecen en las declaraciones juradas presentadas por Ritondo. Si bien el diputado argumenta que las operaciones son antiguas y que la información está “mezclada”, estas explicaciones resultan insuficientes. La omisión de información relevante en las declaraciones juradas, independientemente de la antigüedad de las operaciones, puede constituir una falta grave e incluso un delito, dependiendo de la interpretación de la justicia.
Cabe destacar que el patrimonio declarado por Ritondo en 2023 ascendía a $ 1.541 millones, un aumento considerable respecto al año anterior. Este incremento patrimonial, junto con la ausencia de información sobre los bienes en el extranjero, alimenta las sospechas sobre posibles irregularidades financieras y la necesidad de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
La conexión con el director de ARCA y las implicaciones políticas
La investigación periodística también revela una conexión preocupante: una de las propiedades en Miami vinculadas a Diago fue adquirida a una sociedad que perteneció a Juan Pazo, actual director de ARCA (la agencia que reemplazó a la AFIP) y hombre clave del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Esta vinculación agrega una dimensión política al caso, sugiriendo posibles lazos entre el diputado Ritondo, figuras del PRO, y la actual administración de Javier Milei. La coincidencia plantea interrogantes sobre la existencia de favores políticos o negocios ocultos que podrían haber beneficiado a ambas partes.
Si bien no hay pruebas concluyentes de irregularidades, esta conexión exige una mayor transparencia por parte de los involucrados. La ciudadanía tiene derecho a saber si existen conflictos de interés o si se han utilizado fondos públicos de manera indebida. La falta de respuestas claras por parte de Ritondo y su equipo de comunicación solo profundiza las sospechas y la necesidad de una investigación a fondo que esclarezca los hechos.
Reflexiones sobre la transparencia y la ética en la política
El caso de Ritondo y las propiedades en Miami nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una mayor transparencia y ética en la política. La utilización de paraísos fiscales para ocultar activos no solo representa una evasión fiscal, sino que socava la confianza ciudadana en las instituciones y en la clase política en general. Es fundamental que los funcionarios públicos sean ejemplos de integridad y que rindan cuentas de sus actos y de su patrimonio de manera clara y accesible para la sociedad.
La justicia debe actuar con celeridad e independencia para investigar a fondo este caso y determinar si existen responsabilidades penales. Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de control y prevención para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. La transparencia en la gestión pública no es solo una cuestión legal, sino también un imperativo moral que fortalece la democracia y el Estado de derecho.
La respuesta de Ritondo, calificando la información como antigua y “mezclada”, no solo es insuficiente, sino que también denota una falta de sensibilidad ante la gravedad de las acusaciones. En un contexto de crisis económica y social, la ciudadanía exige una mayor responsabilidad y honestidad por parte de sus representantes. Ocultar bienes en paraísos fiscales, mientras se aplican políticas de ajuste que impactan en los sectores más vulnerables, es una afrenta a la ética pública y un atentado contra la confianza ciudadana.
Este caso no se trata solo de un posible delito fiscal, sino que también pone en tela de juicio la idoneidad moral de un funcionario público para ocupar un cargo de tanta responsabilidad. La ciudadanía espera que sus representantes sean personas honestas y transparentes, que actúen en beneficio del país y no en el de sus propios intereses. La falta de ética en la política no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también debilita la democracia y abre las puertas a la corrupción e impunidad.
