La Legislatura de Neuquén aprobó la suspensión de la vicegobernadora Gloria Ruiz por “inhabilidad moral”, tras un escándalo por desvío de fondos públicos. La decisión se tomó con 29 votos a favor, superando la mayoría simple requerida. La sesión estuvo marcada por la presencia de un escribano contratado por la oposición y por la firme defensa de Ruiz, quien aseguró que ejercerá su derecho a la defensa.
La Votación: Detalles y Reacciones
De los 34 diputados presentes, 29 votaron a favor de la suspensión, mientras que cinco se abstuvieron y uno estuvo ausente. Los votos a favor provinieron de diversas bancadas, reflejando un amplio consenso en la Legislatura respecto a la necesidad de investigar el caso. Las abstenciones, en cambio, se registraron en las filas de la Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. La vicegobernadora Ruiz denunció un golpe a la democracia, prometiendo iniciar acciones judiciales y utilizando la sesión misma para registrar su defensa. Incluso solicitó un cuarto intermedio, una maniobra rechazada por la mayoría.
El detalle de la votación destaca una leve disminución de votos a favor en la votación particular del artículo que proponía la suspensión, con cuatro legisladores (uno de la UCR y tres del MPN) que, pese a haber votado a favor de la suspensión inicial, modificaron su voto en instancias posteriores.
El Escándalo: Desvío de Fondos y Consecuencias
El origen del escándalo se remonta a una serie de allanamientos ordenados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en la Legislatura y en la vivienda del hermano de la vicegobernadora, Pablo Ruiz. La investigación apunta a un posible desvío de 30 millones de pesos de fondos públicos hacia cuentas personales. Las transferencias se realizaron en distintas ocasiones entre enero y agosto del año en curso, con Pablo Ruiz, entonces coordinador del complejo cultural Casa de las Leyes, como figura central en las transacciones. Posteriormente, el dinero habría sido reinvertido en diferentes instrumentos financieros.
Además de este caso central, trascendió información sobre la contratación de al menos 10 familiares de Ruiz en la planta de personal de la gobernación. Si bien estas contrataciones no son ilegal, sumado al escándalo del desvío de fondos públicos genera una atmósfera de falta de transparencia en la administración. Las contrataciones generaron controversia, y fueron uno de los detonantes de las acusaciones de “inhabilidad moral”.
Ante la gravedad de la situación, los dos abogados de la vicegobernadora renunciaron a su representación, alegando conflictos profesionales previos. Entre ellos, se encontraba Francisco Oneto, excandidato a vicegobernador bonaerense de La Libertad Avanza, lo que añadió un toque político al caso. La renuncia se produjo en medio de una creciente presión política y el pedido generalizado de su dimisión.
La Ruptura Política: Figueroa vs. Ruiz
El escándalo provocó una fuerte ruptura entre la vicegobernadora y el gobernador Rolando Figueroa. Ruiz acusó a Figueroa de orquestar una conspiración en su contra, afirmando que el gobernador le había dado a entender en una reunión que su permanencia en el cargo dificultaba sus planes políticos. Mientras tanto, Figueroa respondió con declaraciones de “decepción y dolor”, sin abordar en detalle la situación, pero reiterando la necesidad de que Ruiz deje el cargo.
La reacción política fue inmediata: el Frente Neuquénizate, que la llevó como candidata, la expulsó del partido. Destacaron que el partido tiene una política de “tolerancia cero” con respecto a la corrupción. Ruiz, por su parte, no solo se negó a renunciar, sino que se mantuvo en su cargo como presidenta de la Legislatura durante la sesión que discutió su suspensión. En esa sesión protagonizó un intercambio de acusaciones con los legisladores, generando fricciones. Sus intentos de minimizar la gravedad de la situación, comparándolo con el “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer” fueron fuertemente criticados.
Análisis y Consecuencias
La suspensión de Gloria Ruiz sienta un precedente importante en la política neuquina y en la lucha contra la corrupción. Si bien la suspensión no significa una destitución inmediata, abre camino para una investigación exhaustiva que podría determinar si se ha cometido un delito. La decisión de la Legislatura demuestra que no existen blindajes políticos contra acusaciones de corrupción y que aún hay mecanismos para exigir responsabilidades a funcionarios electos.
El caso también genera debates sobre los límites del poder del gobernador y la importancia del equilibrio entre poderes del estado. El cuestionamiento sobre si se actuó acorde a la Constitución o si se trató de un “golpe de estado”, como asegura la vicegobernadora, seguirá alimentando las discusiones políticas durante las próximas semanas y meses.
Las consecuencias a mediano y largo plazo para el gobierno provincial siguen siendo inciertas. La ruptura política entre Figueroa y Ruiz podría debilitar la gobernabilidad y generar nuevas tensiones. Además, la investigación judicial todavía está en curso, lo que podría añadir más complicaciones en el futuro.
Finalmente, el escándalo refleja la necesidad de mejorar la transparencia en la administración pública y el compromiso ineludible en combatir la corrupción, un desafío central para el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.
