En medio de un escándalo que sacude al ámbito político y educativo argentino, la Universidad Madres de Plaza de Mayo se encuentra en el centro de la polémica tras una serie de allanamientos que revelaron un panorama de irregularidades sorprendentes. En lugar de aulas y estudiantes, se encontraron un boliche clandestino, un bunker político y fuertes indicios de malversación de fondos públicos. El hallazgo ha desatado una ola de críticas, cuestionamientos y una profunda investigación por parte de las autoridades.
Allanamientos y Hallazgos Sorprendentes
Los allanamientos a la sede de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Avenida Rivadavia 2749, ordenados por la jueza federal María Romilda Servini, dejaron al descubierto un escenario inverosímil. El edificio, cedido por el Estado para fines educativos y de promoción de derechos humanos, se había transformado en un espacio multifuncional donde la actividad académica parecía ser lo menos importante.
En el tercer piso del inmueble, se halló un boliche clandestino totalmente equipado, con luces, barra, mesas, sillas, parlantes y un sistema de sonido profesional. La infraestructura sugería un funcionamiento regular de este local ilegal, destinado a eventos privados y fiestas, con venta de alimentos y bebidas alcohólicas.
Además del boliche, las autoridades encontraron un bunker político del dirigente social Luis D’Elía, líder del partido Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES). Abundante propaganda política, con imágenes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y slogans como “vamos a volver”, adornaban las paredes, evidenciando un uso partidario del espacio público.
Malversación de Fondos e Indicios de Corrupción
La denuncia del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no sólo se enfocó en el uso irregular del edificio sino también en la posible malversación de fondos públicos destinados a la universidad. Según el ministro, la UNMa recibió en 2023 cerca de $4.000 millones de pesos del Ministerio de Educación, sin que se haya registrado la matriculación de un solo estudiante. Esta cifra resulta escandalosa ante la evidencia de la falta de actividad académica y la desviación de fondos hacia otras actividades.
El Ministro Cúneo Libarona afirmó que se presentarán las denuncias correspondientes ante la justicia para que se investiguen a los responsables de la situación en la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Añadió que, una vez concluido el proceso legal, el edificio será recuperado y vendido por parte del Estado.
Organizaciones Sociales y Funcionarios Gubernamentales
La investigación también reveló la presencia de otras entidades en el inmueble, incluyendo un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, la Asociación de los Haitianos Viviendo en la Argentina (OHVA), y la Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA). Si bien estas organizaciones podrían tener fines legítimos, su presencia en un edificio destinado a la educación superior plantea interrogantes sobre su autorización y funcionamiento en dicho contexto. Se ignora si estas actividades se realizaron con las autorizaciones correspondientes y si cumplieron con las reglas de uso de las instalaciones cedidas por el estado.
Asimismo, se constató la instalación de oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), entidades gubernamentales, sin autorización expresa dentro de un edificio universitario con destino a la educación superior, generando mayor confusión y dudas respecto de la transparencia en la gestión de fondos públicos.
Reacciones y Consecuencias
La revelación de estas irregularidades ha generado fuertes reacciones en la opinión pública y entre las autoridades. El caso ha puesto en jaque la transparencia en la administración de fondos públicos destinados a la educación y el uso indebido de bienes del Estado. Se espera que la investigación judicial determine las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.
Por su parte, la respuesta de la universidad ha sido criticada por la falta de claridad y la ausencia de una explicación convincente sobre el uso del edificio y los fondos recibidos. El ex secretario de la carrera de Derecho de la universidad, Adrián Albor, intentó deslindar responsabilidades al asegurar que el edificio no se utilizaba para fines académicos desde 2018, alegando incluso que había sido usurpado. Sin embargo, el peso de la evidencia apunta a un uso inadecuado e irregular de las instalaciones.
Este caso expone un problema estructural en el control de los recursos públicos destinados a instituciones educativas. La falta de transparencia y los mecanismos deficientes de control han posibilitado la desviación de recursos y el uso indebido de un edificio cedido por el Estado, destinado a la educación y la defensa de los derechos humanos. La falta de rendición de cuentas y la opacidad en la gestión son aspectos clave que se deben resolver para evitar futuras situaciones similares.
