¡Indignante! Muertos que resucitan para cobrar pensiones, presos que disfrutan de beneficios desde sus celdas y vivos que se pasean por el mundo mientras sus cuentas bancarias engordan con dinero destinado a los discapacitados. ¿Les suena a película de terror? Pues no, estimados lectores, es la cruda realidad que ha destapado la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Argentina, un escándalo de corrupción que nos deja a todos con la boca abierta y la sangre hirviendo.
El festín de los vivos a costa de los muertos… ¡y de los presos!
No se trata de un par de casos aislados, no señores. Estamos hablando de más de 150 muertos que, inexplicablemente, seguían cobrando pensiones hasta cinco años después de haber pasado a mejor vida. ¿Cómo es posible? ¿Acaso hay fantasmas haciendo cola en los cajeros automáticos? La respuesta es mucho más terrenal y mucho más nauseabunda: corrupción, amigos míos, corrupción pura y dura. Y como si fuera poco, más de 200 presos, con nombres y apellidos, también recibían pensiones por invalidez mientras cumplían condena. ¿Invalidez para delinquir? ¡Un insulto a la inteligencia y a la justicia!
Pero la cosa no termina ahí. Como si se tratara de una tragicomedia grotesca, también se han detectado casos de personas que viven en el exterior –en países tan lejanos como Egipto– y que siguen cobrando pensiones como si nada. ¡Un verdadero tour mundial financiado por los contribuyentes argentinos! ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que nos tomen el pelo de esta manera? Es hora de que los responsables paguen por sus actos y de que se limpie de una vez por todas el sistema de pensiones por discapacidad.
Las sospechas apuntan a la gestión anterior
Aunque las investigaciones aún están en curso, las primeras sospechas apuntan a la gestión anterior, la del gobierno de Alberto Fernández. Según las autoridades de la ANDIS, durante el último año de su mandato la inflación superó el 200%, mientras que los aumentos a los prestadores de servicios para discapacitados fueron de apenas el 82%. ¿Casualidad? No lo creo. Parece que algunos se llenaron los bolsillos mientras los más vulnerables seguían sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Y ahora, con el nuevo gobierno de Javier Milei, que ha otorgado aumentos cercanos a la inflación, aparecen las protestas. ¿Qué raro, no? Parece que a algunos les molesta la transparencia y la justicia.
Las irregularidades detectadas son de tal magnitud que se estima que el fraude podría ascender a entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año. ¡Una cifra escandalosa que nos deja sin palabras! El fiscal Guillermo Marijuan ya está investigando el caso y se espera que se depuren responsabilidades. Mientras tanto, el director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha ordenado una auditoría exhaustiva de las más de 1.250.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral. Se revisarán los expedientes uno por uno. ¡Que tiemblen los corruptos!
Casos que superan la ficción: radiografías de perros y beneficiarios con cuatro diagnósticos
Prepárense para escuchar historias que superan la ficción. En la auditoría se han encontrado casos tan absurdos como el de un beneficiario que presentó la radiografía de un perro como diagnóstico. ¡Sí, de un perro! ¿En qué cabeza cabe semejante barbaridad? También se ha detectado a un individuo con cuatro diagnósticos diferentes, acompañado por un abogado, como si fuera a una gala en lugar de a una revisión médica. Y qué decir de los beneficiarios que reconocen abiertamente haber obtenido la pensión gracias al apoyo de agrupaciones políticas… ¡Un descaro total!
La situación es tan grave que hasta se han encontrado casos de personas que cumplían condena en prisión domiciliaria y que asistían a la auditoría sin haber notificado a las autoridades judiciales. La impunidad y el cinismo parecen no tener límites en este país. Es hora de decir basta y de exigir que se haga justicia. No podemos permitir que los fondos públicos, destinados a ayudar a los que más lo necesitan, terminen en los bolsillos de delincuentes y oportunistas.
El descaro de algunos beneficiarios es monumental. En un caso, el hijo de un pensionado admitió que su padre vivía en Egipto ¡y que él cobraba la pensión! En otro, una mujer intentó hacerse pasar por su marido fallecido para seguir recibiendo el dinero. Las historias se multiplican, cada una más insólita que la anterior, pintando un panorama desolador de corrupción e impunidad.
¿Quiénes son los responsables de este desfalco?
La justicia deberá determinar las responsabilidades individuales en cada caso, pero lo que está claro es que existió un sistema que permitió y fomentó estas irregularidades. Las autoridades de la ANDIS señalan directamente a la ex directora Nacional de Apoyo y Asignación Económica, Paula Martínez, como una figura clave en este entramado de corrupción. Martínez manejaba la friolera de 3.400 millones de dólares en la asignación de pensiones, convirtiendo a la ANDIS en la quinta caja más importante del país. ¿Cómo es posible que una sola persona tuviera tanto poder sin que existieran controles adecuados?
El fiscal Marijuan investiga si se modificó la normativa para flexibilizar los controles y facilitar el desvío de fondos. Se sospecha que las pensiones se utilizaron como moneda de cambio para favores políticos con gobernadores e intendentes. De confirmarse estas sospechas, estaríamos ante uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia argentina. Es hora de exigir respuestas y de que se haga justicia. El dinero de los contribuyentes no puede seguir siendo utilizado para financiar la corrupción y el clientelismo político.
¡Basta de impunidad! Es hora de limpiar la casa
Este escándalo no solo revela la corrupción rampante que existe en el sistema de pensiones por discapacidad, sino que también pone de manifiesto la falta de control y transparencia en el manejo de los fondos públicos. Es hora de que se tomen medidas drásticas para depurar responsabilidades y para asegurar que el dinero de los contribuyentes llegue a quienes realmente lo necesitan. No podemos permitir que los vivos se aprovechen de los muertos, ni que los delincuentes disfruten de beneficios mientras las personas con discapacidad genuina siguen luchando por sus derechos.
Exigimos una revisión exhaustiva del sistema, con controles más estrictos y transparentes. Es necesario implementar mecanismos que impidan la falsificación de documentos y que aseguren que las pensiones se otorguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos. También es fundamental que se sancione con todo el rigor de la ley a los responsables de este desfalco, sin importar su filiación política o sus conexiones. ¡Basta de impunidad! Es hora de limpiar la casa y de construir un país más justo e igualitario para todos.
