La gestión de Silvina Batakis al frente del Banco Nación continúa generando polémica, incluso después de su salida. Nuevas revelaciones sobre contratos millonarios y nombramientos irregulares, que benefician a familiares y allegados, mantienen el foco en las prácticas de la exministra de Economía. A pesar de los cambios de gestión, las consecuencias de sus decisiones persisten, dejando un legado de cuestionamientos éticos y legales.
Nombramientos Polémicos y Sueldos Millonarios: El Caso de Héctor Javier Silva
Uno de los casos más llamativos es el de Héctor Javier Silva, exmarido de Batakis. Su nombramiento en el área de Sistemas del Banco Nación, con posterior consolidación en planta permanente, generó fuertes críticas. La falta de transparencia en la designación, omitiendo al directorio la relación familiar con la ex presidenta, encendió las alarmas sobre la utilización de la función pública en beneficio propio.
La situación se agrava aún más considerando que Silva mantuvo su puesto incluso después de la salida de Batakis. Este hecho evidencia la falta de control y la impunidad con la que se habrían llevado a cabo estas prácticas cuestionables. Las investigaciones en curso intentan dilucidar la responsabilidad de cada parte involucrada en este y otros casos de nepotismo en el ámbito del Banco Nación.
María del Carmen Barros: Sueldos Exorbitantes en un Contexto de Crisis
La gerente general, María del Carmen Barros, también se vio envuelta en la controversia. Bajo la administración de Batakis, Barros vio incrementado su salario hasta alcanzar la cifra de 9 millones de pesos mensuales, equivalente a 15 mil dólares en su momento. Esta decisión, tomada unilateralmente y sin consulta previa, es particularmente escandalosa teniendo en cuenta el contexto de crisis económica que atravesaba el país. Esta situación alimenta las sospechas sobre favoritismos y el uso inadecuado de los fondos públicos.
La decisión de asignarle un salario tan elevado genera serias preguntas sobre la justificación y el procedimiento utilizado. La transparencia, un aspecto fundamental en la administración pública, parece haber faltado notablemente en este y otros casos que se han revelado en las investigaciones posteriores.
Otros Nombramientos Cuestionados: Familiares y Allegados en Cargos Clave
Además de los casos de Silva y Barros, surgieron otros nombramientos que desataron controversia. Juan Pablo Pedemonte, hijo de Barros, ocupó un alto cargo en la casa matriz del Banco Nación. Asimismo, Maximiliano Piantanida, un amigo cercano de Barros, fue designado como gerente departamental. Estas designaciones se consideran un claro ejemplo de nepotismo y favoritismo.
La falta de mérito o experiencia en los cargos asumidos por Pedemonte y Piantanida, junto a la estrecha relación con personas clave en la gestión, levantan serias dudas sobre la transparencia del proceso de selección. Esto pone en evidencia una posible falta de criterios objetivos en los procesos de contratación, poniendo en duda la idoneidad de los candidatos para ejercer sus cargos.
La Contratación de “Pitty, la Numeróloga”, una Decisión Aún Más Cuestionable
La contratación de Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty, la numeróloga”, para impartir un curso de coaching por 1.800.000 pesos agravó aún más el escándalo. Esta decisión fue recibida con indignación por los empleados del banco, quienes la calificaron como improcedente e innecesaria, destacando la falta de eficiencia y criterios en la asignación de recursos públicos.
El costo del curso, considerado elevado y poco justificable, generó una fuerte ola de críticas, debido al despilfarro de recursos en actividades no esenciales mientras el país enfrenta un grave contexto económico. El episodio ha sembrado serias dudas sobre la administración y las prioridades de la gestión de Batakis.
La Justicia Exige Respuestas: Investigaciones en Curso
A pesar de las promesas de desvinculaciones, tanto Silva, Pedemonte, Piantanida y Barros continúan cobrando sueldos del Banco Nación. Las investigaciones judiciales, impulsadas por la diputada Karina Banfi, avanzan y buscan esclarecer la situación.
En octubre de 2024, la Justicia ordenó al Banco Nación que entregue información detallada sobre los sueldos de Batakis y Barros, así como datos sobre las contrataciones irregulares. Este fallo destaca la importancia del acceso a la información pública y pone de manifiesto la gravedad de las irregularidades denunciadas.
El Historial de Héctor Javier Silva: Una Trayectoria Cuestionada
El perfil de Héctor Javier Silva, antes de su llegada al Banco Nación, también genera controversia. Su carrera laboral previa incluyó periodos en Televisión Federal SA, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y la Sociedad Española de Beneficencia Hospital Español. La falta de una trayectoria profesional coherente con el cargo en el Banco Nación agrava las sospechas sobre nepotismo y favoritismo.
Su incorporación, además de estar vinculada al parentesco con Batakis, no se ajusta al perfil habitual de contrataciones en la institución, lo que fortalece las denuncias de irregularidades en los procesos de selección. Esta falta de experiencia relevante suma aún más peso a las críticas sobre los criterios de nombramiento durante la gestión de Batakis.
Un Legado de Polémicas: El Impacto de las Acciones de Batakis
La gestión de Batakis al frente del Banco Nación deja un legado marcado por las sombras. Los nombramientos cuestionados, priorizando lazos personales sobre méritos y la falta de ética administrativa en sus decisiones, causaron un daño reputacional a la entidad. Las investigaciones judiciales y la opinión pública continúan examinando las consecuencias de estas acciones.
El caso Batakis sirve como un ejemplo de cómo las acciones de un funcionario público, incluso en puestos de alta responsabilidad, pueden generar un daño duradero a las instituciones. La falta de transparencia y el posible abuso de poder en estos nombramientos provocaron una fuerte pérdida de confianza en la entidad, lo que afecta negativamente su imagen y su credibilidad pública.
Este escándalo resalta la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública argentina, especialmente en entidades financieras de gran importancia como el Banco Nación. Las investigaciones en curso y las posibles sanciones legales podrían sentar un precedente para la prevención de prácticas similares en el futuro.
