El escándalo que sacude Canadá involucra a Robert Miller, un multimillonario fundador de Future Electronics, acusado de operar un sofisticado sistema de explotación sexual que, según las denuncias, ha tenido como víctimas a decenas de menores de edad. El caso, que ha sido comparado con el de Jeffrey Epstein, ha generado indignación a nivel internacional y ha puesto en evidencia la capacidad de individuos con poder adquisitivo para evadir la justicia.
Mansiones de lujo, cuentas ocultas y un entramado de corrupción
La magnitud del escándalo ha llevado a la confiscación de dos mansiones de lujo en Montreal pertenecientes a Miller, cada una valorada en más de dos millones de dólares canadienses. Lo más impactante, según el juez Serge Gaudet, es que estas propiedades estaban registradas bajo el nombre de empresas controladas por abogados, revelando una estrategia deliberada para ocultar sus activos y evitar procesos legales. El magistrado señaló un patrón perturbador de operaciones financieras ilícitas que involucraban cuentas en nombre de empleados de alto nivel de Future Electronics, quienes servían como testaferros.
El juez Gaudet, en su fallo, subrayó la gravedad de la situación al indicar que Miller, a pesar de ser un multimillonario, no tiene una cuenta bancaria a su nombre, lo que refleja un esfuerzo concertado por evadir la ley y proteger su riqueza ilícitamente obtenida. Esta estrategia, según el juez, ha estado en marcha por décadas, facilitando la operación de su red de abuso y demostrando una flagrante despreocupación por las consecuencias de sus actos.
Las víctimas rompen el silencio: años de abuso y manipulación
Cuatro mujeres han dado el valiente paso de presentar demandas civiles contra Miller, acusándolo de acercarse a ellas cuando aún eran estudiantes de secundaria, utilizando el dinero y regalos para comprar su silencio y abusarlas sexualmente. Los testimonios son desgarradores, revelando un patrón sistemático de explotación sexual que comenzó hace más de dos décadas. Una de las víctimas, que tenía apenas 14 años cuando comenzaron los abusos, relató cómo Miller, bajo el seudónimo de “Bob”, la invitaba junto a sus amigas a hoteles de lujo, donde les ofrecía sumas considerables de dinero a cambio de favores sexuales.
Los encuentros se repitieron durante más de dos años y la víctima confesó que llegó a ser completamente dependiente del dinero de Miller, lo que generó consecuencias devastadoras, incluyendo adicciones a las drogas y un intento de suicidio a los 15 años. La experiencia de esta víctima no es un caso aislado: más de 50 mujeres se han presentado como presuntas víctimas de Miller y están impulsando una demanda colectiva contra él. Se ha señalado que esta demanda representa sólo una parte de las víctimas, insinuando que muchas otras podrían haber sido víctimas de Miller pero hasta la fecha no se han atrevido a presentarse.
Otra víctima relat
ó cómo fue contactada en 1996, a la edad de 17 años, mediante un anuncio de modelaje que resultó ser una estratagema para atraer jóvenes vulnerables. La joven recibió entre 1000 y 2000 dólares canadienses por cada encuentro, pero la relación terminó abruptamente cuando descubrió evidencia que sugería que Miller tenía otros contactos con menores, lo que le provocó sentimientos de vergüenza, culpa y baja autoestima. El testimonio de Julie Dagenais, la única que ha revelado su identidad públicamente, destaca la manipulación y explotación sistemática a la que eran sometidas las jóvenes: regalos caros, dinero, promesas vacías, todo para enmascarar un infierno de abusos y traumas psicológicos.
La defensa de Miller y el largo camino hacia la justicia
Los abogados de Miller niegan todas las acusaciones y las califican como un complot motivado por intereses económicos. Future Electronics, la empresa fundada por Miller, ha emitido un comunicado desestimando las acusaciones como “maliciosas” y asegurando que él renunció a su cargo como CEO para dedicarse a su salud. Sin embargo, este argumento no se corresponde con las declaraciones juradas, que incluyen testimonios explícitos de las mujeres que describen, en detalle, los abusos sufridos y la manipulación por parte de Miller. La defensa busca minimizar los testimonios alegando que su estado de salud, debido a una condición avanzada de Parkinson, impide su participación activa en el proceso judicial. Esta defensa ha sido utilizada para solicitar aplazamientos en los procedimientos legales.
Sin embargo, la fiscalía mantiene su posición y se encuentra lista para llevar a juicio un caso que podría durar cinco semanas. Las acusaciones contra Miller son graves, incluyendo agresión sexual, explotación sexual y prostitución infantil, con una presunta víctima que tenía menos de 14 años. El caso también ha alcanzado a Teresita Fuentes, quien fue acusada de colaborar con la red de abuso sexual.
Este caso no solo pone en el ojo público a un poderoso empresario canadiense, sino que resalta la problemática global de la explotación sexual de menores, la dificultad de las víctimas para denunciar estos hechos y la complejidad del sistema judicial para juzgar a individuos con poder e influencia. Se espera que el juicio arroje luz sobre este oscuro capítulo y genere un precedente para que más víctimas se animen a denunciar a sus abusadores y exigir justicia. Si Miller es hallado culpable, este caso podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el abuso sexual en Canadá y el mundo, señalando que incluso los más poderosos pueden ser sometidos a las consecuencias de sus acciones.
El ‘Epstein canadiense’ y la impunidad de los poderosos
La comparación con Jeffrey Epstein no es casual. Ambos casos ilustran cómo la riqueza y el poder pueden ser usados para perpetuar delitos sexuales contra menores. Epstein, aunque ya fallecido, dejó tras de sí un legado de impunidad y un sistema de complicidades que protegió durante años sus acciones aberrantes. Miller, por su parte, enfrenta acusaciones similares, revelando patrones alarmantes de manipulación, encubrimiento y abuso de poder.
Esta comparación sirve como un llamado de atención para las autoridades y la sociedad en general. Es necesario asegurar que los individuos poderosos no puedan usar su riqueza e influencia para evitar las consecuencias de sus acciones criminales. Se deben implementar mecanismos más eficientes para investigar y procesar estos delitos y brindar apoyo integral a las víctimas, asegurando que su experiencia sea tomada en serio y que la justicia prevalezca. La confiscación de las mansiones es solo un primer paso; la verdadera justicia está en el resultado del juicio y la condena ejemplar de los culpables.
