Un reciente informe de la Fundación Libertad ha puesto en evidencia el alto costo que representan los concejos deliberantes en Argentina. En promedio, cada concejal en los 55 municipios analizados cuesta $129,4 millones al año. Esta cifra, que varía considerablemente entre localidades, ha generado un debate sobre la eficiencia del gasto público y la necesidad de una reforma en la estructura de los concejos.
Disparidades alarmantes: de Junín a Tucumán
El informe revela una enorme disparidad en el costo de los concejales entre diferentes municipios. Mientras que en Junín, Buenos Aires, el gasto por concejal es de apenas $10 millones mensuales, en San Miguel de Tucumán, cada edil demanda la exorbitante suma de $668,2 millones anuales. Río Gallegos, San Salvador de Jujuy y Posadas también presentan cifras elevadísimas, superando los $400 millones por concejal al año. Estas diferencias plantean interrogantes sobre la asignación de recursos y la eficiencia en la gestión de los concejos deliberantes.
La cantidad de personal asignado a cada concejal es otro factor que llama la atención. En promedio, hay 17 empleados por cada edil, pero en Posadas, la cifra se dispara a 122 empleados por concejal. Esta situación plantea la necesidad de analizar la función y la productividad de este personal, para determinar si su número es justificado o si existe un exceso de burocracia en los concejos.
Córdoba en el punto de mira
En la ciudad de Córdoba, cada concejal cuesta $285,1 millones anuales, ubicándola en el séptimo lugar del ranking de gastos. Con 31 concejales y un presupuesto total de $8.838.750.629 para el Concejo Deliberante, el gasto por habitante es de $5.872, levemente por debajo del promedio. El 72,04% de los recursos del concejo se destina a personal, lo que representa una proporción significativa del presupuesto.
Si bien el impacto de los concejos deliberantes en los presupuestos municipales es del 3% en promedio, el gasto en personal representa más del 84% de ese total. Esto sugiere que la mayor parte del presupuesto se destina a salarios y beneficios para los empleados, lo que plantea la necesidad de evaluar si la estructura actual de personal es la más eficiente para el funcionamiento del concejo.
¿Controlar el gasto o desfinanciar la democracia?
El debate sobre el costo de los concejos deliberantes no se trata solo de números, sino de la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. ¿Es necesario un concejo deliberante tan costoso para el funcionamiento de una ciudad? ¿Se justifica la cantidad de personal asignado a cada concejal? ¿Existen mecanismos de control y evaluación del desempeño de los ediles y sus equipos?
Algunos argumentan que un concejo deliberante eficiente es fundamental para el control del poder ejecutivo y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Sin embargo, otros sostienen que los altos costos y la burocracia excesiva no se traducen en una mejor gestión ni en una mayor representatividad. Es necesario un análisis profundo para determinar si los recursos destinados a los concejos deliberantes están siendo utilizados de manera efectiva o si existe un despilfarro que podría destinarse a otras áreas prioritarias, como salud, educación o seguridad.
La Fundación Libertad propone una reforma que racionalice los gastos y elimine los superfluos, argumentando que no generan valor directo para la sociedad. Esto implicaría revisar la estructura de personal, los salarios, los beneficios y los gastos operativos de los concejos, buscando una mayor austeridad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Sin embargo, es crucial encontrar un equilibrio entre la necesidad de controlar el gasto público y la importancia de asegurar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Un concejo deliberante desfinanciado podría debilitar la representatividad y el control del poder ejecutivo, lo que a la larga podría ser perjudicial para la sociedad. La clave está en optimizar los recursos, sin comprometer la función esencial de los concejos deliberantes en el sistema democrático.
El debate sobre el costo de los concejos deliberantes requiere un análisis profundo y una discusión honesta sobre la eficiencia del gasto público y el rol de las instituciones democráticas. Es necesario buscar soluciones que permitan optimizar los recursos sin comprometer la representatividad y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
