El gobierno nacional, a través del Decreto 1024/2024, anunció la desregulación de los medicamentos de venta libre. Esta medida permite su comercialización en establecimientos más allá de las farmacias, como quioscos y supermercados. Sin embargo, esta medida no tendrá impacto en la provincia de Córdoba.
La postura de Córdoba: resistencia a la desregulación nacional
El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba ha expresado rotundamente su rechazo a la implementación del decreto nacional en la provincia. Argumentan que la Ley Provincial 8.302, vigente desde 1993 y ratificada en 2024 con 69 votos a favor y una abstención, regula la actividad farmacéutica de manera que la venta de medicamentos, incluso los de venta libre, sólo puede efectuarse en farmacias habilitadas y bajo la supervisión de un profesional farmacéutico matriculado.
El presidente del Colegio, Germán Daniele, enfatizó que la ley provincial considera al medicamento como un bien social, y por lo tanto, su dispensación exige el control y conocimiento de un farmacéutico. Esta ley provincial invalida cualquier intento de aplicar el decreto nacional en Córdoba.
Los argumentos a favor de la desregulación a nivel nacional
El gobierno nacional argumenta que la desregulación busca aumentar la competencia en el mercado, reduciendo así los precios de los medicamentos de venta libre. También se plantea facilitar el acceso a estos productos, particularmente en zonas rurales o con menor densidad de farmacias. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ha defendido la medida en redes sociales, destacando la mayor libertad de elección para los consumidores.
El decreto también establece medidas para la venta en las farmacias, tales como la exhibición en góndolas señalizadas, la venta en cajas cerradas con prospecto, y la exigencia de la presentación del DNI para mayores de 18 años. Esta medida intenta conservar las propiedades fisicoquímicas de los medicamentos y evitar la venta a menores de edad.
Las preocupaciones del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba
El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias negativas de la desregulación. Se cuestiona la falta de control en la dispensación de medicamentos, alertando sobre los riesgos de la automedicación y los problemas que esto puede generar en la salud pública. Se argumenta que un profesional farmacéutico es esencial para asegurar el uso correcto y seguro de los medicamentos, incluso aquellos de venta libre.
Diego Miranda, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, agregó que el decreto nacional no debería tener validez en Córdoba debido a la delegación de atribuciones de la Nación a las provincias en materia de salud y educación, reforzando la legalidad y la potestad de la Ley Provincial 8302 sobre la legislación nacional.
El impacto en la población cordobesa
La desregulación a nivel nacional no afectará la realidad de la provincia de Córdoba. Los cordobeses seguirán adquiriendo medicamentos de venta libre en farmacias, con la orientación y supervisión de un farmacéutico. Si bien la iniciativa nacional busca mejorar el acceso a los medicamentos y reducir costos, la legislación provincial prioriza la seguridad y la correcta dispensación de los mismos.
Esta situación plantea un debate sobre la competencia entre las legislaciones nacional y provincial, y sobre la prioridad que se le debe dar a la regulación de la venta de medicamentos: la reducción de precios y el acceso a los mismos, o la seguridad del paciente a través del asesoramiento profesional en farmacias.
un escenario de doble realidad
En resumen, mientras a nivel nacional se avanza hacia una desregulación de la venta de medicamentos de venta libre, Córdoba mantiene su legislación provincial que garantiza la dispensación en farmacias por parte de farmacéuticos matriculados. Esta situación crea un escenario de doble realidad donde el acceso y el precio de los medicamentos pueden variar significativamente dependiendo de la provincia. Es un tema que exige un análisis detallado sobre la salud pública y el equilibrio entre la libre comercialización y la seguridad del paciente.
