Córdoba se encuentra en medio de un complejo debate sobre el sistema de justicia juvenil, en particular, sobre la forma de abordar la reincidencia delictiva en menores. El caso de un adolescente que ha sido detenido en múltiples ocasiones en 2024 ha puesto en evidencia las limitaciones y contradicciones del sistema, generando un tenso cruce entre el Poder Judicial y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
El caso del adolescente multirreincidente
Hasta la fecha, el adolescente en cuestión ha sido detenido al menos 15 veces en lo que va del 2024 por presunta participación en diversos delitos. La última detención se produjo luego de una persecución policial tras un robo de vehículo, donde el menor, tras el choque del auto, fue alojado en una residencia de menores en barrio Alta Córdoba. Sin embargo, escapó de dicha residencia y fue nuevamente detenido en la zona norte de la ciudad. Este hecho, en particular, ha generado indignación y cuestionamientos al funcionamiento de las residencias y medidas alternativas de alojamiento.
La situación se vuelve más compleja por la evidencia de una reiteración delictiva que ha mostrado un preocupante patrón de comportamiento por parte del menor. Esto ha puesto en tela de juicio la eficacia de las medidas de control y reinserción social que han sido aplicadas hasta el momento. La reincidencia en delitos con el menor involucrado implica también una revisión exhaustiva de los procesos de seguimiento, control y supervisión que operan en la actualidad en los diferentes estamentos.
El choque entre la Justicia y la Senaf
La jueza Penal Juvenil 3 de Córdoba, Ileana Benedito, ha solicitado a Senaf que profundice el abordaje del caso y adopte medidas para impedir que el menor regrese a su entorno de riesgo en el barrio Marqués Anexo. Esta solicitud ya había tenido antecedentes y ha enfatizado el abordaje multidisciplinario y la diversificación de las estrategias que se han llevado a cabo en ocasiones anteriores. En esta ocasión, dicha jueza pidió a la Senaf información de salud mental para generar una línea de actuación integral sobre el caso en cuestión.
En respuesta a la solicitud de la jueza, Senaf pidió autorización para alojar al adolescente en el Complejo Esperanza, una medida considerada “excepcionalísima” debido a que la ley prohíbe el encierro de menores no punibles. Sin embargo, esta solicitud ha sido rechazada por la jueza con el argumento de que se encuentra en conflicto directo con los estándares internacionales sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) que aún no han alcanzado la edad mínima para ser responsables penalmente. Se refuerza que, entre las medidas de control, la privación de la libertad no es la más pertinente.
El marco legal y la imposibilidad del encierro
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, del 29 de octubre pasado, sentó un precedente fundamental al declarar que no hay ninguna excepción que permita la privación de libertad para menores no punibles por su edad. El fallo resalta que el abordaje del caso debe basarse en un enfoque multidisciplinario y restaurativo, que priorice la libertad y que no deje margen para el encierro. Se detalla que existen antecedentes de ingresos de NNyA no punibles por su edad en el complejo y que este no es el método más adecuado para un correcto abordaje del tema.
El TSJ destaca la importancia de acciones preventivas y alternativas restaurativas, alineadas con los estándares internacionales de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes menores a la edad mínima para ser responsables penalmente. Se indica, que la privación de la libertad ha sido algo común en años anteriores, pero que se debe optar por un sistema distinto al actual para evitar la continuidad de esta problemática. Se opta por un sistema de medidas distintas al encierro.
El dilema ético y las alternativas
El caso plantea un dilema ético importante: cómo proteger la sociedad sin vulnerar los derechos de los menores, particularmente si están bajo una fuerte influencia de grupos o entornos de riesgo. Por un lado, existe la preocupación por la seguridad ciudadana y la necesidad de tomar medidas para evitar nuevos delitos. Por otro, se debe garantizar que las medidas aplicadas se ajusten a los derechos y necesidades del menor, considerando su etapa de desarrollo y su vulnerabilidad. Aquí se plantea la necesidad de crear un mecanismo que permita a las autoridades actuar sobre el contexto de riesgo del menor, no sobre el menor en sí mismo.
La jueza Benedito, en su rechazo al pedido de Senaf, propuso alternativas, como la intensificación de las medidas de supervisión, el seguimiento en salud mental, y la diversificación de las estrategias de abordaje para lograr su reinserción social. Sugirió incluso la inclusión del menor en un plan piloto de justicia restaurativa. Esto demuestra que existen herramientas alternativas, menos restrictivas, y más alineadas con las perspectivas internacionales sobre derechos humanos de la niñez y la adolescencia que se pueden aplicar en estos casos, aún en situaciones donde la reincidencia delictiva sea un hecho.
hacia un sistema más efectivo
El caso del adolescente multirreincidente en Córdoba revela las deficiencias del sistema actual en el abordaje de la justicia juvenil. El debate abierto entre el Poder Judicial y Senaf resalta la urgente necesidad de revisar las estrategias de intervención y de buscar soluciones innovadoras y eficaces para abordar la problemática de la reincidencia delictiva en menores. La búsqueda de medidas alternativas al encierro, que se enfoque en la rehabilitación, la reinserción social y la protección de los derechos del niño, es clave para el futuro del sistema de justicia juvenil argentino.
En lugar de simplemente reaccionar ante los delitos cometidos, se necesita un enfoque preventivo que aborde las causas que llevan a los menores a la reincidencia. Es esencial invertir en programas de apoyo social, educativo y psicológico, que brinden oportunidades a jóvenes en riesgo de exclusión social y que los ayuden a construir un proyecto de vida fuera del delito. Así se garantizará una verdadera solución a largo plazo.
