En un enfrentamiento que sacude los cimientos del federalismo argentino, Córdoba se planta firme ante la Nación y se niega a claudicar en el cobro de tasas municipales sobre los servicios públicos de luz y agua. El Gobierno cordobés, desafiando abiertamente las presiones del Ejecutivo nacional, alega que la competencia en estos servicios corresponde a la provincia, no a Buenos Aires. Es una batalla legal, política y económica que promete recrudecerse en los próximos meses, dejando a las industrias y ciudadanos cordobeses en el medio del fuego cruzado. El ‘Rey Midas’ de la política cordobesa, Juan Schiaretti, no está allí para defender su legado; es la actual gestión la que decide responder a las amenazas nacionales.
La Nación contraataca: ¡Basta de impuestos ocultos!
Desde Buenos Aires, el gobierno nacional ha lanzado un ataque frontal contra lo que considera una estafa en las boletas de luz y agua en todo el país. La resolución 267/24, firmada por la Secretaría de Comercio, prohíbe expresamente que las empresas de servicios públicos incluyan cargos ajenos a la prestación del servicio básico. Las empresas fueron intimadas. Los cordobeses responden que es competencia provincial.
El gobierno nacional señala que estas tasas, generalmente encubiertas en el precio final, terminan golpeando de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad. Hablan de una desigualdad indignante donde familias con alto consumo pagan tasas municipales desmesuradas por un alumbrado público que no se corresponde con esa misma proporción del gasto municipal. Un ejemplo flagrante se presenta en algunos sectores de la Provincia, donde la tasa del alumbrado público puede llegar a alcanzar hasta el 257% de la tarifa energética de sus vecinos, todo debido a un modelo de cobro en base al consumo y no a la proximidad al servicio. Las consecuencias son visibles para todos.
Para el gobierno de Alberto Fernández, esta situación representa un incumplimiento de la legislación nacional y una clara violación de los derechos de los consumidores. Los cordobeses respondieron al gobierno que la Ley 10545 garantiza que el cobro es lícito.
Córdoba se defiende: ¡Federalismo o imposición!
El gobierno provincial de Córdoba, liderado por Juan Schiaretti, responde con un rotundo no. Para ellos, es una cuestión de soberanía provincial, de una distribución de poderes que la Nación pretende arrebatarles. Argumentan que la legislación cordobesa autoriza estos cargos, limitando un 10% máximo de la factura para alumbrado público y hasta un 15% en localidades pequeñas. Aguas Cordobesas cobra un 16%, justificado en el concepto de CFIS (Contribución para Financiamiento Integral de Infraestructura Sanitaria).
En un comunicado, el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep), Mario Blanco, dejó en claro que la provincia es la responsable de regular estos servicios, y que la Ley 10.545 es clara en las tasas que pueden cobrar los municipios. Blanco se muestra inflexible: “La competencia es provincial”. Los intendentes hacen caso omiso de las amenazas de Buenos Aires.
Las autoridades cordobesas sostienen que el costo del alumbrado público se disparó en el último año y que estas tasas apenas alcanzan para cubrir los gastos reales. El gobierno alega un incremento del 346% en los costos, con aumentos desproporcionados en el comercio y grandes usuarios que llegan a alcanzar el 656%, mientras que la inflación interanual apenas se posiciona en el 193%.
El sector empresarial cordobés: ¿víctima o cómplice?
Las cámaras empresariales cordobesas, si bien han expresado preocupación por los costos adicionales, se encuentran divididas en cuanto a su postura en este conflicto. La Unión Industrial de Córdoba (UIC) y Fedecom han manifestado su apoyo al reclamo nacional, denunciando a las tasas como “inconstitucionales” e injustas. Señalan que estas tasas le restan competitividad a las industrias cordobesas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, generando una desigualdad inaceptable.
Sin embargo, otras entidades empresarias defienden los cargos municipales, argumentando que son necesarios para financiar obras públicas e infraestructura local que benefician a todo el sector empresarial. La compleja situación económica que atraviesan las economías regionales deja pocos márgenes de maniobra para los municipios.
El impacto en los comercios e industrias es evidente. Muchos comercios e industrias electrointensivas manifiestan pagar tasas de alumbrado que no se condicen con la realidad del servicio. Carolina Benito, de Aerca, una asociación empresarial de Villa María, señala que la presión impositiva de municipios y provincia es alta y dificulta la eficiencia. “Celebramos que a nivel nacional haya una bajada de quitarle presión al sector privado, pero no sentimos el mismo trato a nivel municipal.”
La disputa entre Nación y Provincia deja a las empresas en una situación delicada. Quedan en el medio de la lucha, presionadas por ambos bandos y sin una solución clara a la vista. Mientras tanto, las boletas de servicio, con sus controvertidas tasas, continúan llegando a los hogares y negocios cordobeses.
El futuro de la batalla: ¿un fallo judicial?
La batalla por las tasas en los servicios públicos en Córdoba parece encaminarse hacia una resolución judicial. La Provincia se resiste con uñas y dientes a los reclamos de la Nación. Se espera una larga y compleja batalla legal que podría durar meses, incluso años. La opinión pública se encuentra dividida, con partidarios de la autonomía provincial frente a los defensores de una regulación nacional que busque mayor equidad en los costos para todos los ciudadanos del país.
En resumen, el desafío de Córdoba a la Nación por las tasas en servicios públicos es un reflejo del complejo equilibrio entre el federalismo y la regulación en Argentina. Un caso emblemático que deja abierta una gran interrogante ¿Quién terminará ganando la batalla?
