Dos años y cuatro meses de angustia, incertidumbre y reclamos de justicia. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde el brutal asesinato de Santiago Aguilera, el joven de 18 años secuestrado y torturado en Traslasierra, Córdoba. Finalmente, la semana pasada, dos nuevos sospechosos fueron detenidos, elevando a cuatro el número de arrestados en este caso que ha conmocionado a la provincia y ha puesto bajo la lupa la actuación del fiscal federal Enrique Senestrari. ¿Se acerca la verdad o solo se trata de una nueva cortina de humo en una investigación plagada de irregularidades?
Detenciones tardías y un fiscal bajo fuego
Las detenciones de Pedro González y Alejandro Altamirano, este último con antecedentes penales por narcomenudeo, han generado más preguntas que respuestas. ¿Por qué recién ahora, después de más de dos años, se producen estos arrestos? ¿Qué información nueva ha salido a la luz? El hallazgo fortuito del DNI de Santiago en un potrero de Villa Dolores, a pocos kilómetros de donde se encontró su cuerpo, diez días antes de las detenciones, parece una coincidencia demasiado conveniente. ¿Se trata de una pista real o de una puesta en escena para simular avances en la investigación?
El fiscal Senestrari, blanco de las críticas de la familia Aguilera desde el inicio del caso, se ha mantenido en un silencio casi absoluto. Su hermetismo y la lentitud de la investigación han alimentado las sospechas de irregularidades y encubrimiento. Carlos Aguilera, padre de Santiago, ha anunciado una demanda penal contra Senestrari por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. La familia, además, ha solicitado en repetidas ocasiones que la causa pase a la Justicia provincial, solicitud que ha sido denegada hasta el momento.
Recordemos que previamente otros dos sospechosos fueron detenidos: Walter Gil, quien trabajaba en el corralón de la familia Aguilera, y Julio César Ramírez. Sin embargo, las pruebas en su contra parecen ser endebles, y en el caso de Ramírez, fue liberado y vuelto a detener en un abrir y cerrar de ojos, lo que aumenta la sensación de improvisación y falta de profesionalismo en la investigación.
Un valle de Traslasierra conmocionado y una justicia en deuda
El crimen de Santiago Aguilera ha dejado una profunda herida en la comunidad de Traslasierra. La saña con la que fue torturado y asesinado ha generado una ola de indignación y temor. La falta de respuestas por parte de la justicia solo ha agravado el dolor de la familia y la desconfianza de la sociedad en las instituciones.
Mientras tanto, el fantasma del narcotráfico sobrevuela la investigación. La vinculación de los nuevos detenidos con el mundo de las drogas abre interrogantes sobre las posibles conexiones del caso con redes criminales más amplias. ¿Fue Santiago víctima de una venganza narco? ¿Estaba involucrado en algo turbio sin el conocimiento de su familia? La falta de transparencia de la fiscalía impide que la sociedad conozca la verdad.
¿Qué hacía el DNI de Santiago tirado en un potrero? ¿Fue plantado allí intencionalmente? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de este crimen atroz? Las preguntas se acumulan y la paciencia de la familia y de la sociedad se agota. El caso Santiago Aguilera se ha convertido en un símbolo de la impunidad y la ineficiencia de la justicia en Argentina.
La justicia tiene la obligación de responder a las demandas de la sociedad y de la familia Aguilera. Es necesario que se esclarezca este crimen aberrante y que los responsables sean condenados con todo el peso de la ley. El tiempo corre, y con cada día que pasa, la memoria de Santiago se desvanece y la esperanza de justicia se diluye.
Exigimos al fiscal Senestrari y a las autoridades judiciales que actúen con celeridad y transparencia. No podemos permitir que este caso quede impune. La vida de Santiago Aguilera y la tranquilidad de la sociedad de Traslasierra están en juego.
Instamos a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto a que mantengan viva la llama de la justicia para Santiago. La presión social es fundamental para que este caso no caiga en el olvido y para que los responsables paguen por sus crímenes.
El caso Santiago Aguilera es un llamado de atención sobre la necesidad de reformar el sistema judicial y de combatir la corrupción e impunidad que lo carcomen. Solo así podremos construir una sociedad más justa y segura para todos.
