La Policía Federal de Brasil presentó este jueves una acusación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La investigación, exhaustiva y de más de dos años de duración, concluye que Bolsonaro lideró una trama para derrocar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, llegando incluso a considerar su asesinato.
Detalles de la Acusación
El documento, que supera las 700 páginas, será presentado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para su análisis. Además de Bolsonaro, se acusa a otras 36 personas, incluyendo exministros y militares de alto rango, de delitos que podrían acarrear penas de hasta 30 años de prisión. Entre los acusados se encuentran el exministro de Defensa, Walter Souza Braga Netto; el exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno; y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem.
La acusación detalla la presunta estrategia golpista, que involucró la creación de grupos especializados en la desinformación, la incitación a militares para un golpe de Estado, y la búsqueda de justificaciones legales para quebrar el orden democrático. La Policía Federal identificó al menos seis grupos de trabajo con responsabilidades específicas, demostrando la presunta coordinación entre los involucrados.
Las Pruebas Recopiladas
La investigación se basó en una amplia gama de pruebas obtenidas a través de la ruptura del secreto telefónico, bancario y fiscal, colaboraciones premiadas, registros e incautaciones, entre otras medidas autorizadas judicialmente. Los investigadores resaltan la cooperación de un exayudante de Bolsonaro, Mauro Cid, que ofreció información crucial sobre las actividades realizadas.
Según la investigación, Bolsonaro mantuvo diversas reuniones con oficiales de las Fuerzas Armadas, ministros de su gobierno y asesores en el Palacio de la Alvorada, en las cuales se discutió la posibilidad de un golpe para evitar la asunción de Lula da Silva. Los planes incluían un presunto atentado contra la vida de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin, así como la creación de un ‘comité de crisis’ integrado por militares.
Reacciones y Posibles Consecuencias
Bolsonaro rechazó las acusaciones, criticando al juez Alexandre de Moraes, quien lideró la investigación en el STF. El expresidente calificó el proceso como una persecución política, argumentando que se está utilizando la ‘creatividad’ para fabricarle cargos. Señaló que su defensa jurídica comenzará en la Procuraduría General de la República (PGR), la cual deberá decidir si presenta la acusación ante la Corte.
Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT), del presidente Lula, celebra la acusación y pide penas severas contra los implicados. La presidente del PT, Gleisi Hoffmann, solicitó justicia por los crímenes contra la democracia, mientras que el ministro de Comunicación, Paulo Pimenta, tildó a los acusados de ‘banda terrorista’ y descartó la posibilidad de una amnistía.
La presentación de la acusación coincide con un intento en el Congreso de impulsar una amnistía que beneficiaría a Bolsonaro y otros involucrados en los eventos del 8 de enero de 2023, cuando los partidarios del expresidente asaltaron sedes gubernamentales en Brasilia.
Implicaciones Futuras
El proceso legal que se avecina será largo y complejo. Bolsonaro y los demás acusados solo podrían ser detenidos si la Justicia considera que existe riesgo de fuga o de obstrucción a la investigación. Este caso es el tercero en el que se solicita la imputación del expresidente; previamente fue investigado por presunta falsificación de certificados de vacunación y por la importación ilegal de joyas.
La acusación contra Bolsonaro no solo tiene implicaciones legales sino también políticas. Las reacciones del gobierno actual y del apoyo de los movimientos bolsonaristas serán determinantes para la estabilidad política en Brasil. El futuro judicial de Bolsonaro y los demás implicados influirá profundamente en el panorama político brasileño.
