En el complejo panorama político y económico mexicano, una batalla silenciosa pero crucial está librándose entre los banqueros y el gobierno. El centro de este conflicto: la reforma a las plataformas digitales y el futuro de los miles de trabajadores repartidores en el país.
La reforma que desató la polémica
Recientemente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto que establece la obligatoriedad de la seguridad social para los trabajadores de plataformas digitales como Didi Food, Uber Eats y Rappi. Esta medida, vista por muchos como un avance en la protección de los derechos laborales, ha generado una fuerte reacción por parte de algunos sectores poderosos.
Las quejas públicas, que al principio parecían provenir de las propias empresas tecnológicas, han despertado sospechas en el seno del gobierno federal. Se rumorea que la oposición a esta iniciativa no es tan espontánea como parece.
Las sospechas apuntan a los banqueros
Según información filtrada, un informe interno del gobierno apunta directamente hacia un grupo de banqueros, encabezados por el prominente Carlos Hank González, como los principales incitadores del descontento. La presunta estrategia consiste en presionar a las plataformas digitales para que obstaculicen la implementación de la reforma.
Se dice que Hank González habría pedido personalmente a altos directivos de DiDi México y Uber México que utilizaran todos los recursos necesarios para frenar los cambios laborales propuestos por el gobierno. Este rumor ha sido impulsado por Andrés Lajous, actual director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, quien conoce de cerca los métodos de Hank González, fruto de sus experiencias previas.
Un historial de conflictos
La confrontación entre Andrés Lajous y las plataformas digitales no es nueva. Durante su etapa como titular de la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México, Lajous destapó un fideicomiso millonario y discrecional creado en 2016, del que solo parecían tener conocimiento Miguel Ángel Mancera, Hank González y las propias plataformas digitales.
Este fideicomiso, alimentado con un 1.5% de cada viaje realizado a través de las plataformas y administrado por Banco Interacciones (posteriormente fusionado con Banorte), operaba bajo el velo del secreto bancario. Lajous, al hacer públicos estos fondos con el objetivo de transparentarlos y gravarlos, se ganó la enemistad de los implicados.
El secreto bancario: ¿El verdadero punto de conflicto?
La resistencia de las plataformas digitales a la reforma laboral parece estar menos relacionada con el costo de la seguridad social para sus trabajadores -pues fondos existen en abundancia- y más con la protección del secreto bancario. Los banqueros que administran el dinero de las plataformas buscan evitar que estos fondos queden bajo la mirada escrutadora del SAT y la Secretaría de Hacienda.
La molestia de Hank González con el gobierno actual parece haber aumentado tras el acercamiento entre Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La posibilidad de usar Mercado Pago para servicios públicos en la CDMX demuestra una alianza estratégica entre el gobierno y una plataforma digital que podría perjudicar los intereses de los bancos tradicionales.
El gobierno y su apuesta por los servicios financieros digitales
La administración actual impulsa con fuerza el desarrollo de los servicios financieros digitales, visto como una estrategia clave para reducir la exclusión financiera, formalizar la economía e incrementar la recaudación de impuestos. La cooperación con Mercado Libre parece encajar perfectamente con esta estrategia.
Esta estrategia, sin embargo, choca frontalmente con los intereses de bancos tradicionales como Banorte, que ven con recelo cualquier iniciativa que pueda erosionar su control sobre el flujo de capital y la información financiera. Esta es la verdadera batalla tras bambalinas.
Un panorama complejo
La situación es compleja. Por un lado, el gobierno busca proteger a los trabajadores de plataformas digitales y promover la inclusión financiera. Por otro lado, poderosos intereses económicos se oponen, utilizando la presión política y el secretismo financiero como armas. El desenlace de este enfrentamiento determinará en gran medida el futuro de las plataformas digitales y la relación entre el sector privado y el gobierno mexicano.
El tiempo dirá quién se impondrá en esta lucha por el control de la economía digital en México, pero una cosa es segura: la transparencia y la protección de los derechos laborales están en juego.
