La Pampa está en llamas, pero no por incendios forestales. La batalla entre el Banco Nación y el gobierno provincial escaló a un nivel explosivo, con cierres de sucursales y demandas judiciales como protagonistas. ¿El detonante? Un ‘impuesto solidario’ que el gobierno pampeano, liderado por el gobernador Sergio Ziliotto, impuso a los bancos, en particular al Banco Nación, disparando la tensión entre ambos bandos. Este impuesto solidario se presentó bajo el argumento de que es necesario enfrentar la crisis alimentaria en la provincia, pero la medida despertó una furiosa reacción en el Banco Nación, que ha prometido no quedarse con los brazos cruzados.
El Gobierno de La Pampa se defiende
Para el gobierno de La Pampa, este impuesto solidario no es nada más que un paliativo esencial en la ardua lucha contra el hambre. Acusan al gobierno nacional de abandonar a las provincias, recortando fondos esenciales y dejando a La Pampa en una situación de emergencia alimentaria, por lo que se justifica implementar medidas extraordinarias. “Es un esfuerzo temporal para ayudar a los que menos tienen”, aseguran, defendiéndose de las acusaciones de abuso de poder. Según el Gobierno de La Pampa, el Banco Nación, con sus millonarias ganancias, debería ser solidario y contribuir con los esfuerzos para alimentar a las familias más necesitadas. Señalan que el aporte solidario equivale apenas al uno por mil de las ganancias del Banco Nación.
El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, salió a defender la medida destacando que los ingresos extraordinarios del sistema financiero permiten afrontar este esfuerzo temporario, esencial para garantizar el acceso a los alimentos de las familias vulnerables.”Son momentos de solidaridad con los que menos tienen”, aseguró, recalcando que el Banco de La Pampa, también afectado por el aumento, ha optado por no trasladar el incremento tributario a sus clientes.
El Banco Nación contraataca: Cierres y demandas
La respuesta del Banco Nación no se hizo esperar. Tras el aumento del impuesto sobre los ingresos brutos, que pasó del 9.1% al 15.47%, la entidad financiera anunció una serie de medidas drásticas: el cierre de nueve de sus catorce sucursales en La Pampa y el despido de un centenar de trabajadores, afectando directamente a localidades como Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatrache, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica. La entidad bancaria además ya presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, declaró que la decisión se debe a que la presión impositiva local duplica el gasto en la nómina salarial, lo que, según su argumento, representa una imposición sobre la presencia territorial del banco. “Estos tributos no gravan al Banco Nación, sino que terminan siendo un impuesto a los créditos”, afirmó Tillard, justificando los cierres como una respuesta al aumento arbitrario de la carga impositiva.
La entidad financiera, con una cartera de créditos en La Pampa que duplica sus depósitos, asegura que el aumento de la alícuota de ingresos brutos no se aplicará solo al banco sino que se trasladará directamente a sus clientes, encareciendo los créditos y afectando a las familias y pymes pampeanas. Esta estrategia, dicen los voceros del banco, afecta la promesa del gobierno nacional de inflación cero, impuesta por Javier Milei.
La oposición se suma a la polémica
La oposición, conformada por la UCR, el PRO-MID y Comunidad Organizada, no se ha quedado al margen del enfrentamiento, aprovechando la situación para criticar la gestión de Ziliotto. Utilizan el cierre de sucursales del Banco Nación como argumento para cuestionar la medida del gobierno. Reclaman a Ziliotto y su equipo que reconsideren la política impositiva y analicen alternativas para solucionar la emergencia alimentaria sin afectar la economía provincial.
El diputado provincial Espartaco Marín, en este contexto, afirmó que el Banco Nación aplica las mismas comisiones y tasas de interés en todo el país, desmintiendo la afirmación de que el aumento en La Pampa sería absorbido por el banco sin repercusiones en los usuarios. “El principal argumento de la oposición para rechazar el aumento de ingresos brutos, (recordemos “LO VAN A TRASLADAR A LOS CLIENTES”) desmentido por el mismo Banco Nación”, afirmó Marín.
El futuro incierto
El enfrentamiento entre el Banco Nación y el gobierno de La Pampa deja un futuro incierto para la provincia. El cierre de las sucursales del Banco Nación genera una crisis económica local, que afecta a familias, empresas y a los propios empleados del banco. Si bien la situación es tensa, las partes se encuentran en conversaciones intentando resolver este conflicto que parece sin salida, con la amenaza de que la situación empeore antes de solucionarse.
La demanda judicial del Banco Nación podría ser un punto clave, determinando el rumbo de esta batalla legal y económica. Dependiendo de la decisión judicial, se podrían definir sanciones para el Gobierno Pampeano o el Banco Nación podría verse obligado a negociar las condiciones. Mientras tanto, la atención nacional se centra en La Pampa, observando atentamente cómo termina este episodio con posibles consecuencias en otras provincias.
Este caso, en su conjunto, plantea interrogantes acerca de los límites del poder fiscal provincial, los derechos de los bancos y la real necesidad de medidas extraordinarias para enfrentar las crisis alimentarias. La pregunta final es: ¿quién saldrá ganando en esta batalla? Y aún más importante, ¿quién perderá?
