El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha tomado dos decisiones significativas en el sector energético: la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país, y la reactivación del Decreto 929/2013, que incentiva la inversión en la producción de hidrocarburos no convencionales. Ambas medidas buscan atraer inversiones, modernizar el sector y asegurar el abastecimiento energético a largo plazo. Sin embargo, también generan controversia y debate sobre el rol del Estado en la economía.
Transener: La joya de la corona energética en manos privadas
La decisión de privatizar Transener, anunciada por el secretario de Energía, Daniel González, ha generado un impacto inmediato en el mercado. Las acciones de la empresa se dispararon más del 15% tras el anuncio, reflejando la expectativa de los inversores sobre la rentabilidad futura de la compañía bajo gestión privada. Transener opera la red nacional de transporte de energía eléctrica, con más de 12.400 kilómetros de líneas de alta tensión que atraviesan el país. Además, controla Transba, la empresa encargada de la distribución troncal en la provincia de Buenos Aires.
El Estado argentino, a través de Enarsa, posee el 51% de las acciones Clase A de Transener. La otra mitad de Citelec (la empresa controlante de Transener) pertenece a Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin. La venta de la participación estatal busca, según el gobierno, alinear la gestión de la empresa con criterios de eficiencia y rentabilidad del sector privado. Se espera que la privatización atraiga inversiones para modernizar la red de transporte y mejorar la calidad del servicio.
Reactivación del Decreto 929: Un impulso a Vaca Muerta
El Decreto 929/2013, conocido como el “Decreto Chevron”, establece beneficios para las empresas que inviertan en la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, la principal formación de shale oil y gas de Argentina. Estos beneficios incluyen la posibilidad de exportar el 20% de la producción sin pagar retenciones y mantener las divisas generadas en el exterior, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos de inversión.
Aunque el decreto fue sancionado en 2013, su aplicación se vio postergada por los gobiernos anteriores debido a las restricciones cambiarias. La decisión de Milei de reactivarlo busca atraer inversiones para el desarrollo de Vaca Muerta, considerada clave para el autoabastecimiento energético y la generación de divisas.
La reactivación del decreto beneficia a empresas como Chevron y Petronas, que ya han realizado importantes inversiones en Vaca Muerta. Se espera que esta medida impulse la producción de petróleo y gas, generando un impacto positivo en la economía argentina.
Impacto en el mercado y perspectivas futuras
Ambas medidas, la privatización de Transener y la reactivación del Decreto 929, han sido bien recibidas por los inversores y el sector empresarial. Se espera que generen un mayor flujo de capitales hacia el sector energético, impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo. Sin embargo, existen preocupaciones sobre el impacto que la privatización de Transener pueda tener en las tarifas de energía eléctrica para los consumidores.
El gobierno deberá asegurar que la desregulación del sector no se traduzca en un aumento desmedido de los precios para los usuarios. Además, es necesario garantizar la transparencia en el proceso de privatización para evitar la concentración del mercado en pocas manos y promover la competencia.
En el caso de Vaca Muerta, el desafío es asegurar que el desarrollo de la producción de hidrocarburos se realice de manera sostenible, minimizando el impacto ambiental y garantizando el desarrollo social de las comunidades locales. El gobierno deberá implementar políticas que promuevan la inversión responsable y el cuidado del medio ambiente.
En resumen, las decisiones del gobierno argentino en el sector energético buscan modernizar la infraestructura, atraer inversiones y asegurar el abastecimiento a largo plazo. El éxito de estas medidas dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar los intereses del sector privado con las necesidades de la sociedad en su conjunto. La transparencia, la regulación eficiente y la sostenibilidad ambiental serán claves para asegurar un futuro energético próspero para Argentina.
