El Gobierno de Javier Milei ha decretado un nuevo salario mínimo de $279.718 pesos, un monto que ha generado fuertes críticas por parte de los sindicatos y diversos sectores de la sociedad. Esta decisión se enmarca en la visión liberal del presidente, que considera al salario mínimo como una distorsión del mercado laboral, y aspira a su eventual eliminación. El decreto, que establece un aumento escalonado hasta alcanzar los $296.832 en marzo, se percibe como insuficiente frente a una inflación interanual cercana al 120% y una canasta básica familiar que supera el millón de pesos.
La visión de Milei: el salario mínimo como un obstáculo
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, defendió la postura del Gobierno argumentando que el salario mínimo impide la contratación de personas dispuestas a trabajar por menos, lo que considera una limitación al libre funcionamiento del mercado. “Conceptualmente, tener un salario mínimo es un error”, afirmó Adorni, agregando que la aspiración del Gobierno es que este deje de existir cuando “Argentina sea completamente normal”. Esta declaración ha generado un intenso debate, ya que los críticos argumentan que la eliminación del salario mínimo dejaría a los trabajadores más vulnerables a la explotación laboral y profundizaría la desigualdad.
Según los datos oficiales, el salario mínimo actual, equivalente a 230 dólares, es insuficiente para cubrir la canasta básica, lo que significa que quien percibe este ingreso vive en la pobreza. A pesar de que el Gobierno destaca que el salario mínimo en dólares ha alcanzado su valor máximo en cinco años (231 dólares), este incremento se debe a la apreciación del peso frente al dólar, y no a una mejora real del poder adquisitivo.
Comparativamente, el salario mínimo en Argentina representa una quinta parte del salario mínimo en España (1.181 dólares), donde el costo de la canasta básica es similar. Esta disparidad evidencia la precariedad del ingreso mínimo en Argentina y su impacto en la calidad de vida de los trabajadores.
El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina señala que el valor real del salario mínimo actual es inferior al de la década de 1990 e incluso al de la crisis de 2001-2002, lo que evidencia un retroceso histórico en el poder adquisitivo de los trabajadores.
El rechazo sindical y la demanda de un salario digno
Las centrales obreras, encabezadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), han expresado un enérgico rechazo al decreto del Gobierno, calificándolo como una “vergüenza” y acusando al Ejecutivo de arbitrar “a favor de los intereses empresarios y en contra de los trabajadores”. Los sindicatos habían propuesto un salario mínimo de $572.000 para diciembre, en línea con el costo de la canasta básica total, mientras que la oferta empresarial, cercana a la cifra decretada por el Gobierno, fue considerada inaceptable.
La falta de acuerdo en el Consejo del Salario permitió al Gobierno fijar el salario mínimo por decreto, una práctica que ha sido criticada por los sindicatos, quienes la consideran una muestra de autoritarismo y una falta de diálogo social. “El Gobierno se escude en la falta de acuerdo para imponer su voluntad”, denunció un representante de la CGT.
La preocupación de los sindicatos radica en que el bajo salario mínimo no solo afecta a los trabajadores formales, sino que también se utiliza como referencia para las jubilaciones y para el 40% de los asalariados que se encuentran en la informalidad. “Un salario mínimo insuficiente condena a la pobreza a millones de argentinos”, afirmó un dirigente sindical.
Además del impacto en el poder adquisitivo, los sindicatos advierten sobre las consecuencias del decreto en la negociación colectiva, ya que un salario mínimo bajo debilita la posición de los trabajadores en las discusiones salariales. “El Gobierno está precarizando el trabajo y fomentando la desigualdad”, sentenció un líder sindical.
El debate: ¿regulación o libre mercado?
El decreto del salario mínimo ha reavivado el debate sobre el rol del Estado en la economía y la necesidad de regular el mercado laboral. Mientras el Gobierno defiende la libertad de mercado como el camino para el crecimiento económico, los sindicatos y otros sectores sociales argumentan que la intervención estatal es necesaria para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar una distribución más justa de la riqueza. El choque de visiones se centra en la disyuntiva entre la eficiencia económica y la justicia social.
Los defensores del salario mínimo argumentan que este no solo protege a los trabajadores de la explotación, sino que también estimula la demanda interna, ya que un mayor poder adquisitivo impulsa el consumo. Además, señalan que un salario mínimo adecuado contribuye a la reducción de la pobreza y la desigualdad, mejorando la cohesión social.
Por otro lado, quienes se oponen al salario mínimo sostienen que este genera desempleo, ya que las empresas, al verse obligadas a pagar un salario más alto, contratan menos personal. También argumentan que el salario mínimo distorsiona el mercado laboral, impidiendo que los salarios se ajusten a la oferta y la demanda.
El debate sobre el salario mínimo en Argentina se enmarca en un contexto de polarización política y económica, donde las diferentes visiones sobre el rol del Estado y la distribución de la riqueza se enfrentan en un escenario de alta inflación y desigualdad. La decisión del Gobierno de Milei de decretar un salario mínimo insuficiente mientras busca su eliminación promete ser un tema central en la agenda política y social del país en los próximos meses.
