El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha emitido una enérgica solicitud al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, exigiendo la entrega inmediata de salvoconductos para seis opositores venezolanos que se encuentran asilados en la embajada argentina en Caracas. Estos individuos, estrechamente vinculados a la líder opositora María Corina Machado, han buscado refugio en la sede diplomática desde marzo, enfrentando una creciente hostilidad por parte del régimen chavista. La situación se ha agravado en las últimas semanas, con cortes de electricidad, restricciones de agua potable y un asedio constante por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, lo que ha generado una profunda preocupación en la comunidad internacional.
Un llamado a la comunidad internacional
La Cancillería argentina, a cargo de Gerardo Werthein, expresó su “máxima preocupación” por la situación, calificándola de “peligro inminente” para la vida de los asilados. En un comunicado oficial, el gobierno argentino exigió al régimen de Maduro “la inmediata entrega de los salvoconductos que garanticen su salida segura” del país. Además, hizo un llamado a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional en su conjunto para que “adopten medidas firmes y urgentes” ante esta grave violación de los derechos humanos y el derecho internacional.
La solicitud de Argentina se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países. Tras las elecciones presidenciales de julio en Venezuela, consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, el gobierno de Milei no reconoció los resultados y retiró a sus diplomáticos de Caracas. Desde entonces, la embajada argentina ha estado bajo la protección de Brasil, un hecho que ha generado aún más fricción con el régimen de Maduro.
Asedio y hostigamiento contra los asilados
Los seis opositores asilados, que forman parte del equipo de María Corina Machado, han denunciado un incremento del asedio y el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas. Según informes, más de 20 agentes rodearon la embajada, amenazando con ingresar a la fuerza para detenerlos. Además de la presencia policial intimidatoria, los asilados han sufrido cortes de electricidad, restricciones en el suministro de agua potable y dificultades para recibir alimentos y medicamentos. La situación se asemeja a un “estado de sitio”, según la oposición venezolana, con el objetivo de presionar a los asilados y forzar su salida de la embajada sin las garantías de un salvoconducto.
Machado, quien se encuentra en la clandestinidad debido a las amenazas del régimen, ha hecho un llamado a la comunidad internacional a través de las redes sociales para que se garantice la seguridad de los asilados. La líder opositora ha pedido a los gobiernos de Argentina y Brasil que “atiendan esta situación con la gravedad que merece” y que “dediquen todos sus esfuerzos para lograr los salvoconductos”. También ha solicitado al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela que garantice la protección y los servicios esenciales para los asilados.
El silencio cómplice de Maduro
Hasta el momento, el régimen de Maduro no ha respondido a la solicitud del gobierno argentino ni ha dado muestras de ceder ante la presión internacional. La semana pasada, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, justificó la falta de suministros en la embajada argumentando que no se estaban pagando las facturas, una afirmación que ha sido desmentida por la oposición. La actitud del régimen venezolano evidencia una clara violación del derecho internacional y del derecho de asilo, poniendo en grave riesgo la vida de los seis opositores que buscan protección en la embajada argentina.
El caso de los asilados venezolanos en la embajada argentina en Caracas se ha convertido en un nuevo foco de tensión en la región, poniendo de manifiesto la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela. La comunidad internacional observa con atención la respuesta del régimen de Maduro ante la exigencia del gobierno argentino y la presión de organismos internacionales. La vida de seis personas depende de la decisión que tome el régimen venezolano en las próximas horas, una decisión que podría tener importantes consecuencias para la estabilidad política en la región.
La responsabilidad de Brasil
La embajada argentina en Caracas se encuentra actualmente bajo la protección de Brasil debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela. Esta situación coloca al gobierno brasileño en una posición delicada, con la responsabilidad de garantizar la seguridad de los asilados y de mediar en la crisis. El presidente Lula da Silva ha sido llamado a intervenir para asegurar la entrega de los salvoconductos y evitar que la embajada se convierta en un “calabozo”, como lo han denunciado algunos activistas y políticos.
La decisión de Brasil de mantener la custodia de la embajada argentina, a pesar de la revocación de la autorización por parte del régimen de Maduro en septiembre, demuestra el compromiso del país con el derecho internacional y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la situación actual exige una mayor presión por parte de Brasil y de la comunidad internacional para que se garantice la salida segura de los asilados y se respete la integridad de la sede diplomática.
