El gobierno de Javier Milei en Argentina ha generado una significativa controversia debido a sus acciones en materia de derechos indígenas, violencia de género y su aparente subordinación a la política exterior de Estados Unidos. Este análisis profundiza en estas áreas, examinando el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) para modificar leyes y afectar derechos adquiridos.
Subordinación a la política exterior de Estados Unidos
Una de las críticas más recurrentes al gobierno de Milei es su alineación con la política exterior estadounidense. La votación en contra de la resolución de la ONU sobre los derechos de los pueblos originarios, siendo Argentina el único país en disentir, ilustra este punto. Esta decisión contrasta fuertemente con el consenso internacional y genera interrogantes sobre la independencia de la política exterior argentina.
Esta postura se refuerza con la votación en contra de la resolución sobre la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, otra decisión aislada que ha generado un amplio rechazo. La designación de Alejandro “Alec” Oxenford, creador de OLX, como embajador en Estados Unidos, también se interpreta como una señal de esta inclinación hacia la política estadounidense.
Retroceso en los derechos de los pueblos originarios
La aplicación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ha suscitado preocupación por su potencial impacto negativo en los derechos de los pueblos originarios. El RIGI podría vulnerar los derechos de posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, un derecho reconocido por la Constitución Nacional.
La derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas y la suspensión de solicitudes de inscripción, reflejan una política que parece restar importancia a la protección de los derechos de estas comunidades. Estas acciones provocan un retroceso significativo en las políticas de reconocimiento y protección de los derechos indígenas que se habían implementado en Argentina en las últimas décadas.
Gobierno por decreto: Uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)
El gobierno de Milei ha recurrido extensivamente a los DNU para implementar cambios legislativos significativos, en temas como el canje de deuda, las jubilaciones, los alquileres y las privatizaciones, incluso con el Congreso en sesiones ordinarias. Esta práctica, que menoscaba el proceso legislativo normal, genera preocupación sobre la transparencia y el respeto al Estado de derecho.
El Decreto 846/24, que modifica la Ley 24.156 de Administración Financiera, elimina requisitos para operaciones de deuda pública, facilitando un canje a medida de los acreedores. Simultáneamente, se han realizado transferencias significativas de fondos (ATN) a varias provincias, sugiriendo una estrategia de negociación política que compromete la autonomía del poder legislativo. Esto refuerza la idea de un gobierno que opera con poca consideración por los mecanismos democráticos tradicionales.
Impacto en las provincias
La estrategia del gobierno nacional de utilizar los ATN como herramienta de negociación con los gobernadores, para evitar o aprobar legislación, perjudica la autonomía provincial y debilita el federalismo. La falta de transparencia y la concentración de poder en manos del ejecutivo nacional, erosiona los controles y equilibrios propios de un sistema democrático, como el control del congreso sobre el ejecutivo.
La suspensión de fondos para cubrir el déficit de las cajas previsionales de 13 provincias, sin el debido proceso o negociación, ilustra la aplicación arbitraria de políticas que afectan directamente el bienestar de la población. De igual manera el DNU 969/24 que pretende extinguir obligaciones recíprocas entre Nación y provincias, refleja la poca preocupación por el respeto de los acuerdos establecidos.
Un gobierno con poca consideración por los procesos democráticos tradicionales
El análisis de las acciones del gobierno de Javier Milei revela una tendencia hacia la concentración de poder, la subordinación a la política exterior estadounidense y la falta de respeto por los procesos legislativos democráticos. El uso indiscriminado de DNU, las controversiales decisiones en organismos internacionales y el impacto en los derechos indígenas, la violencia de género y las autonomías provinciales evidencian un modelo de gobierno que suscita serias preocupaciones sobre el futuro de la democracia argentina.
Para una sociedad democrática, es fundamental la transparencia, el respeto al estado de derecho y la separación de poderes. Las acciones y políticas llevadas adelante por la actual administración muestran, en este momento, una falta de respeto general hacia estos principios democráticos básicos. Es crucial un análisis profundo y abierto para evaluar las implicaciones de estas políticas a largo plazo y asegurar la defensa de los derechos y la democracia en Argentina.
