El año 2024 en Argentina ha estado marcado por un profundo debate en torno al ajuste presupuestario implementado por el gobierno de Javier Milei. Mientras que los indicadores macroeconómicos muestran un superávit fiscal, la realidad social revela un panorama sombrío con fuertes recortes en áreas esenciales como salud, educación y desarrollo social. Este análisis busca desentrañar las complejidades de este escenario, confrontando los logros fiscales con el costo social del ajuste.
El Superávit Fiscal: ¿Un logro a cualquier costo?
Los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) indican que el gobierno ha logrado mantener un superávit primario durante casi todo el año 2024, alcanzando los $10,71 billones en los primeros once meses. Este resultado se atribuye principalmente a una reducción del gasto público del 27% interanual, impulsada por fuertes recortes en áreas como obra pública, transferencias a provincias y remuneraciones estatales. Sin embargo, este logro fiscal no está exento de controversias.
Expertos advierten que el superávit se ha alcanzado a expensas de una drástica reducción en la inversión pública y el desmantelamiento de programas sociales cruciales. Además, la falta de transparencia en la contabilización de los intereses de la deuda pública genera dudas sobre la sostenibilidad del superávit a largo plazo. La pregunta clave es: ¿es este un modelo económico viable que prioriza la estabilidad fiscal por encima del bienestar social?
El Colapso Social: La otra cara del ajuste
El ajuste presupuestario ha tenido un impacto devastador en áreas clave para el desarrollo humano. El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela una caída del 32% en la ejecución presupuestaria real en comparación con 2023. Esta reducción se traduce en recortes drásticos en programas de salud, educación, desarrollo social y ciencia, llevando a la paralización de servicios esenciales y al aumento de la vulnerabilidad social.
En el sector salud, programas críticos como el de acceso a medicamentos y la prevención de enfermedades han sufrido recortes superiores al 50%. Hospitales nacionales e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer enfrentan una grave crisis financiera, con reducciones presupuestarias que comprometen la atención médica de la población. La situación se agrava aún más con el cierre de hospitales, como el caso del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, dejando a miles de personas sin acceso a servicios esenciales.
En el ámbito educativo, la situación es igualmente preocupante. El Fondo Nacional de Incentivo Docente ha sido prácticamente desmantelado con una reducción del 98%, mientras que programas como Conectar Igualdad y las Becas Estudiantiles han sufrido recortes que superan el 60%. Estas medidas afectan directamente la calidad de la educación y el acceso a la misma, profundizando las desigualdades sociales.
El desarrollo social también ha sido duramente golpeado por el ajuste. Programas de asistencia social como Potenciar Trabajo han visto su presupuesto reducido en un 85%, dejando a miles de familias en situación de extrema vulnerabilidad. La falta de financiamiento para comedores comunitarios y programas de apoyo a la primera infancia agrava aún más la crisis social, condenando a los sectores más vulnerables a la pobreza y la marginalidad.
La inversión en ciencia y tecnología también se ha visto afectada, con fuertes recortes en organismos como el CONICET y la CONAE. Esta desinversión compromete el desarrollo científico y tecnológico del país, hipotecando su futuro.
El debate sobre la eficiencia y la equidad
El superávit fiscal alcanzado por el gobierno de Milei ha generado un intenso debate sobre la eficiencia y la equidad de las políticas de ajuste. Si bien la estabilidad macroeconómica es un objetivo deseable, la forma en que se ha logrado plantea serias dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo y su impacto en la sociedad.
Los críticos argumentan que el ajuste ha sido excesivamente drástico, sacrificando áreas clave para el desarrollo humano en aras de un superávit fiscal que no se traduce en mejoras concretas para la población. La reducción del gasto público no ha ido acompañada de una estrategia de crecimiento económico que genere empleo y mejore la calidad de vida de los argentinos. Por el contrario, el ajuste ha profundizado la recesión, el desempleo y la pobreza.
Otro punto de controversia es la distribución del ajuste. Mientras que los sectores más vulnerables han sufrido recortes drásticos en servicios esenciales, el gasto en áreas como las Fuerzas Armadas ha aumentado considerablemente. Esta disparidad en la asignación de recursos plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno y su compromiso con la equidad social.
Finalmente, la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos y la opacidad en la contabilización de la deuda pública generan desconfianza sobre la sostenibilidad del modelo económico implementado. La sociedad exige respuestas claras sobre el destino de los recursos y la estrategia del gobierno para afrontar la crisis económica y social.
