En las cárceles bonaerenses, la presencia de teléfonos celulares es una realidad alarmante. Según datos oficiales, aproximadamente 43.000 dispositivos móviles están activos dentro de los muros, un 73% de la población carcelaria conectada a través de líneas móviles. Este acceso, inicialmente justificado como un beneficio humanitario para mantener el contacto familiar, se ha convertido en una puerta abierta para la actividad delictiva.
El lado oscuro de la conectividad carcelaria
La facilidad con la que los presos acceden a celulares facilita la expansión de redes criminales. Recientemente se conoció el caso de Víctor Hugo Balderrama, un albañil condenado a 50 años de prisión por violación reiterada de menores, quien utilizaba su celular para traficar material de abuso sexual infantil, revictimizando a sus víctimas. Este caso forma parte de un operativo más amplio que detectó otras diez células de pedofilia operando desde dentro de las cárceles.
Pero la problemática no se limita a la pedofilia. Investigadores señalan el creciente número de estafas virtuales y secuestros extorsivos que se orquestan desde las prisiones utilizando teléfonos móviles. La falta de control efectivo sobre estos dispositivos permite que los delincuentes continúen con su actividad criminal, incluso tras ser encarcelados.
El origen del problema: un fallo judicial y su interpretación
El acceso a celulares en las cárceles bonaerenses se remonta a un fallo judicial de 2020, dictado en medio de la pandemia de Covid-19. El juez Víctor Violini argumentó que, en un contexto de restricciones de visita, el acceso a la comunicación era esencial para mantener el vínculo familiar y el acceso a la educación a distancia. El gobierno de Axel Kicillof implementó un protocolo para regular esta medida, pero la realidad ha demostrado su ineficacia.
Si bien el protocolo establece restricciones en el uso de redes sociales, limitándolo a WhatsApp, y establece la obligación de un registro de celulares para identificar a los usuarios, la falta de control hace que estas normas sean prácticamente letra muerta. Se reconoce la imposibilidad de una supervisión efectiva, y el argumento de la administración actual es que el acceso a los celulares ayuda a mantener la paz dentro de las prisiones.
El debate entre seguridad y derechos humanos
La problemática genera un debate complejo entre la necesidad de asegurar la seguridad y la garantía de derechos humanos para la población reclusa. Por un lado, los defensores del acceso a los celulares argumentan que mantener contacto con la familia y el acceso a información son derechos fundamentales, incluso para quienes están privados de libertad. Se alega que la comunicación permite la reinserción social y la mejora de las condiciones de vida dentro de prisión.
Sin embargo, los detractores resaltan la evidente falta de control y el riesgo inherente de permitir que individuos condenados por delitos graves utilicen celulares para perpetuar actividades criminales. Acusan que la medida, en vez de ser humanitaria, se convierte en una herramienta de facilitación del delito, exponiendo a la población a nuevos riesgos.
Un problema que trasciende las fronteras de la provincia
La situación en Buenos Aires contrasta con las medidas implementadas en el ámbito federal. El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso un protocolo de “Alto Riesgo” que prohíbe el acceso a celulares para presos considerados con alta capacidad de fugarse o de dirigir actividades delictivas desde dentro de las prisiones. Esta decisión se acompaña con sanciones a agentes penitenciarios que actúan de manera permisiva, y a presos que violan la normativa.
En la provincia, si bien se han confiscado miles de celulares desde 2022, la cifra es considerablemente menor a la cantidad de dispositivos en uso, reflejando la ineficacia de los controles existentes. Se hace evidente la necesidad de una solución integral que garantice los derechos humanos de los presos sin poner en riesgo la seguridad de la sociedad.
Posibles soluciones: un camino incierto
La situación demanda un análisis profundo y la búsqueda de soluciones innovadoras. Se necesitan medidas que aseguren un equilibrio efectivo entre los derechos de los presos y la seguridad pública. Opciones como la implementación de sistemas de monitoreo y control más estrictos, junto con alternativas de comunicación seguras y controladas, podrían ser exploradas.
Por otro lado, es necesario reforzar la capacitación y formación del personal penitenciario en materia de detección y prevención de actividades criminales, y fomentar la colaboración entre las autoridades penitenciarias y las fuerzas de seguridad para un control más exhaustivo. Sólo con un enfoque integral se podrá afrontar este desafío.
la necesidad de una respuesta urgente
Los 43.000 celulares en las cárceles bonaerenses representan un serio problema de seguridad. Si bien la intención original de facilitar la comunicación tenía un propósito humanitario, la falta de control ha convertido a los dispositivos móviles en herramientas para expandir el crimen, afectando directamente a la sociedad en su conjunto. Es crucial tomar medidas rápidas y efectivas para regular el acceso a la tecnología en las prisiones, buscando un balance entre los derechos de los reclusos y la seguridad ciudadana.
