El Ministerio de Seguridad de la Nación ha ofrecido una recompensa de $10 millones a cualquier persona que proporcione información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de un video amenazante contra la ministra Patricia Bullrich y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La medida, oficializada mediante la Resolución 1295/2024 publicada en el Boletín Oficial, subraya la gravedad institucional del caso y su trascendencia a nivel nacional e internacional.
Un video que conmociona a la nación
El video, difundido el 1 de diciembre, muestra a cuatro individuos encapuchados y fuertemente armados profiriendo amenazas contra Bullrich, Pullaro y fiscales de Rosario. Los sujetos, calificados por el gobierno como “narcoterroristas”, afirman estar instalados en Buenos Aires y prometen “dejar muertos” en la capital y en Santa Fe. Acusan a los fiscales rosarinos de ser “la verdadera mafia” y advierten que “esto nunca va a terminar”. La grabación culmina con los individuos cargando sus armas y apuntando a la cámara, en un gesto intimidatorio que ha generado repudio generalizado.
Entre el armamento exhibido en el video, se identificaron subfusiles FMK3, una pistola Glock, un fusil FAL y una escopeta calibre 12. La ostentación de este poder de fuego, sumado a las explícitas amenazas, ha generado una gran preocupación en las autoridades y en la sociedad en general. El video no solo atenta contra la seguridad de los funcionarios mencionados, sino que también busca generar un clima de miedo e intimidación en la población.
La respuesta del Estado: $10 millones de recompensa
La resolución firmada por la ministra Bullrich establece una recompensa de $10 millones para quienes aporten información “útil, precisa y contundente” que permita la identificación y captura de los autores de las amenazas, así como la desarticulación de la organización criminal a la que pertenecen. Se busca obtener detalles sobre las actividades delictivas de este grupo y sus lugares de operación. La medida busca incentivar la colaboración ciudadana en la investigación y enviar un mensaje claro de que el Estado no tolerará este tipo de intimidaciones.
La recompensa se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el país, particularmente en Rosario, donde la violencia narco ha escalado en los últimos años. El gobierno nacional ha intensificado sus esfuerzos para combatir el crimen organizado, y esta recompensa es una herramienta más en esa lucha. Se espera que la suma ofrecida motive a personas con información clave a colaborar con la justicia.
Investigación en curso y las primeras hipótesis
La jueza María Servini de Cubría está a cargo de la investigación, y la Policía Federal Argentina ya ha realizado un análisis preliminar del video. Se están estudiando las voces, la vestimenta y el armamento de los sospechosos para obtener pistas sobre su identidad y posible vinculación con organizaciones criminales conocidas. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de que se trate de una banda proveniente de la provincia de Buenos Aires.
La ministra Bullrich ha señalado que la banda podría estar relacionada con grupos criminales que fueron trasladados recientemente a cárceles de alta seguridad. “En el último tiempo llevamos a las cárceles de alto riesgo a una banda muy pesada de la provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando sobre ello. No descartamos, aunque nombren a Pullaro, que pueda ser una banda de PBA”, declaró la funcionaria.
El gobernador Pullaro, por su parte, ha afirmado que las amenazas son una reacción de grupos criminales que buscan desestabilizar la provincia. “Estas son reacciones de grupos criminales que pretenden que Santa Fe vuelva atrás; pero, por el contrario, vamos a profundizar las acciones de persecución para terminar con estas organizaciones”, aseguró.
La investigación se centra en determinar la identidad de los autores del video, su ubicación y sus vínculos con organizaciones criminales. Se espera que la recompensa ofrecida por el gobierno contribuya a acelerar el proceso y llevar a los responsables ante la justicia.
El caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha reavivado el debate sobre la seguridad y el narcotráfico en Argentina. La violencia e intimidación demostradas en el video son un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer las instituciones y combatir con firmeza el crimen organizado.
Mientras la investigación avanza, la sociedad espera respuestas y justicia. La recompensa de $10 millones es una herramienta clave para esclarecer este caso y llevar tranquilidad a la población. El gobierno nacional ha demostrado su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y se espera que este caso sea un ejemplo de la firmeza con la que se enfrentará a este tipo de amenazas.
La colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de investigaciones. Cualquier persona que tenga información relevante sobre el caso puede comunicarse con las autoridades de manera anónima y contribuir a la resolución del mismo. La seguridad es un tema que nos concierne a todos y la participación activa de la sociedad es crucial para combatir el crimen y la violencia.
