La opacidad y los turbios manejos en la adjudicación de contratos públicos vuelven a ser noticia en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el foco se centra en la figura de Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte del gobierno de Axel Kicillof, quien se encuentra bajo la lupa de la justicia por un presunto esquema de corrupción en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Un negocio millonario a la sombra de la VTV
La investigación judicial apunta a un posible entramado de corrupción que habría permitido a un empresario cercano al Frente Renovador, Sebastián Desio, obtener un contrato exorbitante para la gestión de los turnos de la VTV en la provincia. La empresa de Desio, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica, se habría quedado con el 10% de la facturación total del sistema, un negocio que podría ascender a 20 millones de dólares en 2025 tras el aumento del 300% en las tarifas anunciado por el propio Ministerio de Transporte.
Lo que llama la atención de los investigadores es la aparente falta de infraestructura y personal de la empresa de Desio para gestionar un volumen tan grande de operaciones. Allanamientos recientes en la sede de la compañía revelaron una oficina vacía, sin computadoras ni empleados, lo que ha generado aún más sospechas sobre la legitimidad del contrato y la capacidad real de la empresa para prestar el servicio.
Este escándalo se suma a la ya controvertida causa de las fotomultas, donde D’Onofrio también ha sido señalado por presuntas irregularidades. La acumulación de denuncias contra el ministro ha puesto en una situación incómoda al gobernador Kicillof, quien por el momento ha mantenido a D’Onofrio en su cargo a pesar de la presión mediática y política.
El silencio cómplice del poder
Mientras la justicia avanza en la investigación, el silencio del gobernador Kicillof y del ministro D’Onofrio se hace cada vez más notorio. La falta de explicaciones claras y la negativa a dar entrevistas a los medios de comunicación alimentan las sospechas y la indignación de la ciudadanía, que ve cómo sus recursos podrían estar siendo desviados para enriquecer a unos pocos.
Sergio Massa, líder del Frente Renovador, se ha despegado públicamente de D’Onofrio y ha asegurado que el ministro y su entorno no tienen ninguna vinculación con su espacio político. Sin embargo, las fotografías que muestran a Desio con remeras del Frente Renovador y junto a jueces de falta imputados en la causa de las fotomultas, siembran dudas sobre la veracidad de las declaraciones de Massa.
En este contexto de hermetismo y acusaciones cruzadas, la justicia deberá determinar si existen pruebas suficientes para imputar a D’Onofrio y a otros funcionarios por los delitos de corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
¿Un daño colateral para Massa?
Algunos analistas políticos sugieren que la permanencia de D’Onofrio en el gabinete bonaerense podría ser una estrategia de Kicillof para dañar la imagen de Sergio Massa. Si bien ambos dirigentes pertenecen al mismo espacio político, la relación entre ellos se ha deteriorado en los últimos meses, y el escándalo de la VTV podría ser utilizado para debilitar aún más al líder del Frente Renovador.
Esta hipótesis se ve reforzada por las declaraciones de funcionarios del gobierno bonaerense, quienes aseguran que Kicillof no tiene intención de “entregar” a D’Onofrio a la justicia, a pesar de las evidencias en su contra. Mantener al ministro en su cargo, a pesar del costo político, podría ser una forma de presionar a Massa y debilitar su posición dentro del oficialismo.
Mientras tanto, la incertidumbre y la desconfianza se apoderan de la sociedad bonaerense, que observa con preocupación cómo los casos de corrupción se multiplican sin que haya consecuencias para los responsables. El escándalo de la VTV no solo pone en jaque la credibilidad del gobierno de Kicillof, sino que también profundiza la crisis de representación política que atraviesa el país.
La VTV: un servicio público bajo sospecha
El sistema de Verificación Técnica Vehicular, que en teoría debería garantizar la seguridad vial en la provincia, se ha convertido en un foco de corrupción y negociados. El aumento desproporcionado de las tarifas, sumado a las denuncias de irregularidades en la adjudicación de contratos, genera indignación entre los automovilistas, quienes se ven obligados a pagar un alto precio por un servicio que podría estar siendo utilizado para fines ilícitos.
La falta de transparencia en la gestión de la VTV y el presunto desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas con el poder político ponen en evidencia la necesidad de una reforma profunda del sistema. Es fundamental que las autoridades implementen mecanismos de control más rigurosos para evitar que la VTV se convierta en una caja negra que beneficie a unos pocos en detrimento de la seguridad vial y el bienestar de la población.
El caso de la VTV es un ejemplo más de cómo la corrupción corroe las instituciones y socava la confianza en la clase política. La justicia tiene la responsabilidad de investigar a fondo las denuncias y sancionar a los responsables, pero también es necesario que la sociedad se involucre en la lucha contra la corrupción, exigiendo transparencia y rendición de cuentas a sus gobernantes.
