La cerealera Vicentin, gigante agroindustrial que llegó a controlar el 8% del mercado de granos de Argentina, se enfrenta a una tormenta judicial y financiera sin precedentes. Con una deuda que supera los 12.500 millones de pesos y un pasivo total que asciende a 30.000 millones, la empresa está al borde del abismo. La reciente intervención judicial, con el desplazamiento de su directorio, marca un punto de inflexión en un caso que tiene en vilo al sector agropecuario y financiero. ¿Qué llevó a esta crisis? ¿Cuáles son las consecuencias para los trabajadores y la economía regional? ¿Existe alguna esperanza de salvación para Vicentin?
Vicentin al borde del abismo: Justicia toma el control
“La situación es crítica. Estamos ante un escenario de parálisis societaria que pone en riesgo la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo”, declaró el juez Fabián Lorenzini al ordenar la intervención del directorio.
Intervención judicial: Un cambio de mando forzado
La decisión judicial, que implica el cese de funciones de Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Fernando Estanislao Bougain, busca garantizar la transparencia y la correcta administración de la empresa durante el proceso concursal. En su lugar, asumirán el contador Andrés Shocrón y el abogado Guillermo Nudemberg, quienes actuarán como interventores durante un plazo de 120 días hábiles.
La intervención se justifica, según el juez Lorenzini, por la inacción del directorio ante la creciente crisis, el aumento de la deuda posconcursal, la paralización de las plantas y la falta de mantenimiento, factores que han incrementado el riesgo de quiebra y sus graves consecuencias sociales.
Tutela inhibitoria: Un salvavidas para evitar el cierre
En un intento por evitar el colapso total de la empresa, el juez Lorenzini también ordenó una tutela inhibitoria que impide a proveedores públicos y privados cortar servicios esenciales como electricidad, gas y seguridad. Esta medida cautelar busca garantizar que Vicentin pueda seguir operando mientras se resuelve su situación financiera y se implementan las medidas necesarias para su recuperación.
Radiografía de la crisis: Deuda millonaria y gestión cuestionada
El principal detonante de la intervención judicial fue el crecimiento exponencial de la deuda posconcursal, que supera los 12.500 millones de pesos exigibles de inmediato, sumados a pasivos superiores a los 30.000 millones a mediano plazo. Esta abultada deuda, combinada con la falta de contratos que aseguren actividad, la paralización de plantas y el riesgo de incendios por falta de mantenimiento, creó un escenario insostenible.
El juez Lorenzini fue especialmente crítico con la gestión del directorio, señalando la falta de paradas técnicas necesarias en las plantas, la ausencia de contrataciones de terceros y el cierre de instalaciones sin prever alternativas. Además, cuestionó la falta de convocatoria a una Asamblea Extraordinaria para abordar la situación y la ausencia de gestiones con terceros para buscar soluciones.
“El directorio ha naturalizado un escenario de parálisis societaria, lo que hace necesaria una intervención para proteger los derechos de los acreedores y preservar la continuidad operativa y laboral de la empresa”, sentenció el juez Lorenzini.
A pesar de la inacción del directorio, el juez destacó las propuestas presentadas por terceros, como la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias SA, que ofrecieron contratos de fasón, mercadería e inversiones para reactivar la actividad. Estas propuestas, ignoradas por el directorio, demuestran que existían alternativas para evitar la paralización de la empresa y proteger los puestos de trabajo.
Socios estratégicos: ¿Un alejamiento que agudizó la crisis?
Otro factor que contribuyó a la crisis fue el alejamiento de los socios estratégicos de Vicentin, Bunge-Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas, quienes dejaron de ingresar semillas de su propiedad para ser procesadas en las plantas de industrialización de la concursada. Esta decisión, sumada a la falta de alternativas de operación con otros actores, evidenció la falta de previsión de Vicentin y su incapacidad para adaptarse a los cambios del mercado.
Además, se reveló que estos socios ya habían realizado “adelantos de fasón” a cuenta de las operaciones industriales, lo que agravó el escenario financiero ante una posible ruptura definitiva de los acuerdos. Esta situación pone de manifiesto la fragilidad de la estructura financiera de la empresa y la falta de planificación para enfrentar los riesgos del negocio.
Un futuro incierto: ¿Qué esperar de la intervención judicial?
La intervención judicial abre un nuevo capítulo en la historia de Vicentin, un caso que ha generado controversia y preocupación en el sector agropecuario y financiero. Los interventores designados por el juez Lorenzini enfrentan el desafío de revertir la crisis, proteger los derechos de los acreedores y preservar la continuidad operativa y laboral de la compañía.
El futuro de Vicentin es incierto, pero la intervención judicial es un paso necesario para intentar evitar la quiebra y buscar alternativas para su recuperación. Los próximos meses serán cruciales para determinar si la empresa puede salir adelante y volver a ser un actor importante en el sector agroindustrial argentino.
La situación de Vicentin refleja los desafíos que enfrenta el sector agropecuario argentino en un contexto de crisis económica y alta volatilidad. La falta de gestión, la abultada deuda y la falta de adaptación a los cambios del mercado pueden llevar a empresas importantes a situaciones críticas que ponen en riesgo su viabilidad y generan incertidumbre en toda la cadena agroindustrial.
Alternativas para la recuperación: ¿Existe una luz al final del túnel?
Para que Vicentin pueda salir adelante, será necesario implementar medidas urgentes para reducir la deuda, reestructurar la empresa y buscar nuevos socios estratégicos que aporten capital y experiencia. Además, será fundamental mejorar la gestión y la planificación para evitar repetir los errores del pasado y adaptarse a los cambios del mercado.
La intervención judicial es una oportunidad para poner en marcha un plan de recuperación que permita a Vicentin volver a ser una empresa competitiva y sostenible en el tiempo. Sin embargo, el éxito de este plan dependerá del compromiso de todos los actores involucrados, incluyendo los acreedores, los trabajadores, los proveedores y el gobierno.
Más allá de lo económico: El impacto social de la crisis
La crisis de Vicentin tiene un impacto social y económico importante en la región donde opera, generando incertidumbre entre los trabajadores, los productores agropecuarios y los proveedores de la empresa. La pérdida de puestos de trabajo y la falta de pago a los proveedores pueden tener consecuencias devastadoras en la economía local y regional.
Es fundamental tomar medidas para proteger a los trabajadores y a los proveedores de Vicentin, garantizando el pago de sus salarios y deudas. Además, es necesario buscar alternativas para reactivar la economía local y regional, promoviendo la diversificación productiva y el desarrollo de nuevas actividades económicas.
La crisis de Vicentin también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el control y la supervisión de las empresas agroindustriales, evitando prácticas financieras riesgosas y garantizando la transparencia en la gestión. Además, es fundamental promover la responsabilidad social empresarial, fomentando el respeto por los derechos laborales, el cuidado del medio ambiente y el compromiso con el desarrollo local y regional.
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