Uruguay enfrenta un panorama complejo tras el balotaje presidencial. Más allá del debate político, el nuevo gobierno heredará desafíos económicos y sociales urgentes que requieren soluciones innovadoras y consensuadas. Tres problemáticas sobresalen: el rápido envejecimiento de la población, un costo de vida extremadamente elevado y un preocupante aumento de la inseguridad.
Un país que envejece
El envejecimiento de la población uruguaya es una realidad innegable. La tasa de natalidad es significativamente inferior a la tasa de mortalidad, generando una pirámide poblacional invertida. El Censo 2023 reveló un déficit de 7.000 nacimientos respecto a 2015, llevando a 32.000 nacimientos frente a 39.000 muertes. Esta tendencia, que se proyecta en el mediano plazo, podría incluso obligar a la reestructuración del sistema educativo, con el posible cierre de escuelas, según declaró Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadísticas. La tasa de fertilidad de 1,3 hijos por mujer dista mucho de los 2,1 necesarios para mantener una población estable.
La situación demográfica presiona el sistema de pensiones. El Gobierno de Lacalle Pou implementó una reforma jubilatoria elevando la edad de retiro, de 60 a 65 años. No obstante, el déficit previsional persiste, aunque reducido, representando un reto económico para los próximos gobiernos.
El alto costo de la vida
Uruguay se enfrenta a un alto costo de vida, reconocido incluso como superior al de varias naciones europeas. Esta realidad genera una gran preocupación, especialmente considerando que el salario, aunque el más alto en dólares de Latinoamérica, no alcanza para contrarrestar el impacto inflacionario y el elevado precio de bienes y servicios. De acuerdo a publicaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Uruguay presenta el costo de vida más elevado en Sudamérica.
Los precios de productos básicos como la pasta dental o los desodorantes superan en hasta seis veces a los de países vecinos. La depreciación del real brasileño exacerba el problema, dificultando el acceso de la población a bienes esenciales. La economía, con un crecimiento promedio del 1% en la última década (bajo gobiernos de ambos partidos en el balotaje), no ofrece una perspectiva prometedora a corto plazo, con economistas alertando sobre un posible atraso cambiario y un debate sobre devaluación.
Si bien el sector agropecuario presiona por una devaluación para mejorar la competitividad en las exportaciones, los economistas advierten sobre el riesgo de disparar la inflación, que ha disminuido recientemente al 5%. El tipo de cambio actual (41,5 pesos uruguayos por dólar) es considerado por muchos en el sector como artificialmente bajo, con algunas voces reclamando un dólar de hasta $54.
Analistas económicos como Germán Deagosto, de la Universidad Católica del Uruguay, señalan la tensión generada por el comportamiento del tipo de cambio durante los últimos años, movimiento a contrapelo del mercado internacional que exacerbó los reclamos del sector exportador al Banco Central.
La sombra de la inseguridad
La inseguridad es otra de las problemáticas que preocupa a los uruguayos. Con 382 homicidios en 2023 (una tasa de 11,2 por cada 100.000 habitantes), el país supera ampliamente a otros en la región, incluso a Chile. La concentración de crímenes en Montevideo (55% de los homicidios) y la prevalencia de víctimas entre 18 y 37 años apuntan a un problema que requiere medidas urgentes.
Si bien el narcotráfico se señala como un factor clave en la problemática, el aumento de homicidios desde 2012 exige una respuesta integral que incluya políticas preventivas, inversión en seguridad ciudadana y trabajo conjunto entre la sociedad civil y las instituciones.
En conclusión, el nuevo gobierno uruguayo se enfrenta a un cúmulo de desafíos apremiantes. El abordaje requiere un plan integral que se ocupe simultáneamente del envejecimiento poblacional, el alto costo de vida y el aumento de la inseguridad. Es crucial un diálogo interdisciplinario que incluya expertos, la sociedad civil y los diferentes sectores políticos para buscar soluciones sustentables en beneficio del país.
