El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, permanecerá detenido. La jueza de garantías, Carola Bacaluzzo, rechazó el hábeas corpus presentado por su defensa, manteniendo la prisión preventiva impuesta por la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos.
Rechazo del Hábeas Corpus
La jueza Bacaluzzo fundamentó su decisión en que el habeas corpus no es la vía procesal adecuada para solicitar la liberación de Urribarri en este caso. La magistrada aclaró que existen otros recursos legales disponibles para la defensa del exgobernador, como la apelación ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En sus palabras, el habeas corpus no puede sustituir la decisión de los jueces naturales del proceso.
La defensa de Urribarri alegaba la ilegalidad de la detención. Sin embargo, la jueza consideró que no existía un ataque ilegal a la libertad del exgobernador que justificara la procedencia de un habeas corpus. Por lo tanto, rechazó la acción y mantuvo la prisión preventiva.
Contexto de la Detención
La detención de Urribarri se produjo el martes tras la orden de la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, que anuló un fallo anterior que imponía medidas restrictivas menos severas. Este fallo se basó principalmente en el riesgo de fuga y en la dilución del proceso debido a maniobras legales de la defensa, argumentando la necesidad de acelerar el proceso para evitar obstaculizar la lucha contra la corrupción.
La condena a Urribarri, dictada en 2022, asciende a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia aún no es firme y se encuentran pendientes diversas apelaciones. No obstante, la Cámara de Casación determinó que la prisión preventiva es necesaria para evitar posibles maniobras de evasión debido a la gravedad de la acusación y los recursos disponibles para Urribarri.
Los Delitos Imputados y la Investigación
Sergio Urribarri fue gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015, desempeñándose posteriormente como embajador argentino en Israel. La investigación en su contra se centra en delitos de “peculado” y “negociaciones incompatibles” con la función pública, cometidos durante su gestión como gobernador. Se lo acusa de utilizar ilegalmente fondos públicos para financiar sus campañas electorales, incluyendo la contratación de empresas para publicidad, instalación de infraestructura turística y promoción de eventos oficiales.
El juicio, iniciado en septiembre de 2021, incluyó a 13 imputados, de los cuales cinco fueron absueltos. El tribunal condenatorio determinó que los fondos públicos provinciales se usaron en beneficio personal del exgobernador y su entorno, con el fin de promover su imagen como candidato a presidente en 2015. Este desvío de fondos involucró contratos para publicaciones en diarios, revistas y medios digitales, para publicidad callejera, e incluso para la construcción de infraestructura con fines personales, como un parador playero.
Implicaciones y Próximos Pasos
El rechazo del hábeas corpus no pone fin al proceso judicial. La defensa de Urribarri aún puede interponer recursos ante instancias superiores. El fallo destaca la importancia de la celeridad en la administración de justicia en casos de corrupción. Además, el caso resalta el compromiso internacional de la Argentina para abordar este tipo de delitos y la importancia de implementar políticas que aseguren una lucha efectiva contra la corrupción.
La decisión de la jueza Bacaluzzo ha generado diversas reacciones. La sociedad entrerriana y la opinión pública nacional siguen con atención el desarrollo de este caso, marcando un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en la administración pública para prevenir hechos de corrupción similares en el futuro.
Mientras la situación legal de Urribarri se define, la prisión preventiva se mantendrá en vigor. Queda por ver cómo evolucionará el proceso judicial y si la condena será confirmada o revocada por instancias superiores. El caso Urribarri representa un precedente importante en la lucha contra la corrupción en la Argentina y servirá para analizar las estrategias y herramientas legales utilizadas en la investigación y el proceso judicial.
