El primer año de Javier Milei en la presidencia de Argentina ha estado marcado por un profundo deterioro de la libertad de expresión. Un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) revela un panorama alarmante: ciberpatrullaje, represión en las calles, agresiones a periodistas, vaciamiento de medios públicos y un Estado que ha abandonado su rol como garante de derechos.
Un sistema infocomunicacional cada vez más desigual
El informe describe cómo la llegada de Milei al poder ha profundizado las regresiones en el sistema infocomunicacional argentino, volviéndolo aún más desigual. Las políticas implementadas por el gobierno, sumadas a las intervenciones públicas del presidente, han creado un clima de hostilidad hacia la prensa crítica y han limitado el acceso a la información pública.
Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, señala que “por primera vez en mucho tiempo, nos encontramos con un aparato estatal orientado a acallar las voces críticas de maneras muy concretas, mediante la represión, el hostigamiento y el ahogo económico”. Este señalamiento es contundente y describe la gravedad de la situación actual, donde el Estado, en lugar de garantizar el derecho a la información, se ha convertido en un agente activo en la supresión de la libertad de expresión.
El desmantelamiento de los medios públicos y la censura
El gobierno de Milei ha llevado a cabo un sistemático desguace de los medios públicos, con el intento de cierre de la agencia de noticias Télam como el caso más emblemático. Esta acción, de concretarse, representaría un golpe devastador a la pluralidad de voces y al acceso a la información independiente. Además, se han registrado intervenciones en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Defensoría del Público, organismos clave para la regulación y protección del derecho a la comunicación.
A esto se suma la suspensión de la publicidad oficial, una medida que afecta gravemente la viabilidad económica de muchos medios de comunicación, especialmente aquellos que no responden a los intereses del gobierno. El ahogo financiero se convierte así en una herramienta de censura indirecta, que busca silenciar a las voces críticas mediante la asfixia económica. La falta de recursos impacta directamente en la capacidad de los medios para operar, investigar y difundir información.
Agresiones, hostigamiento y ciberpatrullaje
El informe documenta numerosos casos de agresiones y hostigamiento a periodistas por parte del presidente Milei, funcionarios y “patotas digitales”. Las redes sociales, especialmente X (Twitter), se han convertido en un campo de batalla donde el oficialismo despliega campañas de desprestigio y difunde información falsa para desacreditar a la prensa crítica. Periodistas como Silvia Mercado, Darío Villarruel, Alejandro Bercovich y Jorge Lanata, entre otros, han sido blanco de ataques sistemáticos. Estos ataques no son hechos aislados, sino que responden a una estrategia coordinada para silenciar a quienes cuestionan al poder.
El ciberacoso y la tecnocensura contra periodistas mujeres son especialmente preocupantes. El doxeo, la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona, se ha convertido en una práctica habitual. Esta forma de violencia digital busca no solo silenciar a las periodistas, sino también generar un efecto aleccionador para disuadir a otras mujeres de ejercer su derecho a la libertad de expresión.
El informe de Periodistas Argentinas revela que el 80% de las trabajadoras de prensa censadas se siente inhibida de expresarse en redes sociales y ha temido por su integridad física. Estas cifras alarmantes demuestran el impacto real de la violencia digital en la vida de las periodistas y en el ejercicio de su profesión. El miedo a las represalias y la autocensura se convierten en obstáculos para la libre circulación de información.
El impacto en el debate público
El efecto silenciador de estas prácticas tiene consecuencias devastadoras para el debate público. La ciudadanía se ve privada de información plural y diversa, lo que dificulta la formación de opiniones críticas y la participación informada en la toma de decisiones. El debilitamiento del periodismo independiente y la censura a las voces disidentes erosionan los fundamentos de la democracia.
De Charras advierte que “el registro de lo ocurrido cobra un valor fundamental de cara al futuro, tanto para establecer las responsabilidades correspondientes por parte de actores estatales y paraestatales como para intentar poner un freno a esas violaciones de derechos”. La documentación de estos hechos es crucial para exigir rendición de cuentas y para la construcción de una sociedad más justa y democrática.
El primer año de gobierno de Milei ha confirmado los peores temores en materia de libertad de expresión. La situación exige una respuesta contundente por parte de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y todos aquellos que defienden el derecho a la información y la democracia. El silencio cómplice solo profundizará el asedio a la libertad de expresión y el deterioro de las instituciones.
