Un nuevo informe del IERAL de la Fundación Mediterránea sobre transparencia en los municipios argentinos ha arrojado resultados alarmantes: apenas un 27% de los 82 municipios analizados cumplen con los estándares mínimos de acceso a la información pública. Este dato, que contrasta con la creciente digitalización de la gestión pública, revela una preocupante opacidad en la administración de los recursos y la toma de decisiones a nivel local.
El estudio, realizado por Marcelo Capello, Vanessa Toselli y Paula González, utiliza 52 indicadores agrupados en ocho ejes para evaluar la calidad, disponibilidad y accesibilidad de la información en los sitios web municipales. Estos ejes abarcan áreas clave como presupuesto, autoridades, compras y contrataciones, licitaciones y participación ciudadana, proporcionando una visión integral del nivel de transparencia de cada municipio.
Córdoba: entre la luz y la sombra
La Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking de transparencia, mientras que Chilecito, en La Rioja, ocupa el último lugar. En la provincia de Córdoba, la capital se ubica en la sexta posición, seguida por Río Cuarto en el puesto 18 y Villa María en el 41. Si bien Córdoba se posiciona como la tercera provincia más transparente del país, detrás de Santa Fe y Entre Ríos, la disparidad entre sus municipios evidencia la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la transparencia a nivel local.
Según Vanessa Toselli, coautora del informe, “los resultados son bastante desalentadores”. La especialista destaca que, si bien la pandemia impulsó la digitalización de algunos servicios, estas mejoras no se han sostenido en el tiempo, lo que sugiere una falta de compromiso real con la transparencia por parte de muchas administraciones municipales.
La importancia del acceso a la información pública
El acceso a la información pública es un pilar fundamental de la democracia y la rendición de cuentas. Permite a los ciudadanos conocer cómo se gestionan los recursos públicos, fiscalizar la actuación de los funcionarios y participar en la toma de decisiones que afectan a sus comunidades. La opacidad, por el contrario, genera desconfianza, corrupción e ineficiencia.
En un contexto de crisis económica y social como el que atraviesa Argentina, la transparencia en la gestión pública se vuelve aún más crucial. Los ciudadanos necesitan saber cómo se utilizan los fondos públicos, si las obras se ejecutan de manera eficiente y si las políticas implementadas responden a las necesidades de la población. Sin información clara y accesible, es imposible ejercer un control ciudadano efectivo y exigir responsabilidades a los gobernantes.
Disparidades regionales y desafíos pendientes
El informe del IERAL revela profundas disparidades regionales en materia de transparencia. Mientras algunas provincias muestran avances significativos, otras se encuentran rezagadas, lo que evidencia la necesidad de implementar estrategias diferenciadas que se adapten a las realidades locales. Además de la falta de compromiso político, existen otros obstáculos que dificultan el acceso a la información pública, como la falta de recursos tecnológicos, la capacitación insuficiente del personal y la ausencia de una cultura de la transparencia en la gestión pública.
Para revertir esta situación, es fundamental promover la formación de funcionarios en materia de transparencia, fortalecer las instituciones de control y garantizar el acceso a la tecnología necesaria para la publicación de datos en formatos abiertos y accesibles. Asimismo, es crucial fomentar la participación ciudadana en el control de la gestión pública, creando espacios de diálogo y colaboración entre el gobierno y la sociedad civil. La transparencia no es solo una obligación legal, sino también un compromiso ético que debe guiar la actuación de todos los funcionarios públicos.
