¿Te has encontrado alguna vez frente a una góndola, intentando descifrar el precio real de un producto entre un mar de números e impuestos? A partir de abril, los comercios en Argentina están obligados a detallar los impuestos en los precios. Pero, ¿esta medida de transparencia fiscal es realmente útil para el consumidor, o es solo una cortina de humo?
Argumentos en contra de la medida: ¿Más confusión que claridad?
- **Sobrecarga de información:** Mostrar el precio con y sin impuestos puede abrumar al consumidor.
- **Complejidad:** La discriminación de impuestos añade un nivel más de información que puede confundir, especialmente en un contexto de inflación.
- **Costos adicionales:** La implementación implica una logística compleja y costos extras para los comercios.
Desde el sector de los supermercados ya han expresado sus objeciones. Argumentan que, así como se busca simplificar la letra chica en las publicidades, esta discriminación de impuestos añade un nivel más de información que puede confundir al consumidor. En un contexto de inflación y remarcaciones constantes, la adaptación a este nuevo sistema podría resultar caótica y generar aún más incertidumbre.
Imaginen una góndola con el doble de información que antes, con etiquetas que se multiplican en las balanzas de verduras y frutas. ¿El consumidor promedio realmente se detendrá a analizar esa información, o simplemente se sentirá abrumado y tomará decisiones basadas en la primera impresión?
Un pequeño comerciante de barrio, por ejemplo, podría verse en aprietos para adaptar su sistema de etiquetado a esta nueva normativa, generando costos adicionales que podrían repercutir en el precio final.
El fracaso de la adhesión provincial: ¿Autonomía fiscal o falta de voluntad política?
La idea original era que las provincias también adhirieran y detallaran los impuestos provinciales y municipales en los tickets. Sin embargo, la adhesión ha sido mínima. Apenas cinco provincias, gobernadas por mandatarios alineados con el gobierno nacional, se comprometieron a hacerlo, pero aún no han enviado los proyectos a sus legislaturas. Las otras 19, simplemente, se mantuvieron en silencio.
Esta falta de adhesión refleja el federalismo argentino, donde las provincias defienden su autonomía fiscal. Pero también muestra la poca voluntad política de transparentar la carga impositiva que pesa sobre los ciudadanos. ¿Quién quiere mostrarle al contribuyente cuánto se lleva cada nivel de gobierno?
La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, solo muestra la tasa del 0,39% que cobra el municipio de Tres de Febrero en algunas cadenas de supermercados. Una iniciativa que, aunque valiosa, es apenas una gota en el océano. Para que se adopte de forma general, necesita ser aprobada por ley provincial, algo que parece lejano.
“Las provincias están obligadas a adherir por el artículo 42 de la Constitución, que exige darle al consumidor información adecuada y veraz. No adherirse a un régimen que le dice la verdad al contribuyente es inaceptable”
Estas palabras de Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica (impulsora de la ley), son contundentes. Sin embargo, la realidad es que las provincias parecen decididas a mirar para otro lado. Y mientras tanto, el consumidor sigue pagando impuestos sin saber exactamente cuánto paga ni a quién.
¿Transparencia real o cortina de humo para la inflación?
En un país con una inflación galopante y una presión fiscal asfixiante, la transparencia fiscal debería ser una herramienta para empoderar al ciudadano, para que pueda exigir cuentas a sus gobernantes y reclamar una gestión más eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, si se implementa de forma parcial, confusa y sin el compromiso de todos los niveles de gobierno, corre el riesgo de convertirse en un simple ejercicio de propaganda que no cambia nada en la vida real.
Es fundamental que el gobierno nacional y las provincias trabajen en conjunto para garantizar que la información sea clara, accesible y útil para el consumidor. Es necesario simplificar la carga impositiva, eliminar impuestos distorsivos y promover un debate serio sobre cómo mejorar la eficiencia del gasto público. De lo contrario, la transparencia fiscal será solo una anécdota en la larga historia de promesas incumplidas de la política argentina.
Como siempre, el objetivo debe ser el ciudadano. El Gobierno Nacional y las provincias tienen que comprometerse con una gestión pública transparente y eficiente. Esto implica mostrar claramente el destino de los impuestos recaudados y garantizar que se utilicen de manera responsable y en beneficio de la comunidad. En este camino, la transparencia fiscal se transforma en una herramienta poderosa para fortalecer la confianza en las instituciones y promover una ciudadanía más activa y participativa.
¿Qué opinas de esta medida? Te invitamos a dejar tus comentarios y a contactar a tus representantes políticos para exigir mayor transparencia fiscal. ¡Tu opinión cuenta!
