**Ensenada, Buenos Aires** – Tres agentes de la Policía Bonaerense enfrentan cargos gravísimos tras una investigación que revela un accionar policial brutal y sistemático. Tortura y falsedad ideológica son las acusaciones que pesan sobre estos funcionarios, quienes actuaron durante un motín ocurrido en octubre de 2024 en la comisaría 2ª de Punta Lara. ¿Es este un caso aislado o la punta del iceberg de una práctica aberrante y extendida en las fuerzas de seguridad?
Comisaría del horror: detalles de los arrestos
La subcomisaria Adriana Cecilia Ponce, titular de la dependencia, y el sargento Leandro Ignacio Altamiranda, responsable de la custodia de los calabozos, fueron detenidos por orden del Juzgado de Garantías Nº 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi. La detención, realizada por personal de Asuntos Internos, tuvo lugar en la misma comisaría que fue escenario de los actos de tortura.
El subcomisario Ángel Daniel Barrientos, el tercer implicado, ya se encontraba en prisión cumpliendo una condena por hechos similares ocurridos en la comisaría 4ª de Berisso. Este escalofriante antecedente revela la persistencia de la violencia institucional dentro de la fuerza policial.
La denuncia que encendió la mecha: Comisión Provincial por la Memoria
La investigación se inició tras una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. La CPM intervino tras la brutal represión del motín en la madrugada del 21 de octubre de 2024.
La CPM reconstruyó los hechos y determinó que entre 30 y 40 agentes de la Policía Bonaerense irrumpieron violentamente en los calabozos. El fiscal Gonzalo Petit Bosnic calificó las maniobras como “excesivas y desproporcionadas”. La CPM denunció que estas acciones no solo violaron los derechos humanos, sino que también minaron la confianza en las instituciones.
Infierno en la 2ª de Ensenada: el dantesco relato de las torturas
¿Qué ocurrió realmente tras las rejas? El expediente judicial describe un panorama escalofriante. La represión se desató tras una protesta de los detenidos por las inhumanas condiciones de detención. La respuesta de los policías fue salvaje: escopetas con postas de goma, gases lacrimógenos, agua mezclada con gas pimienta… La oscuridad, provocada por el corte de luz en el sector de calabozos, fue la cómplice perfecta de la barbarie.
Pero lo peor estaba por venir. Los detenidos, ya reducidos, fueron obligados a trasladarse a la celda de contraventores a través de un “puente chino”: un pasillo de policías que los golpeaban brutalmente con palos, tonfas y puños. Un método de tortura que revela la crueldad y el sadismo de los agentes.
La tortura no terminó con los golpes. Los detenidos fueron desnudados, atados con precintos, obligados a acostarse boca abajo y apilados unos sobre otros. En esa posición de indefensión, los policías continuaron golpeándolos, amenazándolos de muerte y sometiéndolos a agresiones sexuales. La investigación indica que los policías llegaron a frotar sus tonfas en las partes íntimas de los internos, simularon penetraciones y los obligaron a realizar actos de humillación sexual. Actos que configuran crímenes de lesa humanidad.
Según fuentes anónimas dentro de la comisaría, ‘era una práctica habitual, una forma de ‘disciplinar’ a los revoltosos’. ¿Cuántas veces se repitió esta escena de horror? ¿Cuántas víctimas callaron por miedo a represalias?
Encubrimiento y falsedad ideológica: la impunidad como norma
Los tres policías no solo están acusados de tortura, sino también de falsedad ideológica. Intentaron justificar la represión falsificando el acta oficial del procedimiento. En el documento, los imputados afirmaron que los detenidos intentaron fugarse, que estaban armados y que iniciaron una pelea. El fiscal desmintió estas afirmaciones gracias a informes médicos, testimonios de las víctimas y la intervención de organismos de derechos humanos. Este intento de encubrimiento revela la impunidad con la que operaban los agentes.
“Estos hechos no son un caso aislado, sino parte de una práctica sistemática de tortura en lugares de encierro”, denuncia la CPM.
La CPM denuncia: “No es un hecho aislado, es una práctica sistemática”
La Comisión Provincial por la Memoria insiste: lo ocurrido en la comisaría 2ª no es un caso aislado, sino parte de una “práctica sistemática de tortura en lugares de encierro” en la provincia de Buenos Aires. La CPM ya había documentado hechos similares en la misma dependencia policial desde 2019, lo que demuestra la persistencia de la violencia institucional y la falta de medidas preventivas.
La CPM recuerda otros casos alarmantes, como el de la comisaría 3ª de La Tablada (torturas entre 2019 y 2020, con 14 policías condenados) y el de la comisaría de Domselaar (hechos entre 2015 y 2016, juicio postergado). Un panorama desolador que exige una respuesta urgente de las autoridades.
El caso de Ángel Daniel Barrientos, uno de los subcomisarios detenidos, es paradigmático. En diciembre de 2024, ya había sido condenado a cinco años y seis meses de prisión por severidades, vejaciones y falsedad ideológica, en relación con una represión durante una requisa en la comisaría de Berisso en 2018. Su reincidencia es una prueba irrefutable de la necesidad de depurar las fuerzas de seguridad.
¿Qué podemos hacer ante esta brutalidad?
La detención de los tres policías es un avance, pero no es suficiente. Es fundamental profundizar la investigación para identificar a todos los responsables y aplicarles las sanciones correspondientes. Además, es imprescindible implementar políticas públicas efectivas para prevenir la violencia institucional, proteger los derechos de los detenidos y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las fuerzas de seguridad.
- Informarse sobre el tema: acceder a los informes de la CPM, noticias relacionadas y organizaciones de derechos humanos.
- Denunciar casos de violencia policial y exigir justicia para las víctimas.
- Apoyar la lucha contra la impunidad: firmar peticiones, participar en manifestaciones, etc.
Como sociedad, no podemos ser cómplices con nuestro silencio. Debemos exigir justicia, apoyar a las víctimas y construir un país donde la dignidad humana sea respetada en todos los ámbitos. La impunidad no puede ser una opción. La memoria y la verdad son las herramientas para construir un futuro sin horror.
